Pensiones, una reforma pendiente

[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_fofm75jm” responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] Millones de mexicanos están condenados a vivir una vejez en la pobreza. La causa será el sistema de pensiones que podría ser insostenible en los próximos 20 años porque el dinero no alcanzaría para financiar el retiro de los trabajadores.

El panorama es más sombrío debido al crecimiento demográfico de la población de adultos mayores, lo que convierte a la jubilación en una bomba de tiempo.

Una de las señales de alarma es el incremento en los recursos públicos destinados a cubrir los montos que los mexicanos recibirán al momento de concluir con su vida laboral.

Para Alejandra Macías, investigadora en pensiones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), con estas cifras el panorama futuro es deprimente, pues el gasto del Gobierno Federal en pensiones equivale a la recaudación que se realiza a través del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Esta situación ha ido empeorando en los últimos años a tal grado que el gasto en pensiones desplaza al que se realiza en salud, educación e infraestructura”, explica la especialista.

Macías destaca que uno de los objetivos de la reforma que se realizó hace 20 años fue transitar a un esquema en el que el gobierno debería recortar sus aportaciones, aunque sucede lo contrario debido al costo que representa la generación de transición entre el viejo esquema y el actual.

Antes de la reforma de julio de 1997, en México operaba un sistema de reparto que establecía que trabajadores en edad de jubilación registrados ante algún instituto de seguridad social recibían una pensión financiada de forma conjunta por todos los trabajadores en activo y el Estado. El dinero acumulado formaba parte de un fondo común para financiar a todos los retirados.

La nueva ley dio paso a la individualización de recursos o sistema de capitalización individual, desde entonces los trabajadores disponen de una cuenta individual propia, donde se depositan las aportaciones y rendimientos que son utilizados para financiar la pensión individual de cada trabajador.

Esta regulación fue aprobada hace más de 20 años y ha sido un éxito, ya que permitió aumentar la capacidad de la economía mexicana para financiar las pensiones de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Sin embargo, 20 años después, el país requiere mejoras a los sistemas de seguridad social que le permitan evitar el colapso de todo el sistema de pensiones, de acuerdo con el ‘Estudio Sobre el Sistema de Pensiones en México’ de la OCDE.

“Los rápidos y significativos cambios demográficos, el largo periodo de transición de las reformas pasadas y los numerosos esquemas que todavía no se han reformado pueden conducir a una fuerte presión fiscal durante un tiempo prolongado, lo cual requerirá de un gran esfuerzo financiero a partir de mediados de la década de 2030”, se lee en el documento.

El análisis del organismo internacional destaca la baja densidad de contribución que resulta de la informalidad como otro reto importante al que se enfrenta el sistema mexicano de pensiones, por lo que la reducción del tamaño del sector informal es un reto de políticas públicas de los gobiernos en el país.

Para la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la reforma al sistema de pensiones es un pendiente de esta administración. 

En días pasados, Carlos Ramírez, presidente del Organismo, reconoció que no pudo lograr los cambios, pero aseguró que se dejan cimientos para que el nuevo gobierno inicie con mejoras en las condiciones de retiro para los trabajadores del país al dar un empuje al ahorro voluntario, la reducción de las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y mejoras regulatorias que se reflejaron en ahorros para los obreros.

“Me declaro insatisfecho porque no fuimos capaces de hacer una reforma de pensiones de la envergadura que requiere este sistema, aunque no existe duda de la importancia de poder avanzar pronto en una. Hoy hay una plataforma para fortalecer el sistema de pensiones impensable hace seis años. Deseo que sobre esa base se puedan construir mejores cosas en los años por venir”, dijo el funcionario en su discurso durante la inauguración de la tercera ‘Convención Nacional de Afores’.

Por su parte, la administración presidencial que tomará el timón del país a partir del 1 de diciembre busca impulsar una iniciativa para evitar las pensiones bajas.

Carlos Urzúa, quien encabezará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, adelantó que la reforma se espera durante la segunda mitad del sexenio, con el objetivo de ser responsables frente a futuros gobiernos y próximas generaciones, sobre todo con los jóvenes que tendrán pensiones bajas si no aumentan los ahorros en su Afore.

“Creo que si no es en este sexenio, en el siguiente el país ya va a empezar a tener problemas en el caso de las pensiones”, dijo el futuro funcionario a finales del mes pasado.

La transformación que se necesita

Los problemas para llevar a cabo la reforma al sistema de pensiones se han convertido en una bola de nieve que sigue creciendo y que no se ha intentado detener durante las anteriores administraciones presidenciales.

El gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó una serie de reformas estructurales en diversos sectores, pero dejó de lado ésta que tiene que ver con el monto de las jubilaciones de los mexicanos.

La mala noticia es que la bola de nieve podría convertirse en una avalancha, pues desde 2012 los montos de las pensiones respecto al PIB del país no paran de crecer, actualmente equivale a más del 3 por ciento, cuando en 2012 el porcentaje era de 2.8, de acuerdo con cifras del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP).

El gobierno de López Obrador tendrá la oportunidad de tomar el balón que pronto estará en su cancha para realizar cambios en la forma en la que se reparten las jubilaciones en el país, pero es una reforma que debe ir más allá de elevar la edad de retiro de 65 a 68 años o de la implementación de una pensión universal. 

