Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adquirió Pegasus –el software que habría sido empleado para espiar de manera ilegal a periodistas, activistas y ahora también al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas– mediante las empresas Proyectos y Diseños VME S.A. de C.V. y Air Cap S.A. de C.V.
Así lo revelan dos contratos que datan de 2016 y 2017 para la actualización del licenciamiento y de nuevos dispositivos del software, así como el mantenimiento de la plataforma “NSO Pegasus de la PGR”.
Uno fue por un monto de 113 millones 41 mil 500 pesos y el otro por 107 millones 786 mil 823 pesos.
De acuerdo con información de NSO Group, el fabricante de Pegasus, el artefacto es vendido a los gobiernos del mundo con el fin de investigar actos delictivos.
Su uso requiere de un alto respeto a los derechos humanos y su venta se efectúa con socios en cada país con principios éticos.
Pegasus se convirtió en la compra principal de Zerón de Lucio mientras fue director de la extinta AIC, de 2013 a 2016, y quedó a cargo de la investigación de la tragedia de Iguala en la que 43 normalistas rurales de la Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecieron de la faz de México.
El historial de contratos que avaló por adjudicación directa expone que tras la compra del software, según el monto, su otra prioridad solo fue la comida gourmet para él y su equipo.
Meses después de que le fuera dado el encargo de localizar a los 43 normalistas, testimonios y videos arrojaron que sus pesquisas las hizo mediante la tortura a sus testigos, además de espionaje ilegal. Por delitos relacionados con esas acciones, se encuentra prófugo en Israel.
Una nueva investigación
El pasado 15 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que integró una carpeta de investigación por la compra ilícita de Pegasus.
El peculado, el fraude equiparado, el uso indebido de atribuciones y facultades, así como la asociación delictuosa habrían sido cometidas por el exfuncionario al adquirir ese sistema en el marco de las investigaciones del paradero de los 43.
La carpeta de la FGR involucra además a la exoficial mayor de la entonces Procuraduría General de la República, Judith Aracely Gómez Molano; al extitutlar de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díazleal Ochoa, y al exdirector de Información sobre Actividades Delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, Rigoberto García Campos. De este último centro son los contratos a los que Reporte Índigo tuvo acceso.
En febrero de 2017, The New York Times reveló que periodistas y activistas mexicanos fueron espiados de manera ilegal con Pegasus. Los afectados presentaron una denuncia de hechos ante la entonces Procuraduría General de la República (hoy FGR), pero hasta ahora, no hay detenidos por el caso.
En varias ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que su administración no ha cometido espionaje desde ninguna instancia.
Pero la mención de Pegasus continúa en el escenario público de México.
El New York Times publicó ayer, 22 de mayo, que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación y en cuyas manos el Gobierno de López Obrador puso la responsabilidad del esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes, fue espiado mientras investigaba “abusos del Ejército nacional”.
Según el diario estadounidense, la última intromisión en el teléfono de Encinas Rodríguez ocurrió en 2021 mientras dirigía la Comisión de la Verdad para dilucidar qué ocurrió con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El funcionario se habría enterado de la transgresión por Citizen Lab, organización basada en la Universidad de Toronto que se aboca a la investigación de abusos en el mundo digital.
Con todo, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa está por cumplir casi una década y las autoridades no logran hacer justicia.
“La justicia tarda, pero llega”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 9 de junio de 2022 en su conferencia de prensa.
En esa ocasión sostuvo que antes de que termine su gobierno, el caso Ayotzinapa estará resuelto.
“Vamos avanzando bien, nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses, y se está avanzando y vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso”, expresó el primer mandatario.
Así ganó Pegasus
Los primeros contratos que firmó la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para realizar inteligencia fueron con la empresa italiana The Hacking Team, que le vendió Galileo, un artefacto que tuvo 2 por ciento de efectividad.
En 2015, esa empresa fue hackeada y sus correos electrónicos internos fueron a parar a la plataforma Wikileaks. Ahí están almacenados y hoy pueden ser consultados.
En las misivas puede verse la puja constante entre tres empresas por el mercado mexicano: The Hacking Team, Finfisher y NSO Group.
También, cómo el Gobierno mexicano optó por Pegasus, una herramienta fabricada por la empresa NSO Group, de Israel, una vez demostrada la inutilidad de Galileo. Así se firmaron los contratos por los que Tomás Zerón de Lucio tiene una nueva investigación.
Pegasus by the Israeli cyber-arms company NSO Group that can be covertly installed on mobile phones/ computers Pegasus was capable of reading text messages, tracking calls, collecting passwords, location tracking, accessing the target device’s microphone and camera, and harvest’s pic.twitter.com/iLC1C09oAg
— Logical Man (@PervezH19431830) May 23, 2023
Entre Encinas y Cerón
La revelación de que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, fue víctima de múltiples hackeos por medio del sistema Pegasus, llega en el marco de la más reciente investigación en contra de Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel, por adquirir el software espía para uso de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado.
De acuerdo con una investigación del New York Times, el subsecretario ha sido víctima de múltiples hackeos en el marco de los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) del caso Ayotzinapa. El más reciente apenas el año pasado, coincidiendo con la presentación del informe.
También se han infectado los dispositivos móviles de dos de los funcionarios federales que colaboran con Encinas Rodríguez en las investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos por parte del Ejército.
Además, medios nacionales han documentado que los integrantes de las Fuerzas Armadas siguen utilizando Pegasus en esta administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha negado en repetidas ocasiones que el Ejército espíe a periodistas y activistas, asegurando que se tratan de labores de inteligencia previstas en el marco legal actual.
“Sí se contrata tecnología, pero no sé si sea Pegasus”, dijo en su conferencia matutina del pasado 10 de marzo.
Esta revelación se da apenas una semana después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció una investigación contra Zerón de Lucio y otros tres altos funcionarios de la extinta PGR por la compra de Pegasus a la firma israelí NSO Grupo en 2014.
Operación por 460 millones de pesos que presuntamente habría violado las leyes vigentes en aquel entonces.
El mismo 15 de mayo, horas antes de anunciarse la investigación, López Obrador volvió a pedir públicamente a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, que cumpla con la repatriación de Zerón solicitada en septiembre de 2021, pues enfrenta cargos de tortura por su participación en la elaboración de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
“Esto tiene que ver también con la mala práctica de hacer negocios con venta de tecnología sin ética, poniendo por delante el interés de lucro. El Gobierno de Israel no puede darle protección a un torturador, ningún Gobierno puede”, dijo el primer mandatario.
Oscuro y lujoso perfil
El perfil de Tomás Zerón de Lucio está cubierto por la opacidad. Un personaje clave en el entramado que ha impedido encontrar la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas rurales de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en 2014.
En México, los documentos que pueden consultarse sobre su persona dan cuenta que perteneció a la alta burocracia mexicana en la que prevalecieron los gustos caros.
A pesar de que durante una década fue servidor público, de nueve declaraciones patrimoniales bajo su nombre en el archivo de la Secretaría de la Función Pública, solo dos que datan de 2007 son públicas.
Ese año, Zerón de Lucio era coordinador de Control Policial de la extinta Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna y era dueño de dos casas, una de 153 metros cuadrados construidos y la otra de 82.
Tenía seis automóviles: dos BMW, un Mini Cooper, una camioneta Chevrolet, una Volkswagen Touareg y un Honda Accord. También poseía cadenas, relojes y anillos con piedras preciosas.
De hecho, ese fue su primer cargo en el Gobierno federal y lo mantuvo solo cinco meses. Fue destituido después de que un grupo de sicarios se enfrentara a balazos con elementos policiacos de los tres niveles de Gobierno en Cananea, Sonora, dejando 22 muertos.
Sin embargo, en 2013 regresó a una posición estratégica: se convirtió en director de la Agencia de Investigación Criminal y quedó a cargo del caso de la tragedia de Ayotzinapa.
Los contratos de su gestión en ese organismo dan cuenta de que mientras realizaba las pesquisas para dar con los 43 normalistas, llamó a la chef Zaida González, una de las más caras en el mercado de las bodas y eventos especiales, para que se encargara de los alimentos de él y su equipo.
Tomás Zerón de Lucio concedió una entrevista al periódico Yediot Aharonot el pasado 7 de abril, la cual fue divulgada en las redes sociales por especialistas internacionales que la tradujeron del hebreo al inglés.
Según lo difundido, el estilo del buen vivir de sus tiempos como funcionario mexicano aún lo envuelve. Zerón de Lucio dijo que vivía en Tel Aviv, que era “feliz” y gozaba de buen estado físico.
Expresó también que su tiempo lo dedicaba a “reflexionar sobre el sentido de la vida”. Además, reveló que es dueño de un restaurante de comida mexicana.
En el Gobierno anterior, Tomás Zerón de Lucio le costó a los mexicanos 12.3 millones de pesos. Esa fue la cantidad que, como salario, reunió por sus cargos en la dirección de la AIC, de septiembre de 2013 a septiembre de 2016, y luego, en la secretaría técnica del Consejo de Seguridad Nacional, de septiembre de 2016 a diciembre de 2018. A mediados de 2019 se fue a Israel.
