[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_j0s3hyww” responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] Revisar de manera integral el sistema de pensiones en México será una necesidad impostergable para la siguiente administración, sin embargo, el tema ha estado ausente tanto en el discurso de los candidatos a la presidencia de la República como en las plataformas de los partidos políticos que los abanderan.
Las reformas en la materia, que supuestamente ayudarían a resolver el problema, no han sido suficientes.
Cada año se destina una mayor cantidad del presupuesto público para atender los compromisos adquiridos en relación a las pensiones en detrimento de rubros como salud, educación o infraestructura sin que con ello se garantice un retiro digno para el grueso de los trabajadores.
Para el Presupuesto de Egresos 2018 se contemplaron más de 793 mil millones de pesos para el pago de pensiones
Expertos coinciden en la imperiosa necesidad de una evaluación integral del sistema de pensiones, ya que el modelo actual es insostenible en el mediano y largo plazo.
“Lo que se tienen que tomar en serio tanto los candidatos como el gobierno es que este es un asunto que no se puede dejar pasar más tiempo y que quien gane el 1 de julio debe tomar medidas de inmediato”.
Lo que no es correcto es hacer como que no pasa nada, ya que ignorar el grave problema estructural que tenemos en los diferentes sistemas de pensiones del país sería una total irresponsabilidad”, advierte Miguel Alonso Raya, exdiputado federal.
Entre los problemas más visibles en la materia está la existencia de un elevado número de esquemas de pensiones, la desigualdad y la falta de transparencia.
Hay un gran número de factores que contribuyen en el naufragio del sistema de pensiones en México, uno de ellos es el bajo porcentaje de la tasa de cotización al IMSS o la cuota obligatoria que en el país apenas alcanza el 6.5 por ciento del salario del trabajador, muy por debajo de lo recomendado por los estándares internacionales (15 por ciento).
Las reformas al sistema de pensiones en el IMSS y el ISSSTE en los años 1997 y 2007 respectivamente, en donde se transitó del modelo solidario de repartos al de cuentas individuales, supuestamente ayudaría a resolver dos problemas: por un lado garantizarían que las personas tuvieran pensiones dignas y por el otro permitiría que el gobierno ahorrara recursos.
Hoy, ninguno de los dos objetivos se ha cumplido. La carga presupuestaria en materia de pensiones se hace más pesada cada año y las expectativas para que los trabajadores puedan aspirar a un retiro digno son cada vez más bajas.
Tan sólo para el Presupuesto de Egresos 2018 se contemplaron más de 793 mil millones de pesos para el pago de pensiones, una cantidad que representa el 15 por ciento de todo el gasto del gobierno federal. Y la tendencia indica que el gasto continuará incrementándose en los próximos años.
Un ejemplo de la dimensión de la carga presupuestaria que representan los compromisos en materia de pensiones, es que de los recursos aprobados para el Presupuesto de Egresos, sólo el 16 por ciento se considera libre de disposición, el 84 por ciento restante son gastos obligatorios, por lo que el margen de maniobra es muy reducido.
El gasto del gobierno en materia de pensiones es superior a lo que se invierte en materia de salud o en el rubro de educación
De continuar la tendencia, en unos años, el gobierno podría gastar más recursos en el pago de pensiones para los trabajadores jubilados que lo que destina al pago de los servidores públicos en activo.
“Hay una sensación de urgencia. Más vale que nos pongamos las pilas, que empecemos a replantear y a discutir todo esto, porque a la vuelta de la esquina vamos a tener muchos problemas y cuestionamientos y situaciones que ojalá en la medida de lo posible podamos evitar o al menos podamos paliar”, señala Héctor Villarreal Páez, Director General del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Pero no sólo es la carga presupuestaria lo que genera cuestionamientos respecto al actual sistema de pensiones.
Antes de la implementación de las reformas en la materia, un trabajador bajo el sistema del IMSS o el ISSSTE requería 500 semanas de cotización para recibir como pensión al menos el 40 por ciento de su último salario. Hoy, con el nuevo modelo de cuentas individuales se requieren al menos mil 250 semanas para recibir un máximo del 30 por ciento del último salario.
A esto se suma el problema de la informalidad. Millones de personas en este sector (la mayoría de la población económicamente activa según datos oficiales) que no cotizan en ningún esquema de seguridad social y por lo tanto no aspiran a contar con una pensión en su vejez.
La desigualdad y los múltiples esquemas de pensión existentes en el país son otro factor agravante. Según cálculos del CIEP, la mayor diferencia entre lo asignado por pensionado, por institución, se encuentra entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y Luz y Fuerza del Centro (LFC), quienes reciben en promedio, 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que un pensionado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), respectivamente.
Además, actualmente existen más mil sistemas distintos, modelos o esquemas de pensiones, cada una de ellas con sus propias tasas de cotización, incentivos, condiciones o beneficios para sus trabajadores.
Como posibles soluciones se han planteado diversos escenarios, ninguno de los cuáles es popular y mucho menos en tiempos electorales, pero ante los signos evidentes de lo insostenible del modelo, la discusión será inminente.
Evaluación integral
Para Miguel Alonso Raya, exlegislador federal por el PRD y quien desde la Cámara de Diputados impulsó la necesidad de ajustar el actual esquema de pensiones, estamos ante un situación muy seria, aunque aún considera que hay tiempo de atenderlo antes de que se convierta en un problema de mayor gravedad.