“Aumentar la edad de retiro no es suficiente, aunque es necesario, porque estamos viviendo más años y la edad de retiro se debe ir cambiando conforme la esperanza de vida, pero también se debe realizar un nuevo cálculo de la densidad de cotización, que ha cambiado con el mercado laboral”, comenta Alejandra Macías del CIEP.

Sin embargo, el desafío para la transformación de las jubilaciones debe comenzar por acotar las pensiones públicas que dan pie a la desigualdad, además de tener riesgos de sostenibilidad   por ser poco transparente.

El derecho al acceso a la seguridad social se ha establecido a través de las distintas Leyes que protegen a los trabajadores del Estado y empleados de organismos privados. Todas incluyen el pago de una pensión mínima garantizada. En tanto, las pensiones promedio y otras prestaciones adquiridas varían según los acuerdos de cada uno de los regímenes.

Ante este panorama, especialistas coinciden en que uno de los retos para el tabasqueño es cambiar el esquema de retiro público, que corresponde a trabajadores de dependencias federales, universidades públicas y empresas productivas del Estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Jorge Sánchez, director del programa de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), considera que el sistema de pensiones público debe imitar al de la iniciativa privada respecto a la creación de Afores y mantenerlo en un alto nivel de transparencia.

“El principal problema de las jubilaciones del sector público es que son un desorden, a veces no cuentan con un sistema de contabilidad y no existe información pública, transformarlo es el principal reto de la siguiente administración”, declara el director del centro de investigación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Sánchez Tello proyecta que el escenario ideal para el país es integrar los sistemas de jubilaciones, público y privado, en un esquema en el que los recursos sean administrados por los fondos para el retiro.

Al respecto, Misael Mora, digital manager de Rankia, añade que la administración Federal que iniciará el próximo 1 de diciembre deberá revisar los esquemas de contratación que se otorgan a los empleados del sector público para evitar que las prestaciones sean exageradas.

Los desafíos de la jubilación

Reformar el esquema para otorgar las pensiones públicas y privadas no será fácil. El Estado deberá enfrentar retos para aumentar el dinero que recibe cada trabajador al finalizar su vida laboral sin que la cifra dependa de las aportaciones federales.

Uno de los primeros desafíos para su modernización es elevar las contribuciones obligatorias al fondo de los trabajadores, coinciden organismos y expertos.

Para la OCDE las contribuciones al sistema para que los trabajadores se puedan jubilar dignamente son demasiado bajas para garantizar beneficios pensionarios que superen el 50 por ciento del salario que perciben quienes conforman la fuerza laboral.

En este sentido, Jorge Sánchez, del Fundef, advierte que incrementar la cifra en los niveles que aconseja la OCDE es una de las mejores opciones para elevar la tasa de retorno que se refiere al porcentaje de la pensión que recibe un empleado respecto al salario que percibía durante su vida laboral.

“Es importante aumentar la cuota de aportación obligatoria porque la actual permite a los empleados retirarse sólo con el 30 por ciento de su salario, por ejemplo, si una persona tiene un sueldo de 10 mil pesos mensuales, va a recibir tres mil pesos de pensión”, plantea.

El rendimiento de los fondos que administran las Afores es otro de los desafíos del sector de acuerdo con los especialistas.

Para lograr una reforma exitosa es necesario quitar algunos candados para permitir a las administradoras ampliar su acceso a diversos instrumentos de inversión para que puedan determinar cuál les ofrece las mejores comisiones, que se traducirán en mayores rendimientos para los recursos de los trabajadores.

Al respecto, Misael Mora, de Rankia, advierte que este sistema también debe someterse a un análisis, pues los recursos que las Afores obtienen de las inversiones de mayor riesgo lo destinan al pago de intereses de los empleados, pero sobre todo se gasta en promoción, mientras que las ganancias de inversiones que se realizan en instrumentos en donde el riesgo es menor es la que se canaliza a los rendimientos de los trabajadores.

“La administradora gana más dinero en la parte de riesgos mientras los trabajadores obtienen bajos rendimientos. Esta situación debe revisarse y analizarse en una próxima reforma”, puntualiza.

Otro de los muros a derribar es la falta de cultura del ahorro. Impulsar este hábito entre la población será clave en próximos años para que los empleados incrementen el monto que recibirán mes con mes una vez que llegue el momento en el que decidan dejar de trabajar.

Una solución ante la problemática es ofrecer a los empleados la posibilidad de realizar inversiones a través de la iniciativa privada para darles otras opciones además del ahorro, propone Mora. 

Por su parte, Alejandra Macías considera importante cambiar ‘el chip’ de la población para que borren la idea de que el gobierno debe otorgarles recursos para que vivan durante su vejez.

Sin embargo, advierte que este es un paso que debe ir acompañado de una reforma laboral, ya que en la actualidad es complicado que una persona que percibe un salario mínimo pueda destinar una parte al ahorro.

“Se requieren políticas públicas para establecer incentivos y que las personas ahorren en sus cuentas individuales para tener una mejor pensión, pues el esquema actual es para que los jóvenes tengan este hábito y comiencen a pensar en la vejez”.