Pemex, el contratista

El texto de la iniciativa para una nueva Ley de Pemex es contundente: con o sin modificación constitucional, los contratos de utilidad compartida serán una realidad.

La propuesta fiscal que pone sobre la mesa el gobierno de Enrique Peña Nieto busca que, como un primer paso, Pemex se convierta en un contratista del gobierno.

Estas nuevas reglas son la guía de las directrices secundarias que regirán también la reforma energética.

En un escenario de crisis económica, el gobierno aclara que recibirá casi 150 mil millones de pesos menos el próximo año y adelanta: puede pedir 550 mil millones de pesos como deuda interna, más otros 10 mil millones de dólares en deuda externa.

Como una empresa

 Si se aprueba la nueva Ley de Pemex enviada a la Cámara, a partir de enero de 2015 la paraestatal funcionaría como una empresa. Sería el conejillo de indias para los contratos de utilidad compartida.

“Desde el punto de vista jurídico, no existe impedimento  constitucional alguno para que, bajo el texto vigente de nuestra Norma Fundamental, el Estado pueda celebrar con Pemex y sus organismos subsidiarios, contratos de utilidad compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos”, dice propuesta entregada el domingo a la Cámara de Diputados.

“Si bien hasta ahora la figura predilecta ha sido la asignación petrolera, ello no es impedimento para que se exploren nuevos mecanismos que resulten más atractivos y convenientes para las finanzas públicas y las de la empresa paraestatal”, aclara el documento.

Las nuevas reglas funcionarán de manera más simple, pero también más dura. El Estado mexicano estableció una “regalía básica” en la superficie, algo así como la renta del terreno.

Luego, también recibirán un monto directo de las utilidades, que irán a un Fideicomiso.

En los nuevos contratos, la “empresa” Pemex pagará impuesto sobre la renta y se le reconocerán sus costos de perforación, para que los pueda hacer deducibles.

En los números, la propuesta establece bajar los impuestos a Pemex para que, al final del año, se quede con el 30 por ciento de sus ganancias.

La iniciativa presentada al Congreso busca que Pemex mantenga los impuestos especiales si trabaja los yacimientos bajo el régimen de “asignación petrolera”.

En cambio, si usa la figura de “utilidad compartida”, podrá pagar menos y deducir un porcentaje mayor de sus costos.

El gobierno dice sin ambages: tomando en consideración los beneficios económicos de la utilidad compartida habrá una migración hacia el nuevo esquema.

“Se prevé que Pemex pueda optar por migrar gradualmente las actividades que realiza mediante asignaciones (por las que tributa conforme al régimen de derechos actual), al nuevo régimen mediante la suscripción con el Gobierno Federal de contratos en áreas específicas”.

Esto es: Pemex se convertiría en un contratista del gobierno, con el que compartiría la utilidad.

El esquema es una réplica de lo que sucedería con las compañías privadas en caso de que se aprobara la reforma a los artículos constitucionales 27 y 28.

Las empresas que entren a los contratos de utilidad compartida pagarán una renta a Pemex desde la fase previa a la extracción.

Durante los primeros cinco años de vigencia del contrato, pagarán al Estado mexicano 2 mil 650 pesos por kilómetro cuadrado.

Este pago es para que el gobierno reciba ganancias durante esta etapa previa y para incentivar a Pemex a “no retrasar el desarrollo de las áreas contratadas o abandonar, de manera voluntaria, aquellas partes de las áreas contractuales que no está interesado en desarrollar”.

Cumplidos los cinco años del contrato, este pago mensual subiría a 4 mil 250 pesos por kilómetro cuadrado.

Los críticos de algunos proyectos promovidos por la reforma energética, como el gas y aceite en lutitas (shale), establecen que en los primeros cinco años se reciben las mayores ganancias y que después de ese periodo no queda mucho dinero por recuperar.

En la propuesta fiscal que baja los impuestos de Pemex, el Estado cobrará un porcentaje de las ganancias.

Del petróleo crudo cobrarán un cinco por ciento más el 0.125 por ciento multiplicado por la diferencia entre 60 dólares y el precio al que se esté vendiendo el petróleo en ese momento.

