Crisis líquida

Escasez, racionamiento, baja en la calidad y hasta aumento en las inundaciones por falta de mantenimiento en la red de drenaje y agua potable, serán la realidad que se enfrente en todo el país a partir del próximo año.

El recorte del 72 por ciento en los recursos que el Gobierno federal destinará para el agua potable en los estados, pegará en el corazón del suministro del vital líquido. Y no solo en algunas zonas. 

Expertos aseguran que las escenas que viven diariamente personas en Iztapalapa, en la Ciudad de México; o en Ecatepec, en el Estado de México, donde la escasez es cosa de todos los días, podrían multiplicarse en todas las entidades.

“El impacto será brutal”, afirmó José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

No se trata solamente de la escasez en sí misma. Debido a ella, el país podría enfrentar una crisis social y de gobernabilidad. La gente comenzará a protestar porque no llegará el agua o la recibirán en muy malas condiciones.

El recorte para algunos estados supera el 80 por ciento respecto al dinero que recibieron en el 2016.

Ese dinero, que envía la Federación a los organismos de agua de los estados, es utilizado para obras relacionadas con el servicio de agua potable -mantenimiento de pozos y tuberías, monitoreo de la calidad del líquido, por mencionar algunos-, así como de drenaje y alcantarillado.

Expertos y legisladores consideran que este recorte presupuestal al agua podría convertirse en un problema de seguridad nacional, pues los estados no tendrán la capacidad para cumplir con el suministro del agua ni para hacer crecer la red, y comenzará a haber protestas.

En la negociación presupuestal para el 2017, diputados de todas las bancadas –incluida la del PRI- trataron de negociar con la Secretaría de Hacienda que se evitara el recorte para los servicios de agua. Sus esfuerzos no tuvieron frutos; se mantuvo el recorte.

Hay quien acusa que se trata de un intento por minar los servicios de agua e inducir hacia la privatización no del líquido, pero sí de su manejo.

La crisis por el agua comenzará en el 2017.

Recortes millonarios

La crisis que enfrentarán los organismos de agua de los estados y municipios no es menor; el próximo año obtendrán solamente el 27.5 por ciento de los recursos que tuvieron este 2016.

A los Subsidios para la Administración del Agua y Agua Potable, el Gobierno federal asignó 12 mil 513 millones de pesos para 2016; en 2017, ese mismo programa tendrá disponibles solamente 3 mil 449 millones de pesos.

Es decir, para el próximo año, los estados tendrán solamente 27.5 centavos de cada peso que recibieron en 2016; el recorte fue de más de 9 mil 63 millones de pesos, un 72.5 por ciento.

Ese fue el promedio, pero en la realidad, algunos recortes serán más pronunciados.

El estado de Oaxaca será el más golpeado, pues recibirá 84.2 por ciento menos recursos que este año. En 2016 tuvo acceso a 488 millones de pesos; en 2017 solo tendrá 79 millones.

Ahí la ciudad de Oaxaca se enfrentan problemas de abasto por los conflictos que tienen las autoridades estatales con las comunidades cercanas, de donde se toma el agua para llevar a la capital.

El segundo recorte más pronunciado se dará en Tabasco, estado que cada año sufre de inundaciones –que incluso han cobrado vidas- y hasta donde solo llegará una pequeña parte de presupuesto federal.

En 2017, esa entidad recibirá 93 millones de pesos, 82.3 por ciento menos que en 2016, cuando le fueron asignados 509 millones.

En tercer lugar estará Sonora, un estado mayormente desértico y ya con conflictos sociales por el manejo del vital líquido.

Ahí llegará un 80 por ciento menos de dinero que este año. En 2016 tuvo 380 mdp; el próximo recibirá 78 millones.

Directo al corazón

El andamiaje legal de la administración del agua en el país obliga a que la Federación envíe recursos a los estados y municipios para su manejo.

