La segunda etapa estaba prevista a iniciarse este año con la partida de 330 millones de pesos, sin embargo la Secretaría de Obras Públicas que encabeza Luis Marroquín no ha informado sobre estos trabajos
El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió públicamente a impulsar la ampliación del Metro y el proyecto de agua potable Monterrey VI.
Pero el mandatario federal dejó de lado la construcción del nuevo penal en Mina, la obra de seguridad más urgente para Nuevo León.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013, que envió el ejecutivo federal el viernes pasado al Congreso de la Unión, no contempla recursos etiquetados para una de las principales obras de infraestructura en materia de seguridad.
El rubro de proyectos y programas de inversión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuenta con mil 140 millones de pesos de recursos etiquetados para obras de infraestructura en este rubro.
Entre las obras que Peña Nieto solicita apoyar con asignaciones presupuestales para el próximo año se encuentra el centro penitenciario de Papantla, que tiene tiene una partida de 138 millones de pesos.
También el Presupuesto también contempla destinar 346 millones de pesos para la ampliación del Cefereso Oriente Número 5, ubicado en Villaldama, Veracruz.
Sin embargo, el proyecto de construcción de un nuevo penal en Nuevo León no aparece entre las obras que recibirán recursos si se aprueba así la iniciativa que envió el mandatario federal por parte de los diputados.
El proyecto de construcción de un centro de reinserción social en el municipio de Mina contó con una partida presupuestal de 100 millones de pesos en el Presupuesto Federal del 2011, y de un apoyo de 330 millones de pesos en el de 2012.
El costo total de esta obra asciende a 3 mil millones de pesos.
El 14 de julio de 2011, las autoridades del gobierno del Estado iniciaron los trabajos de construcción de este nuevo centro penitenciario con el que se pretende jubilar al Topo Chico, que tiene más de 40 años.
En el evento de arranque estuvo presente el gobernador Rodrigo Medina y el representante del entonces secretario de Seguridad Pública Federal Genaro García Luna.
En su primera etapa los trabajos consistieron principalmente en la habilitación del acceso principal, limpieza del terreno y el levantamiento de la barda de seguridad.
La obra estuvo a cargo de la empresa constructora Garza Ponce, a quien se le adjudicó el contrato de manera directa.
La segunda etapa estaba prevista a iniciarse este año con la partida de 330 millones de pesos, sin embargo la Secretaría de Obras Públicas que encabeza Luis Marroquín no ha informado sobre estos trabajos.
La otra opción que tiene el gobierno para conseguir recursos federales es vía Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados, que implica la contratación de un crédito con Banobras.
Este año el Estado contrató un financiamiento bajo este esquema de mil 700 millones, de los cuales la mitad tenía previsto destinarlo a la construcción del nuevo penal en Mina y poder concluir una primera etapa que permita el envío de reos.
Y la urgencia por despresurizar el Penal del Topo Chico es una prioridad para el Estado.
Apenas la semana pasada Reporte Indigo entró a las entrañas de esa penitenciaría y la impresión es que esas instalaciones ya tocaron fondo.
Porque requieren de una fuerte inversión para actualizar sus medidas de seguridad.
De no ser así, podría ocurrir una tragedia como la de Apodaca, donde murieron 44 reos por la complicidad de los celadores.
La sensación que causa el ingresar al interior del Penal del Topo Chico es que por ahora no hay motín, pero es solamente porque la población penitenciaria así lo quiere.
Y uno de los factores por los cuales no hay motín, es porque este centro penal es del control total de Los Zetas, mientras que los integrantes de otros grupos del crimen organizado han sido transferidos por las autoridades a otros penales.
Allí no hay pasillos alambrados, portones eléctricos, áreas de separación, patios divididos ni suficiente personal de custodia.
La guerra contra el crimen organizado produjo una sobrepoblación de reclusos acusados por delitos federales que dobla la capacidad del Topo Chico. Son reos de alto riesgo.
En total puede verse a más de 5 mil individuos que caminan de un lado a otro en los patios del penal, donde hay talleres de carpintería con sierras, clavos, maderos y martillos, mientras apenas unos 30 custodios los vigilan por cada turno al interior.
Y es que la capacidad del reclusorio es para 2 mil 600, pero hay 5 mil 185 internos.
Es decir, 2 mil 585 prisioneros de sobrepoblación, el 100 por ciento más.
Luego, los homicidios de custodios por un lado, y la limpia que realizaron las autoridades penitenciarias de los celadores corruptos por el otro, provocaron un déficit de 2 mil vigilantes solamente en el Topo Chico.
El viernes pasado se registró otra muerte dentro del Penal del Topo Chico. El reo Juan Carlos Reyes murió por una golpiza.
Lo mató su compañero de celda Gerardo Alejandro de León Jiménez, quien está ahí como uno de los involucrados en el ataque al casino Royale en agosto de 2011.
El Topo Chico está convertido en un engendro que además es anticuado, porque tiene instalaciones que no están a la par de las necesidades actuales de seguridad.
Es un centro de readaptación que no puede regresar a los reos a la sociedad, si no puede ser adaptado él mismo como un verdadero centro de reinserción.
Y es que después de años, apenas hoy nuevamente las autoridades penitenciarias pueden ingresar al interior y salir a salvo para entender los requerimientos del penal.
Así que es el momento en que puede darse una verdadera inversión que desactive esta bomba de riesgo y que definitivamente pude ser enfocada a la construcción del Penal de Mina.
Y es que estas viejas instalaciones, que datan de 1947 no tienen áreas especiales que dividan a los prisioneros.
Todos, no importa qué delitos hayan cometido, conviven en todo el Penal del Topo Chico.
Nuevo León tendrá qué buscar alternativas.