Como ejemplo, si al momento de la extracción el barril de petróleo cuesta 100 dólares, el Estado mexicano podrá cobrar 12.5 dólares de ganancia por cada barril extraído.

Otros
 negocios

En ese punto se abre un nuevo campo de negocios, ya que la iniciativa propone que “la venta de los hidrocarburos extraídos al amparo de un contrato de utilidad compartida se realizará por un comercializador del Estado”.

Este comercializador podrá percibir un pago por sus servicios, que será una parte de lo que venda, mediante un contrato que tendrá con la Secretaría de Energía.

En el caso de los pozos de shale, que en su etapa exploratoria han dado en su mayoría gas seco, los productores no tendrán de qué preocuparse.

La iniciativa anuncia que no pagarán nada de regalías mientras el precio esté por debajo de 5 dólares por millón de metros cúbicos, es decir, el precio al que ha estado durante el último lustro en Estados Unidos.

Menos impuestos

La propuesta busca que Pemex tenga autonomía presupuestaria, como está contenido en uno de los ejes centrales de la propuesta presentada por Cuauhtémoc Cárdenas y el PRD.

También que Pemex tenga un régimen presupuestario  especial y requiera de menos autorizaciones para contratar deuda.

Actualmente, explica la iniciativa, el gobierno reconoce a Pemex 6.50 dólares como costo de barril.

Por encima de ese precio, la paraestatal no puede deducir de impuestos estos costos, por lo que tiene que costearlos de sus finanzas.

En el documento se hace referencia a que algunos yacimientos han tenido costos hasta de 10 dólares por barril.

Pero durante el sexenio de Felipe Calderón otros proyectos como Chicontepec fueron impulsados por Pemex a pesar de que llegaron a tener costos de 26 dólares por barril, según reconoció Pemex a la Cámara de Diputados en 2011.

En promedio, establece el documento, Pemex paga en impuestos el 68 por ciento de sus ingresos brutos, es decir, lo que obtiene por la venta de crudo.

Este nivel de impuestos, dice la comparativa establecida por el gobierno, ha llegado a significar 9 de cada 10 pesos que Pemex tiene de utilidades, mientras en países como Noruega significan 8 de cada 10.

Pero en la comparación con Estados Unidos, sólo se refieren al cobro de impuestos para los proyectos de aguas profundas, que son apenas el 18 por ciento.

En concreto, la propuesta es que los impuestos bajen al 60 por ciento para que al sumarse costos de operación, Pemex se quede con el 30 por ciento de lo que gana.

Esta cifra es la misma que ganarían las empresas petroleras que podrían entrar a México con la reforma, ya que este régimen aplica para los contratos de “utilidad compartida”, inaugurados por el gobierno peñista en el argot petrolero.

La reforma busca también que se desarrolle la extracción del gas natural, contenida como la principal promesa social del proyecto de reforma energética.

Sobre esto, dicen que el régimen actual de Pemex impide el desarrollo de proyectos “socialmente deseables, de altos costos o menos rentables como la extracción del gas natural”.

La nueva Ley de Ingresos Sobre Hidrocarburos establece la creación del “dividendo estatal”.

Consiste en que Pemex y sus subsidiarias entreguen un dividendo al gobierno federal “como rendimiento por la inversión que realizó”.

Se calculará después de considerar las inversiones y pagos de deudas que Pemex tendrá como gasto. Su monto total deberá ser aprobado por el Congreso en el presupuesto anual.

El panorama económico que presenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anuncia que el gobierno mexicano recibirá el próximo año 147 mil millones de pesos menos que durante este ejercicio fiscal.

En comparación al Producto Interno Bruto, esto implica un 0.6 por ciento. Para este año, advierten, se recibirán 3 mil 527 millones de pesos menos de lo que habían estimado en el Congreso a finales del año pasado.

La mayor parte de esta caída se debió al petróleo, que descendió en 49.7 millones de pesos, más otros 22.8 millones de pesos que dejaron de tributar las entidades controladas por Pemex.

A pesar de las nuevas medidas que buscan aumentar la recaudación fiscal, el panorama sigue dejando en la cancha de Pemex un porcentaje alto de la balanza económica nacional.