Los estados reciben este dinero, que es manejado por los organismos de agua estatales y municipales. Para ejercerlo, las entidades deben poner una parte proporcional a la que se les otorga, dependiendo del destino del gasto.

Hasta antes de la reingeniería presupuestal, en que se trabajó en el Presupuesto Base Cero para eliminar rubros inservibles y compactar otros que pudieran ser similares, había varios programas dedicados al manejo del agua y al saneamiento en el país.

El uso agrícola del agua se maneja en un programa, el de Subsidios Hidroagrícolas, que también presenta un recorte de 40.3 por ciento.

En otro programa, para el suministro del líquido a la población, todos los programas de agua potable; alcantarillado y saneamiento; agua limpia; y construcción y rehabilitación de sistemas, se fusionaron en un solo subsidio que se envía a los estados. 

Los de este programa, nombrado ahora Agua Potable, Drenaje y Saneamiento –conocido como Proagua-, pero entregados como Subsidios para la Administración del Agua y Agua Potable-, fueron los recursos que disminuyeron en 72.5 por ciento.

Ese dinero es utilizado por los organismos que manejan el agua en cada entidad y municipio para fortalecer e incrementar la cobertura de servicios de agua, alcantarillado y saneamiento, así como para la desinfección del líquido –eliminar y evitar contaminantes- y el tratamiento de aguas residuales.

Es decir, una disminución de recursos de tal magnitud, pegará directamente en el corazón del suministro y calidad del agua y el saneamiento de todo el país.

Aunque el recurso federalizado no es el único que invierten los estados en obras y mantenimiento de las redes y sistemas, es cierto que la caída pegará a las finanzas estatales, pues de cada peso que se invierte en estas obras, una parte la pone la Federación y otra el estado.

Por ejemplo, según las reglas de operación que aplicaron para los programas de agua en el 2016, en el caso de las obras que llevan y garantizan el suministro de agua potable a comunidades de entre 2 mil 500 y 14 mil 999 habitantes, la Federación pone 7 de cada 10 pesos; si son localidades con una población de medio millón de personas, son 5 de cada 10 pesos. El Gobierno estatal debe poner la otra parte.

Si se trata de la realización de estudios y proyectos, la Federación cubre hasta el 75 por ciento de su costo, y las entidades el resto.

‘Impacto brutal’

La falta de inversión se reflejará directamente en la calidad del servicio de agua al que tienen derecho todos los ciudadanos.

José Luis Luege Tamargo, quien fuera director de la Comisión Nacional del Agua durante todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón, señaló que este recorte traerá “consecuencias gravísimas” para todo el país.

“El impacto va a ser brutal, va a ser sumamente negativo. Tendrá un enorme impacto social (…). 

Significa un detrimento muy grande a la calidad del servicio, porque lamentablemente los organismos municipales en general están en una situación deplorable.

“En muchos municipios va a faltar el agua, el agua va a ser de muy mala calidad, empiezan los tandeos, ya no vas a tener agua todo el tiempo. Y al rato va a ser una crisis muy difícil de manejar”, sentenció Luege.

Sería el punto culminante de una crisis por abandono que se ha tenido a lo largo del tiempo, sostuvo, pues los gobiernos no han destinado el gasto necesario para mantener una red de esas características.

“En los últimos años se ha dejado caer esa inversión, y esto ha redundado en una mala calidad del agua, falta de calidad en la potabilización, fugas en la red, no tienen medidores y no pueden cobrar lo que te consumen, en fin. La eficiencia del organismo se viene abajo, se cae”, comentó el panista.

Este recorte, obligará a los estados a hacer una reingeniería de todo el gasto social, opinó, pues muchos de los programas asistenciales están fondeados con recursos que dejan de destinarse a inversión.

Para Miguel Ángel Montoya, experto en gestión integral del agua y asesor parlamentario sobre el tema, el recorte provocará problemas de gobernabilidad en todo el país, pues la falta del vital líquido afecta directamente a las personas, por lo que habrá múltiples protestas.

