Imponer sanciones e iniciar investigaciones son algunos de los pendientes que tiene en este periodo legislativo la Comisión Anticorrupción del Congreso local, que preside el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Bonifacio de la Garza.
Este órgano legislativo deberá realizar un juicio político contra el titular de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, citar a comparecer a la directora comercial de Servicios de Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey, Sandra Said Manzur, y definir la sanción en contra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González, secretario de Gobierno.
La falta de acciones para combatir la crisis de contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) fue el motivo para iniciar este procedimiento contra Vital. El presidente del Comité Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga, y la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes, promovieron este enjuiciamiento el 23 de mayo de 2019.
El documento de petición argumenta la falta de claridad para emitir las contingencias ambientales, que en Nuevo León se declaran a partir de los 185 Imecas, en lugar de los 150 que se usan para las megalópolis. Además reclama la falta de procuración ambiental y las muertes de animales en el Parque La Pastora, a cargo de Parques y Vida Silvestre.
En ningún momento se ha desactivado el juicio político, la Comisión lo está analizando, estudiando y esperamos que pronto presente un resolutivo. Hemos visto que desde el año pasado no se hizo nada para mejorar la calidad del aire
Nueva cita a comparecer ante Comisión Anticorrupción
La comisión que preside el diputado de MC, Arturo Bonifacio de la Garza, también tiene pendiente citar otra vez a la directora comercial de AyD de Monterrey, Sandra Said Manzur, quien tiene señalamientos de corrupción.
De la Garza tendrá que estudiar las acusaciones contra la funcionaria y buscar si existen motivos suficientes para solicitar a la Fiscalía Anticorrupción una investigación.
A finales del año pasado Said Manzur fue señalada por supuestamente pedir cuotas a la ciudadanía por la reconexión del suministro de agua, por utilizar las oficinas de la empresa paraestatal para fiestas personales y solicitar un porcentaje de dinero a los despachos jurídicos que llevan los casos de los ciudadanos morosos.
Ante esto, la coordinadora de la bancada Progresista Independiente, Claudia Tapia Castelo, solicitó la comparecencia de la funcionaria. Pero ella se negó acudir el pasado 18 de diciembre bajo el argumento del artículo 62 de la Constitución local.
Este reglamento, según la funcionaria, establece que los secretarios del despacho del Ejecutivo, así como el procurador general, podrán acudir al Congreso solamente con previa autorización del gobernador. Bonifacio de la Garza informó que buscarán la forma para que la funcionaria acuda al Pleno.
¿Y la broncosanción?
El otro gran pendiente que tiene la Comisión Anticorrupción a cargo del diputado Arturo Bonifacio de la Garza es destrabar la encrucijada legal de la sanción contra el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y Manuel González, secretario de Gobierno, por el desvío de recursos para fines electorales.
Este órgano legislativo no reunió los votos suficientes el año pasado para aprobar el dictamen que contenía la destitución e inhabilitación para ambos funcionarios. Las bancadas del PAN y Morena aseguraron que no se podría sancionar hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia constitucional interpuesta por el propio mandatario.
Por si fuera poco, los diputados aún no han tenido respuesta sobre el recurso de reclamación y un incidente de suspensión para combatir la controversia.
“Le estamos pidiendo a la Suprema Corte que cuanto antes resuelva y el Tribunal Electoral le ha notificado que estamos en vía de cumplimiento por la suspensión provisional”, explicó el diputado panista y presidente de la Mesa Directiva, Juan Carlos Ruiz.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Cienfuegos, propuso iniciar este año con un juicio político contra el gobernador
“Realizamos un exhorto a la Comisión Anticorrupción para que inicie el juicio político para no estar a expensas de una definición de la Corte, la cual pudiera ser en sentido contrario. No estaríamos entrampados en este proceso si desde el principio se hubiera iniciado un juicio político”, dijo en rueda de prensa el pasado 16 de diciembre.
