El pasado 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y los mandatarios de las 32 entidades federativas suscribieron el Acuerdo Nacional por la Democracia, comprometiéndose a combatir la intervención de “la delincuencia organizada o de cuello blanco” en las campañas y en los candidatos.
Tan solo en el transcurso de dicho mes, fueron asesinados seis candidatos a alcaldías en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco y Chihuahua.
Semanas antes de la firma del acuerdo, el primer mandatario señaló en repetidas ocasiones la importancia de garantizar, particularmente, la seguridad de los aspirantes a cargos locales, como las alcaldías, argumentando que “el partido del crimen organizado” no solo soborna o impone candidatos, sino que también amenaza y atenta contra los competidores de sus “abanderados”.
Tras el homicidio de Abel Murrieta, López Obrador dio a conocer que contabiliza 13 candidatos asesinados desde que su administración ofreció seguridad para los aspirantes a cargos públicos.
Así como un total de 144 casos relevantes, en donde se incluyen los atentados y las agresiones de alto nivel, y otros 158 preventivos, principalmente de amenazas e intimidación.
En tanto que, el 21 de abril, al rendir el informe mensual de seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, detalló que 16 candidatos cuentan con escoltas, 22 más reciben vigilancia de policías estatales y otros tres reciben servicios similares de corporaciones cuyos nombres no reveló. Esto dado que, en los primeros dos meses del plan de seguridad, hubo al menos 110 amenazas y agresiones a candidatos.
Este escenario se da en un contexto donde los cargos locales componen el mayor número de espacios en juego para el 6 de junio.
En total, mil 926 alcaldes y sus respectivos ayuntamientos de 30 entidades de la República serán votados, siendo Hidalgo y Durango los únicos que no renovarán sus autoridades municipales. De igual manera, se elegirán diputados locales a todas las legislaturas estatales, con excepción de Coahuila y Quintana Roo.
Al respecto, el alcalde de Huixquilucan y presidente nacional de la ANAC, Enrique Vargas del Villar, comenta a Reporte Índigo que la atención y prevención de estos delitos recae en el gobierno de López Obrador, siendo que los actos que se han manifestado como violencia política durante este periodo de campañas son del fuero federal.
Obviamente estos grupos del crimen organizado tienen un respaldo en lo económico y en lo armamentístico muy fuertes. Es en donde el Gobierno federal tiene que actuar. Las policías municipales son preventivas para delitos del fuero común, no del fuero federal. Además de que más del 39 por ciento de los municipios en el país no tienen un solo policía
A esta postura se suma José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, organización que en abril pasado publicó el ranking de las 50 ciudades con población mayor a los 300 mil habitantes más violentas en el mundo con base en el número de homicidios dolosos.
Del total, 18 ciudades mexicanas entraron en la medición y siete conformaron el listado de las más peligrosas, incluyendo Ciudad Obregón, que integra el municipio de Cajeme.
“Este acuerdo por la democracia que hizo el presidente López Obrador con los gobernadores no va a funcionar mientras él no esté dispuesto a combatir a los grupos criminales, a enfrentar a las milicias privadas, a abatir la impunidad en los homicidios dolosos que cometen”.
Ortega incluso considera acertado el que Movimiento Ciudadano haya responsabilizado a AMLO del homicidio de Murrieta, argumentando que López Obrador ha mandado señales de que no quiere lastimar con absolutamente nada a esos grupos criminales.
Pone como ejemplo la liberación de Ovidio Guzmán y el saludo que hizo en Sinaloa a su abuela, la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán”, a lo que se suma la retirada de la Guardia Nacional en Aguililla, Michoacán, razones por las que Ortega retoma los señalamientos de que entre un 30 y un 35 por ciento del territorio nacional estaría a merced de bandas del crimen organizado.
Repetir el pasado
En los 10 meses que comprendió el proceso electoral 2017-18, se contabilizaron un total de 48 aspirantes, precandidatos o candidatos asesinados.
La cifra sube hasta 133 al considerar a legisladores, funcionarios públicos, militantes y dirigentes de partidos, además que también fueron asesinados 50 familiares de políticos.
Los estados de Guerrero y Oaxaca encabezaron la lista de violencia política con 26 asesinatos cada uno.
En este sentido, Oaxaca acumula dos procesos electorales locales consecutivos, es decir, para elegir a autoridades municipales y a su legislatura estatal, siendo puntero en cuanto a violencia política.
50
Sin embargo, la entidad no figura en los indicadores de actividad delictiva, como sí lo hacen Guerrero y Veracruz, estados con los que compartió la cima del listado en 2018 y 2021, respectivamente.
“El caso de Oaxaca lo veo como pleitos entre grupos que se han venido desarrollando en el propio estado y quieren tener el poder. Grupos locales no necesariamente ligados a organizaciones criminales más grandes, sino que quieren tener y controlar esa parte de la región de Oaxaca que para ellos, su cultura y sus tradiciones, es muy importante”, analiza José Antonio Ortega.