Una de las iniciativas que impulsó cuando formó parte de la LXII legislatura y que hoy insiste en llevar a cabo es la conformación de una comisión de especialistas en el tema que evalúe a fondo y realice un diagnóstico muy claro de lo que está pasando con los sistemas de pensiones en todo el país.
“Que después del tiempo necesario entregue sus resultados al ejecutivo y al legislativo para que sobre esa base se tomen las determinaciones que se requieren en esa materia. Este grupo de especialistas que deberían seleccionarse muy bien y darles el tiempo que requerirían para trabajar para poder en corto tiempo recibir las experiencias que han vivido ya otros países”.
Además, el exdiputado insiste en la necesidad de crear un órgano autónomo que sea quien lleve a cabo el rediseño del sistema de pensiones y que se encargue de fiscalizarlo, y que en este ente se agrupen todos los esfuerzos dispersos que se llevan a cabo en la materia en diferentes dependencias.
Una de las iniciativas que se ha planteado es la creación de una comisión de especialistas capaz de evaluar a fondo el problema de las pensiones en el país para que entregue un diagnóstico claro de lo que está pasando y se puedan tomar decisiones
“No tienes en este momento una instancia que regule, tienes a un grupo de funcionarios que dedicas a eso en SHCP, una Subsecretaria en la Secretaria del Trabajo que aparentemente lo atiende, pero ni uno ni otro entra a ejecutar. En todo caso siguen concentrándose las problemáticas en el IMSS y el ISSSTE y no hay un esfuerzo coordinado y conjunto de estas instancias. Requieres un órgano regulador más fuerte, independiente, autónomo”.
De igual forma, Miguel Alonso Raya asegura que la desigualdad en materia de pensiones es una de las problemáticas que no se han podido erradicar aún con la implementación de las reformas.
Muestra de ello es que continúan existiendo sectores privilegiados en el sector pú- blico que cobran y que reciben pensiones fuera de proporción, como por ejemplo el Poder Judicial, la banca de desarrollo o empresas del Estado como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que se benefician de esquemas como la creación de fideicomisos o de doble jubilación que terminan costándole más al erario público y que abren la brecha de desigualdad con otros trabajadores.
“Se han diseñado fideicomisos como los del Poder Judicial y otros que deben ser intervenidos y transparentados, para qué sirve cada uno y qué es lo que contiene cada uno. Está también por separado el asunto de Pemex, el asunto de CFE y de LyFC en donde además hay doble pensión, lo que aportabas al Seguro Social y lo que tenías por parte del contrato colectivo como tienen todavía algunas universidades”.
La otra opción es armar una comisión que le entre a revisar de fondo y que pongamos un piso parejo corrigiendo las cosas para evitar que tengas unas pensiones de privilegios para unos cuantos y pensiones de miseria para otros o que ni siquiera alcance para pensiones de algunos de los trabajadores”.
Sentido de urgencia
Héctor Villarreal, Director General del CIEP, afirma que aunque la problemática por el oneroso sistema de pensiones no podría por sí misma llevar a una crisis macroeconómica o a un problema de pagos, sí podría tener consecuencias negativas en el mediano y largo plazo, desde bajo crecimiento hasta mala atención en el sector salud pasando por muchas otras secuelas.
“El gran problema es, si no hay una solución pronta a esto, llegue quien llegue, su margen de maniobra va a ser muy reducido. Al menos en un primer año y probablemente en un segundo, esto va a tener muy atado de manos al siguiente gobierno”
Asimismo señala que desde el CIEP consideran que existen tres tipos de medida que podrían ayudar a mitigar el impacto económico y social derivado de la desigualdad y el desorden existente en el sistema de pensiones.
En un primer nivel, se podrían retomar los impuestos que había antes de la reforma del IMSS, esto es que la gente que reciba mayores ingresos por pensión pague una mayor tasa impositiva, además lograr un acuerdo con las actuales generaciones para que las jubilaciones sean un poco más tarde y las contribuciones sean mayores. Estas medidas si bien no resolverían el problema si mitigarían los efectos en los próximos años.
Villarreal explica que hay medidas más agresivas que podrían ser necesarias en caso de no actuar con prontitud, como que el gobierno establezca no pagar una pensión mayor a 30 mil pesos salvo casos excepcionales y justificados y que esté respaldada en contribuciones. Una medida impopular pero que no afectaría a quienes más necesitan de una pensión.
“Sé que algo así suena muy agresivo pero de otra forma la verdad es que vamos a tener un sistema fiscal permanentemente dañado, 20 años en una situación muy lastimosa.
De no contar con una solución pronta al problema de las pensiones, se podría crear un escenario donde a mediano y largo plazo se dé un bajo crecimiento del país, lo que llegaría a afectar sectores como el de la salud o la educación
“Sí habría ahorros muy importantes, y a la gente que más lo necesita y a toda la clase media no la tocarías. Lo que a nosotros nos parece obsceno es que tienes a gente recibiendo pensiones de 130, 140 mil pesos y que se jubilaron sumamente jóvenes. A mí me parece que lo que tenemos que discutir es un sistema de pensiones más parejo”.
