Pendiente, detención de propietarios de minera El Pinabete: Mejía Berdeja
Desde mediados de septiembre, Arnulfo “G” y Luis “G” cuentan con una ficha roja de la Interpol y una alerta del Instituto Nacional de Migración
Carlos MontesinosRicardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que sigue pendiente la detención de Arnulfo Garza y Luis García, propietarios de la minera El Pinabete. Esto al informar de la detención de Cristian Solís, a quien se le atribuye la propiedad del pozo donde murieron 10 mineros en agosto pasado.
“Se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Cristian “S” como probable responsable de delitos vinculados a la ley de bienes nacionales. Están pendientes de ejecutar otras dos órdenes de aprehensión en contra de Arnulfo “G” y Luis “G”, propietarios de la compañía minera”, dijo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
#Mañanera Sobre el caso de Octavio Ocaña y con relación al caso de la mina el Pinabete, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Cristian “S”, pendientes otras dos órdenes de aprehensión, informó @RicardoMeb .@Notimex @Notimex_TV #Notimex pic.twitter.com/lCvrt62ysl
— Luis Monroy (@luissmonroy) September 29, 2022
Desde el pasado 12 de septiembre se activó una ficha roja de la Interpol en contra de los empresarios para su detención en caso de ser identificados en el extranjero y una alerta del Instituto Nacional de Migración (INM) para impedir su salida del país. Siendo que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las oficinas de la minera el 25 de agosto.
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Al rendir el informe semana Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad agregó que “se está en coordinación con la Fiscalía General de la República para aportar mayores elementos que permitan no solo la detención de estos dos sujetos que tienen orden de aprehensión, sino, como lo instruyó el Presidente de la República, ir en este caso hasta las últimas consecuencias”.
El pasado 6 de septiembre, el primer mandatario confirmó que las familias de los 10 mineros fallecidos en la inundación del 3 de agosto aceptaron la indemnización del Gobierno federal y dieron su autorización para iniciar un plan para rescatar los cuerpos del pozo carbonero que demorará alrededor de seis meses.
