Penales infartados

Las cárceles de México viven un colapso en materia de salud.

La calificación de los penales ha pasado de 6.5 a 6.02 en los últimos cuatro años y hay reporte de una grave crisis en los servicios de salud en los penales, alerta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La CNDH afirma que la mayoría de las quejas en el sistema penitenciario están vinculadas con la protección a la salud de los reclusos.

“De enero a diciembre de 2015, se recibieron mil 513 quejas del sistema penitenciario en el país, de las cuales mil 151 se orientaron específicamente con relación a la violación al derecho a la protección de la salud de esta población, lo que equivale a 76.07 por ciento del total de las quejas recibidas por esa Visitaduría General”, indica la Comisión.

Apenas dos años antes, en 2013, se tramitaron mil 235 quejas, de las cuales 500 estaban relacionadas con el derecho a la protección de la salud en centros federales. El organismo asegura que la caída en la atención a la salud obedece a la insuficiencia de recursos financieros, humanos, materiales y de instalaciones para poder ofrecer un servicio integral de calidad.

En los últimos años es evidente el incremento del porcentaje de quejas sobre cuestiones de atención médica en las prisiones.

En los 25 años que menciona el documento, de 1990 a 2015, se recibieron en la CNDH 15 mil 102 quejas relacionadas con el programa penitenciario y, de estas, 2 mil 802 están vinculadas con la violación a la protección a la salud.

El informe “Derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitenciarios de la República mexicana” critica que la prisión en México esté desapegada a las normas internacionales de defensa de los derechos humanos.

“Es imperativo y no puede ser descuidado por el Estado mexicano en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal respecto de las personas que se encuentran privadas de la libertad al estar éstas bajo su tutela directa.

 “Si bien es cierto que la reinserción social es una labor fundamental del Estado mexicano, ello comprende que toda actuación de las autoridades que tienen asignada esa tarea deben velar por el trato a los internos con estricto apego a nuestro sistema jurídico”, indica el documento.

Otra de las faltas, además de la atención psicológica y médica regular, es la ginecológica y pediátrica, ya que hay niños que viven con sus madres reclusas.

“Se analizan los 20 centros federales, donde nueve de ellos obtuvieron calificación inferior a seis, identificando deficiencias como la falta de personal médico, medicamentos y material de curación, por lo que se observó que el acceso al servicio médico en estos centros es una de sus principales deficiencias”, indica la información.

Ahí se revela que en 3 cárceles federales falta personal para atender a los internos, en cuatro hay carencia de medicamentos básicos, en seis falta material de curación, en siete se carece de atención médica y en el mismo número hay carencia de atención psicológica, en 14 no hay camas, en 17 falta instrumental médico y en 19 se reportan carencias de equipo médico.

“La salud, al ser un derecho humano reconocido constitucionalmente a toda persona que se encuentra en el territorio nacional, incluidas aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad”, indica la información, “es una obligación que el Estado debe garantizar a fin de dar cumplimiento a lo consagrado en los artículos 1, 4 y 18 de la Constitución”.

Entre las propuestas de la CNDH indica que deben atenderse es el desarrollo de mecanismos para realizar “consulta remota” de médicos especialistas con hospitales públicos y privados, fortalecer el programa de vigilancia epidemiológica, establecer mecanismos para la atención de urgencias médicas. 

El riesgo en las cárceles

La calificación de los penales con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) ha descendido de 6.59 en 2010 a 6.02 en 2014, indicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Para la integración del DNSP se realizan recorridos en prisiones seleccionadas para efectuar entrevistas directas con los titulares del centro, a los responsables de las áreas técnicas, al personal de seguridad y custodia y a los internos. 

La CNDH obtiene información y realiza su calificación de los aspectos que garantizan la integridad física psicológica y moral del interno, los aspectos que garantizan una estancia digna, las condiciones de gobernabilidad, la reinserción social del interno y los grupos de personas internas en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños, indígenas y personas con VIH, entre otros.

“El promedio por estado de las calificaciones ha descendido y las deficiencias señaladas continúan presentándose, esto es, si se analizan los resultados de las calificaciones de los últimos cuatro diagnósticos, se observa que 22 (69%) estados han bajado su calificación de 2013 a 2014, de estos 14 (44%) entidades han descendido su calificación por dos periodos continuos o más, de las cuales 9 (28%) han disminuido su calificación por 3 o 4 años seguidos”, indica la información.

“De las 10 Entidades Federativas que no bajaron su promedio, sólo una mantuvo la misma calificación entre 2013 y 2014, las restantes nueve (28%) subieron su calificación en el mismo periodo; de estas, cuatro (12.5%) entidades lo hicieron por dos años consecutivos”, indica el balance.

La CNDH afirma que en el sistema penitenciario existe una grave crisis en el sistema penitenciario y lejos de pedir privilegios para los reclusos, la CNDH busca que cesen las violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios.