El truco de los fondos

Cada año se repite la historia. La asignación de recursos y su ejercicio en varios rubros del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se hace en completa opacidad, sin transparencia.

Algunos de los rubros más opacos se encuentran en el Ramo 23, de Provisiones Salariales y Económicas.

Es ahí donde radican algunos programas que distribuyen recursos públicos sin reglas de operación y sin un control de resultados y eficiencia del gasto.

En algunos casos se ha entregado mucho más dinero que el presupuestado originalmente. Ocurre así con el programa de Fortalecimiento Financiero que, sin reglas de operación, ha entregado 14 veces más de lo presupuestado originalmente.

En ese Ramo se encuentran también los fondos creados en la Cámara de Diputados para asignaciones completamente discrecionales, los llamados fondos “de los moches”.

Esto no solo afecta a la transparencia del gasto, sino a la calidad del mismo. Al no saber en qué se gasta o con qué criterios se asigna, se pierde la huella del dinero en tiempos de escasez.

Aunque en el discurso se trata de recursos que se otorgan a estados y municipios para apoyarlos en el desarrollo de su infraestructura u otro tipo de actividades o programas, en realidad se trata de un instrumento que pervierte el sentido del dinero.

El manejo discrecional, político y hasta electoral prevalece en la asignación y ejercicio de miles de millones de pesos. Y todo se opera desde la Cámara de Diputados.

Esta situación de opacidad provocó que a principios de este año un grupo de intelectuales interpusiera una demanda de amparo contra las disposiciones de la Cámara baja de crear nuevos fondos en completa discrecionalidad, sin seguir una fórmula o criterios específicos de asignación.

Uno de cada tres pesos del PEF se gastan a nivel local, en estados y municipios. Y es ahí donde se encuentran la mayor parte de las observaciones al mal ejercicio del gasto.

Para 2017, los diputados modificaron la Ley de Ingresos de la Federación y “tendrán” 51 mil millones de pesos adicionales para distribuirlos como les parezca.

Programa sin reglas, barril sin fondo

Uno de los programas creados por los diputados para el PEF 2016 fue el de Fortalecimiento Financiero a través del que se han destinado miles de millones de pesos para obras, pero sin reglas claras, y pagando mucho más de lo aprobado en el PEF.

Este programa, junto con el Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, fueron creados para enviar dinero a estados y municipios, que antes se mandaba a través de los fondos de pavimentación, infraestructura deportiva y cultura, que eran conocidos como los “fondos de los moches”.

Ubicado en el rubro de “Otras Previsiones Económicas”, dentro del Ramo 23, a ese programa se le 

asignaron mil 481 millones de pesos.

Sin reglas de operación y sin criterios de asignación, la Secretaría de Hacienda ya ha entregado 14 veces más recursos que los presupuestados originalmente.

A septiembre pasado, a través de Fortalecimiento Financiero ya se habían pagado 21 mil 466 millones de pesos.

Los diputados ni siquiera tuvieron conocimiento de que los recursos de ese programa serían enviados a las localidades. Nadie sabe quién tiene el control sobre ese dinero.

Sin siquiera tener una descripción de su objetivo, o de cómo se debe canalizar dinero hacia los gobiernos locales mediante ese programa, la asignación de esos recursos se ha realizado con total discrecionalidad.

“(Programa de) Fortalecimiento Financiero para atender las solicitudes de las entidades federativas en el concepto de Fortalecimiento Financiero”, es la definición que da la SHCP sobre ese rubro en su Estrategia Programática.

Y ni siquiera ha beneficiado a todas las entidades federativas. Esos 21 mil 466 millones de pesos han sido entregados para concretar 200 obras en los estados de Aguascalientes (2 obras); la Ciudad de México (62); Guanajuato (45); Hidalgo (11); Jalisco (2); Morelos (1); Estado de México (1); Oaxaca (7); Puebla (11); Sinaloa (1); Tabasco (39); y Zacatecas (17).

La Secretaría de Hacienda indica que existe una obra “sin identificar”.

Así, el gran beneficiario de la discrecionalidad con la que se asignaron los recursos de este programa ha sido la Ciudad de México.

El programa de Fortalecimiento Financiero no ha sido evaluado por el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda, por lo que no se tiene una idea precisa sobre si está cumpliendo sus objetivos o no… aunque en realidad no se sabe a ciencia cierta cuál es su objetivo.

Este dinero sale a través de la Secretaría de Hacienda, específicamente mediante la Unidad de Política y Desarrollo Presupuestario y se entrega a los gobiernos locales mediante convenios firmados con el Gobierno federal.

Un caso similar ocurrió con el programa de Contingencias Económicas, que estuvo en el PEF entre 2012 y 2015, que tuvo ejercicios exponenciales comparados con lo que se les había aprobado.

En 2015, por ejemplo, se le asignaron mil 81 millones de pesos y se terminaron ejerciendo 74 mil 800 millones de pesos.

Al igual que Fortalecimiento Financiero, este programa no tenía reglas de operación y el dinero salió mediante convenios firmados entre los gobiernos locales y el federal. 

Fondo de infraestructura

Cada año, los diputados federales –únicos facultados para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo- crean nuevos programas o fondos dentro del Ramo 23 para otorgar provisiones económicas a estados y municipios.

Haciendo diversos ajustes al presupuesto asignado para otros rubros, los diputados crearon varios programas y fondos para enviar dinero a algunas regiones del país.

En la negociación del PEF 2016, se dio oportunidad a que cada uno de los 500 diputados enviaran 20 millones de pesos al municipio de su preferencia… aun sin saber a qué proyectos se destinarían.

Nació entonces el Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), con un presupuesto de 9 mil 948 millones de pesos.

Este fondo tiene el antecedente de aquellos de pavimentación, infraestructura deportiva y cultura que se aprobaron en años anteriores, pero que tenían la misma lógica: se les “entregaba” a los diputados una cantidad de dinero que ellos podían colocar donde mejor les pareciera.

A septiembre de este año, la Federación ya había entregado 7 mil 771 millones de pesos de este Fondo, cuyo objetivo es “generar infraestructura urbana y social; así como construir, ampliar y mejorar espacios educativos, artísticos, culturales y para la práctica del deporte”, de acuerdo al portal de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.

Debido al antecedente por las denuncias del cobro de moches que se habían hecho con los recursos de estos fondos –en que presuntamente los diputados cobraban una comisión a cambio de asignar dinero a ciertos municipios u obras-, los legisladores decidieron que el manejo sobre dar o no el dinero recayera directamente en la Secretaría de Hacienda.

Esta dependencia emitió una serie de lineamientos que debían cumplir los municipios que fueron señalados en el decreto del PEF 2016; los gobiernos locales tuvieron que entregar proyectos y justificaciones a Hacienda para poder recibir ese recurso.

En total, se decidió apoyar a casi 4 mil proyectos en todas las entidades, que van desde la repavimentación de calles, la conservación de parques o bibliotecas hasta la construcción de pozos.

“(El) Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, (son) recursos destinados a la generación de infraestructura, principalmente, pavimentaciones de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social”, define la Estrategia Programática de la SHCP.

Caso contrario al Fortalece ocurrió con otro programa creado por los diputados para el ejercicio de este año: el de Fortalecimiento Financiero.

Otro programa utilizado para enviar dinero a los gobiernos locales es el de Programas Regionales, que tampoco cuenta con reglas de operación públicas para determinar la asignación del gasto.

En 2016 le fueron asignados mil 716 millones de pesos; a septiembre pasado se habían pagado apenas 85 millones de pesos, apenas el 5 por ciento del total.

El dinero está programado para 712 proyectos de inversión, de los que 628 son localizables geográficamente, ubicados en 24 entidades del país.

Todos estos recursos se entregan por convenios de transferencia entre el Gobierno federal y las entidades, para llegar después a los municipios. El retraso en la entrega del dinero de este programa es del 95 por ciento.

Otros programas oscuros

Los de construcción o mantenimiento de infraestructura no son los únicos programas opacos dentro del Ramo 23.

En las negociaciones del PEF para 2016, los diputados crearon el programa de Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México.

Para dicho programa fueron etiquetados mil 500 millones de pesos, de los que se han entregado mil millones; sin embargo, en el portal de Transparencia Presupuestaria no aparece la forma en que fueron gastados o a dónde se enviaron.

Los diputados mandaron recursos también a un nuevo programa de Separación Laboral, destinado a enfrentar los gastos por la liquidación de todos los burócratas que serían despedidos por el recorte presupuestal.

A este fin se destinaron 2 mil 135 millones de pesos, de los cuales no se ha pagado un solo peso.consisten estas prácticas?En primer lugar, imponer fuertes multas a quienes incurran en prácti ner fuertes multas a quienes incu cas. monopólicaas ventas.

Opacidad constante

La opacidad en la asignación y ejercicio del gasto es una constante. En cada ejercicio presupuestal, miles de millones de pesos se ejercen sin saber bien a bien a dónde fueron enviados, con qué motivo, y cómo fueron invertidos.

Para Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, todo el capítulo de gasto destinado a las transferencias y subsidios debe regirse bajo principios que eviten un mal manejo de los recursos.

“Los programas deben estar bien diseñados, que tengamos una garantía de que van a tener un efecto en la economía o en el bienestar social, porque los subsidios que no están bien documentados, que no parten de intervenciones bien diseñadas, son proclives al uso político, por ejemplo, o a desperdicio, simplemente a transferir dinero de un gobierno a otro, en donde no vamos a tener una aportación al crecimiento”, expuso Campos en un foro sobre Presupuesto 2017 realizado en el Senado.

Además, la opacidad es una constante tanto durante la discusión de las asignaciones en el PEF y después, en la ejecución del gasto.

El gasto de estos programas se encuentra englobado en el capítulo 4000, de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, que ha tenido un incremento exponencial en este sexenio.

En el 2012, a este capítulo le fueron asignados 587 mil millones de pesos; para 2015, el gasto ya fue de 901 mil millones de pesos.

Mucho de ese gasto se clasifica como “No distribuible geográficamente”.

“Se deja una ventana abierta a que haya poca claridad en cuanto a qué localidad, a qué estado, se va a ir este gasto. Sabemos que hay muchos años electorales, en donde hay campañas de gobernadores y de congresos locales, en donde es muy importante tener blindado este tipo de gasto”, sugirió.

De toda esa bolsa de dinero, explicó Campos, solo el 20 por ciento tiene un destino certero.

“Esto sugiere que hay una mala planeación del gasto y que las decisiones se van tomando al vapor”, apuntó.

Y para muestra un botón. Con el inicio del sexenio se creó un programa de Contingencias Económicas, del que no se tenían reglas de operación, y que tuvo un gasto exponencialmente mayor 

al presupuestado inicialmente.

En 2014, a este programa se le asignaron mil 072 millones de pesos, pero tuvo un ejercicio de 54 mil 900 millones. En 2015, se le asignaron mil 81 millones y se ejercieron 74 mil 800 mdp.

Estos recursos se entregaron a gobiernos locales mediante convenios que no se publicaron, sin lineamientos para su entrega.

Este programa no ha sido evaluado por la Auditoría Superior de la Federación.