Penales reprueban en salud; internos permanecen sin atención

La administración de los centros penitenciarios de Nuevo León sigue dando de qué hablar, ahora por mala atención a la salud de los internos, luego de que un reporte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHNL) refiere que hay 45 expedientes de personas que necesitan intervención quirúrgica urgente, y se las negaron.

Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, señaló que hay una problemática entre la administración de los centros penitenciarios, a cargo del comisario César Daniel Ramírez Acevedo, y representantes del Hospital Universitario, que complica la atención a estos internos.

“Preocupan a la Comisión temas como el derecho de acceso a la salud, tenemos 45 expedientes documentados en donde las personas requieren intervención quirúrgica urgente, ya le hemos hecho esto del conocimiento del comisario, hay algún tema que han tenido con el Hospital Universitario, por eso le hemos estado solicitando al comisario que nos permita tener una oficina dentro de los centros de reinserción social, que permita actuar de manera más diligente.

“Porque lo que se pretende es dar una solución inmediata a los asuntos de personas privadas de la libertad, sobre todo en el tema de la salud, y no esperar a una recomendación, que no es la vía idónea, la recomendación es cuando durante todos los pasos que hicimos para tratar de que a estas personas se les restituya el goce de sus derechos humanos, no se acatan por la autoridad”, declaró.

Expresó que tienen información de 2021 a 2024, periodo en el que se analizaron diversos estándares internacionales, e incluso diversas convenciones, donde obtuvieron una calificación general de 7 en 2024; en 2023, fue de 7.02; en 2022, de 6.58 y en 2021, la calificación fue de 7.03.

Reconoció que las condiciones de hacinamiento disminuyeron con respecto al año anterior, sin embargo, presentan fuertes problemáticas en otros rubros, como el de la salud.

Pero no sólo hay problemas en cuanto a las personas que necesitan una operación: la mala atención en los tres centros penitenciarios, dos varoniles y el femenil, permea a otros internos de los cuales 49 padecen VIH; 50 tienen tuberculosis; dos tienen sífilis; dos más fueron detectados con gonorrea; uno con el Virus del Papiloma Humano; cuatro con sida, todas ellas mujeres; además de 27 hombres con hepatitis.

En los diferentes centros existen 823 personas con enfermedades crónicas, de las cuales son 120 personas con obesidad, 188 con diabetes; 257 con hipertensión arterial; cinco con cardiopatía isquémica; una con problema renal crónico; tres con cáncer; 96 con asma; 97 con depresión; una con cirrosis hepática y 55 con enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

“Durante el 2024, tenemos 304 expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos humanos, y de estos 42 se tramitaron en nuestra área de quejas, para que se les diera precisamente una atención inmediata y 262 se turnaron en la tercera visitaduría”, dijo Méndez Arellano.

Abusos en visitas íntimas

Los abusos por parte de la administración de los centros penitenciarios no se basa solamente en una mala atención a la salud, también incluye la prohibición de visitas íntimas a internas e internos.

Susana Méndez Arellano precisó que aunque buscan saber con exactitud qué argumentos dará la administración a cargo de César Daniel Ramírez, no han obtenido respuesta.

Mientras tanto, solamente el seis por ciento de más de 10 mil personas tiene este derecho y todos ellos son hombres.

Destaca que, además, a los internos se les restringió el derecho a visitas comunes, ya que de un tiempo a la fecha solamente se les permite que los frecuenten parientes, y no amistades.

“La Comisión permanentemente está en estos centros, buscando cuando se quejan las personas de visitas íntimas, del tipo de revisiones que se les realizan, inmediatamente acude la Comisión, estamos promoviendo los derechos de las personas a las visitas, fuera de estos centros.

“Las personas tienen derecho a que les visite cualquier persona, siempre y cuando cumplan con los requisitos de identificación necesarios, no tenemos quejas al respecto, de que a los amigos no se les permita la entrada; lo que estamos promoviendo es que los filtros de seguridad sean adecuados, sean con respeto a la dignidad, y que las personas puedan tener visita íntima, porque hasta el momento solamente el seis por ciento tiene visita íntima. No nos dicen por qué, pero, por ejemplo en el caso de las mujeres, la mayoría son abandonadas en los centros de reinserción social, en el caso de los hombres, algunos son los que más visitas íntimas reciben, pero son 600 casos, aproximadamente”, dijo.

El abuso consiste en que para recibir visita íntima, la administración penitenciaria exige que entre la visita y el reo, exista un acta de matrimonio, es decir, que estén casados.

“El problema es que quieren que estén casados, entonces eso atenta contra la libertad de las personas de estar casado o no, entonces ese tema se está atendiendo, hemos tenido reuniones incluso con organizaciones de la sociedad civil, que son las que protegen de este tema, porque a veces una persona se puede casar, pero a veces al estar privada de la libertad, se tienen que divorciar, y el divorcio se hace muy complejo, entonces a esas personas se les impide el acceso”, explicó.