"A la fecha los prospectos cumplen con las distancias restrictivas requeridas por el Programa Simplificado Para el Establecimiento de Estaciones de Servicio y sus modificaciones”
Petróleos Mexicanos defiende la supuesta legalidad de la gasolinera que se ubica en medio de dos planteles educativos en Santa Catarina.
Incluso, le otorgó una extensión de tiempo para que cumpliera con todos los requisitos.
La paraestatal asegura que la franquicia operada por Carburantes Acueducto S.A. de C.V., respeta los 15 metros de distancia mínima de resguardo que contempla el “Programa Simplificado para el Establecimiento de Nuevas Estaciones de Servicio”.
Este programa derivó de un acuerdo firmado en 1994 entre la Comisión Federal de Competencia y Pemex-Refinación, pero ha sido calificado como “obsoleto” por especialistas en la materia porque ya no se ajusta a la realidad urbana del país.
La gasolinera se encuentra entre el Instituto Sierra Madre y la escuela primaria Ramón López Velarde, en la colonia Enrique Rangel.
Reporte Índigo solicitó una entrevista con el subgerente de Ventas Regional Norte de Pemex-Refinación, Javier Eduardo Lozano, pero el funcionario federal accedió a responder las preguntas sólo a través de correo electrónico.
El subgerente fue el responsable de otorgar la constancia de trámite que la estación necesita para obtener la concesión y así arrancar operaciones.
En sus respuestas escritas, precisa que el programa fue modificado por una serie de criterios aclarativos publicados en julio de 2001, en el Diario Oficial de la Federación.
Con las modificaciones se empezó a medir la distancia de resguardo desde el eje de cada dispensario de gasolina y ya no a partir del límite de la propiedad donde se ubica la franquicia, condición del programa que no se habría respetado.
“De acuerdo con la revisión efectuada a la fecha se cumple con dicho distanciamiento”, señala Lozano.
“A la fecha los prospectos cumplen con las distancias restrictivas requeridas por el Programa Simplificado para el Establecimiento de Estaciones de Servicio y sus modificaciones”.
Sin embargo, estas reformas no se mencionan en el Visto Bueno (VoBo) a las medidas de seguridad del establecimiento, otorgado por el subdirector de Administración de Emergencias de Protección Civil del Estado, Martín Castillo.
El subordinado del comandante Jorge Camacho solamente aludió en el documento el programa de hace 19 años y no a sus cambios posteriores.
En el esquema original también se estableció que las franquicias cuentan con 6 meses para concluir la gasolinera, plazo que fue extendido a un año con una modificación de octubre de 2009.
La estación de servicio que aún no arranca operaciones tiene aproximadamente dos años y medio desde que empezó a edificarse.
Pero el funcionario comenta que la constancia para obtener la concesión fue renovada a solicitud de la empresa y que sólo funcionará cuando cumpla con todos los trámites.
“A la fecha no se tiene conocimiento que el prospecto haya incurrido en alguna de las causales de cancelación (de la constancia).
“El inicio de operaciones se otorga a las estaciones de servicio por parte de Pemex-Refinación una vez que se cuenta con los permisos emitidos por las autoridades municipales, estatales y federales correspondientes”.
La vigencia de la constancia concluyó el 8 de noviembre de 2012, pero la paraestatal le dio a la compañía una extensión por un año más.
Pemex-Refinación le otorgó el pasado 27 de diciembre la renovación a Carburantes Acueducto S.A. de C.V., con un plazo adicional de 365 días para que pueda concluir el proceso.
Las instituciones educativas afectadas advirtieron desde 2011 sobre los riesgos potenciales que corrían los alumnos en diversas misivas, pero tanto el Estado como el Municipio de Santa Catarina las desestimaron.
Este caso motivó en el Congreso local un exhorto a Protección Civil del Estado y una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano de Nuevo León, pero los dictámenes de ambos permanecen congelados.
La gasolinera fue avalada por las tres últimas alcaldías panistas de Santa Catarina, a pesar de que maestros, padres de familia y vecinos denunciaron su presunta ilegalidad y el peligro latente.
