Penales de Nuevo León a punto de tronar

El riesgo de motín en los tres centros penitenciarios de Nuevo León crece cada día debido a la sobrepoblación.

A pesar de que en 2018 se cerró y posteriormente se demolió el Penal de Topo Chico, y que los otros tres centros penitenciarios -el Apodaca 1, Apodaca 2 y el de Cadereyta- fueron remodelados y ampliados, para contar con la capacidad suficiente para recibir internos, en cinco años la situación cambió.

Hoy en día, el déficit de espacios en los centros penitenciarios, de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) es del 7.1 por ciento, es decir, hay 696 internos que carecen de espacios adecuados para sobrellevar su condena.

Bomba de tiempo.
Por segundo día consecutivo, autoridades de Nuevo León apoyadas por fuerzas federales catearon Penal 1 de Apodaca.
El Secretario de Seguridad Gerardo Palacios dijo que concluyeron revisión iniciada ayer.
Sobrepoblación récord en este y los demás penales de NL. pic.twitter.com/2v5s00m5a6

— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) March 28, 2023

La presidenta del organismo, Olga Susana Méndez Arellano, advirtió acerca de los posibles riesgos de motín, primero a causa de la sobrepoblación, ya que actualmente hay 10 mil 421 internos en los tres penales, cuando la capacidad instalada, aun y con una reciente adecuación, es de 9 mil 725 personas.

“Los temas de penales siempre se tienen que tratar con urgencia porque puede en cualquier momento desatarse un incidente violento, más aún cuando las personas que están privadas de la libertad, si no reciben atención psiquiátrica, si no tienen el control y tratamiento de adicciones y si no se fomentan estas actividades para su reinserción, siempre existe una posibilidad de algún incidente violento.

“Hemos sabido, sobre todo en diciembre, que generalmente las personas desarrollan algún motín o alguna cuestión que puede desatar en inseguridad del propio interno”, dijo.

Encarcelamiento sin reinserción

Anualmente la CEDH realiza un diagnóstico estatal de supervisión penitenciaria con la intención de conocer en qué condiciones se encuentran las instalaciones de los penales.

Además de la capacidad instalada y la población con que cuentan, la CEDH también hace un recuento de las actividades para la reinserción recabando datos como cuántos de los internos realizan actividades deportivas, cuántos tienen un trabajo remunerado, cuántas personas reciben atención psiquiátrica y si el centro penitenciario tiene capacidad de hacerlo.

También se ha revisado el control y tratamiento de adicciones, ya que si no hay actividades deportivas, empleo y tratamiento psicológico o psiquiátrico, no habría reinserción social, de acuerdo con Méndez Arellano.

Tras la realización de este diagnóstico, la CEDH detectó que hay un déficit de personal de seguridad y de atención a la salud, además de que la mayoría de los internos no tienen interés por trabajar.

“En el espacio sí afecta, afecta a todo lo que son los servicios que prestan a la población, los médicos, las enfermeras; por supuesto desde 2021 habíamos detectado un problema de déficit de personal, de médicos psiquiatras, de médicos, enfermeras, personal de seguridad y custodia; entonces a mayor población, el déficit se hace mayor.

“Puede generar motines, incluso en las recomendaciones que hemos hecho a los centros de reinserción social, derivados de estos diagnósticos, está que le faltan protocolos para prevenir incidentes violentos, la tortura, protocolos para prevención de la tortura, este tema lo reiteró la Comisión Nacional en la última recomendación que hizo en relación con el motín que se hizo en el Penal Uno”, mencionó la presidenta del organismo.

Déficit de espacios

Olga Susana Méndez mencionó que aunque se llevaron a cabo remodelaciones para ampliar los espacios en los que se encuentran los internos, el déficit continúa.

Esta situación genera hacinamiento, falta de alimentos y de camas para cientos de personas, además de que se reduce la atención médica.

“En el 2021 que realizamos este diagnóstico estatal, la población total era de 8 mil 729 personas; en 2022 subió a 9 mil 696 personas y el incremento fue del 11 por ciento. En el 2023 tenemos 10 mil 421 personas y aquí subió un 7.4 por ciento, aunque parece que es menos, por el tema que se hicieron algunas remodelaciones en algunos edificios, pero aún sigue el déficit del 7.1 por ciento.

“Definitivamente (repercute en la inseguridad interna) no tienen la estancia digna, cuando hay sobrepoblación los problemas se hacen mayores tanto en alimentación como en el trato que tienen que recibir las personas al interior de los penales”, comentó.