La falta de liquidez también afecta al Gobierno del Estado, que ha optado por la deuda de corto plazo con banca privada
Puerto Vallarta es el tercer municipio con mayores pasivos con el IPEJAL. Y la administración es coincidentemente también priista
El gobernador Emilio González busca capitalizar la crisis y propone solicitar una nueva deuda para apoyar a los municipios necesitados.
Con el cambio de administración algunos presidentes municipales salientes olvidaron ponerse al día del pago al Instituto de Pensiones del Estado (IPEJAL).
También algunas instancias que parece que no tienen intención de pagar.
Son nueve los municipios involucrados, entre ellos Guadalajara y Tonalá, así como el Congreso y otros nueve organismos públicos descentralizados que adeudan un total 746 millones 475 mil 310 pesos.
Y aún cuando las retenciones a los trabajadores sí se realizaron, el dinero no fue entregado al organismo que cubre la jubilación de sus servidores públicos, por lo que se entiendo que se empleó en otros asuntos.
El adeudo viene luego de un año electoral.
Por eso quizá el municipio de Guadalajara –uno de los más gastadores durante campañas- debe a pensiones 162.9 millones de pesos.
De esa cantidad las retenciones de los trabajadores ascendieron a 110.6 millones, sin que ese dinero haya llegado a las cajas del IPEJAL.
El Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara adeuda 2.2 millones por lo que podría decirse que la deuda total de este municipio a pensiones es de 165.2 millones de pesos.
El municipio de Tonalá es sin duda el más atrasado en sus pagos.
Su deuda con IPEJAL suma 172.4 millones.
A la cifra anterior se le debe sumar un millón 213 mil pesos de la deuda del DIF municipal; 808 millones del Consejo Municipal del Deporte y 175 mil pesos del Instituto de la Juventud.
Puerto Vallarta es el tercer municipio con mayores pasivos con Pensiones. Y la administración es coincidentemente también priista.
El ex alcalde Salvador González Reséndiz dejó una deuda de 159.8 millones de pesos.
Instancias del Gobierno del Estado, también tienen rezago en sus pagos.
La Inmobiliaria y Promotora de Interés Público (IPROVIPE) es de 5.3 millones.
En tanto que el organismo Servicios y Transporte tiene dos años de retraso en sus pagos y hoy adeuda más de 96 millones.
El único municipio que arrastra la deuda también desde hace dos años es Gómez Farías, a la fecha suma un millón 495 mil 231 pesos.
El Congreso del Estado no se escapa de esta situación y registra un adeudo de 98.4 millones.
La nueva Legislatura –que entrará a finales de mes- deberá finalizar el convenio de pago con el IPEJAL.
Pago de deudas y otras contradicciones
En plena crisis económica que aprieta las finanzas de todas las instancias públicas, el gobernador Emilio González Márquez ha querido capitalizar las cifras en su favor y propuso solicitar una nueva deuda para apoyar a los municipios necesitados.
Pero más allá del discurso oportunista, los adeudos a pensiones ponen en vilo la vida útil de este organismo.
La irresponsabilidad de las autoridades incide en las finanzas de esta oficina que tiene créditos abiertos con el 97 por ciento de los servidores públicos del estado y municipios.
El 25 por ciento de estos créditos son hipotecarios, pero eso poco importó a los patrones que decidieron rescindir pagos y dejar la responsabilidad a las siguientes administraciones.
En entrevista con Ricardo Serrano Leyzaola, secretario de Administración del Gobierno del Estado, explica que el organismo de pensiones puede continuar sin inconvenientes en tanto que los municipios y organismos públicos se comprometan.
De hecho la Secretaría de Administración se encargará de realizar convenios, y con ellos garantizar el finiquito.
Serrano Leyzaola señala que es de suma importancia que se pague a pensiones pero no tiene respuesta frente al manejo discrecional que se ha hecho del IPEJAL para financiar proyectos como la Villa Panamericana y la inversión en Costa Alegre.
Para el secretario de Administración el hecho de que los municipios no hayan pagado el último año no tiene que verse cómo “un acto de mala fe”, sino que cómo una consecuencia de que tuvieron “prioridades diferentes” en el uso de su presupuesto.
Serrano Leyzaola estima que al final del ejercicio fiscal de 2012 se pueden cerrar cuantas.
Austeridad ante endeudamiento
La falta de liquidez de los municipios evidencia una crisis que afecta incluso al Gobierno del Estado, de quien se sabe que ha optado por adquirir deuda de corto plazo con la banca por mil 200 millones de pesos para financiar “necesidades urgentes”.
Hasta el propio secretario de Administración presume que se han aplicado políticas de austeridad como cerrar las oficinas a las 17 horas a fin de reducir el gasto de luz y de paso no sumar horas extras.
En un año se redujo el pago de luz de todo el gobierno estatal en 70 millones de pesos, según señala el funcionario quien tiene a su poder un presupuesto anual para compras de hasta 7 mil millones de pesos.
Y en ese gasto no se incluye lo que se eroga en seguridad, salud y educación.
Cuestionado sobre la posibilidad de que en el cambio de administración en marzo se dejen adeudos pendientes municipales, Serrano Leyzaola asegura que no sucederá.
“No habrá sorpresas”, responde, al tiempo que deja entrever que quedaran pendientes los pagos de las compras de fin de año y otros gastos comunes como luz, agua y la nómina de esa quincena.
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