En su opinión, quitarle dinero a los sistemas de agua de todo el país es una medida que se tomó para inducir a la privatización del servicio, a nivel nacional.

“Como va a generar una crisis de gobernabilidad, van a forzar a los gobiernos estatales a concesionar el servicio (…) en un año más o menos, a finales de 2017, la crisis se va a empezar a 

manifestar. 

“Porque había dinero no se va a empezar a notar inmediatamente; pero cuando empiecen a faltar las obras y cuando ya no llegue el agua a las casas, entonces se verá”, indicó.

Montoya criticó que, contrario al recorte que irá a los estados y municipios, el Gobierno federal priorizó la inversión en grandes obras que se realizan bajo el esquema de asociaciones público privadas en las que participan empresarios, tales como el acueducto de El Zapotillo, la infraestructura hidráulica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o el Túnel Emisor Oriente.

“Los gobiernos estatales, en una decisión de qué hacer con el poco dinero que tengan, pues van a priorizar meter electricidad a los pozos, a seguir operando; pero si tienen demandas de servicio de las nuevas colonias o en las que fueron creciendo, ya no lo van a poder afrontar; y entonces sí van a tener que privatizar porque ya no les va a dar. Esa es la lógica de esto.

“Es muy claro el dolo o la intención de recortarle de este modo. No fue una omisión, no fue algo que se les pasara o que no tuvieran antecedentes; fue algo que se alertó desde muchos sectores”, insistió Montoya.

El experto enfatizó en que no solo habrá problemas de desabasto sino que, por ejemplo, se dejarán de cambiar tuberías viejas tanto de agua como de drenaje, lo que traerá más fugas e inundaciones.

Intento por detenerlo

Uno de esos esfuerzos por impedir el recorte fue protagonizado por el Gobierno de la Ciudad de México, que denunció en repetidas ocasiones que la disminución tan drástica de los recursos para la capital del país provocará el colapso del sistema.

Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, advirtió a diputados federales que tan solo en la capital, la crisis llegará en dos años porque estarán imposibilitados para brindar el servicio.

“Ahorita ya tenemos problemas de abasto en varias colonias, mismos que se van resolviendo al día y con los que más o menos vamos atemperando que la situación esté razonablemente estable; con problemas, pero estable. Y si no emprendemos acciones, se va a generar una crisis”, dijo Aguirre.

La disminución en la Ciudad de México será de 670 millones de pesos, casi el 70 por ciento respecto a este año.

A pesar de las advertencias de varios sectores, incluso de la iniciativa privada, los diputados no movieron una sola coma al proyecto presidencial del Presupuesto de Egresos que ya contenía el recorte.

Francisco Xavier Nava, diputado por el PRD y secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara baja, señaló que legisladores de todas las bancadas hicieron varias propuestas a la Comisión de Presupuesto y a la Secretaría de Hacienda para que se buscara la manera de evitar el recorte, pero no tuvieron éxito.

Una de esas propuestas fue que no se priorizaran tanto los proyectos de asociaciones público privadas y se pidiera apoyo a los empresarios.

“No pudimos convencer a Hacienda de que en este año, en el 2017, con esta astringencia económica, con situaciones muy complejas, que le pidiera a los particulares que ellos fueran los que echaran mano de recurso privado para sustituir la inversión pública solo en este año, no en los siguientes y así el Estado tuviera mayores recursos para invertir en programas federalizados.

“Nada de eso fue posible. No se le movió una sola coma a la propuesta del Presupuesto de Egresos. 

Y el aeropuerto va con más de 3 mil 200 millones de pesos, que es casi el monto total de lo que tiene el programa de agua (…). No fue una prioridad para el Gobierno federal”, recalcó Nava.

Se intentó también, comentó, buscar que recursos de programas donde hay subejercicios se pasaran a este rubro, sin éxito.

El diputado coincidió en que esta situación traerá problemas de gobernabilidad en un corto plazo.

“Pueden empezar a surgir conflictos sociales porque el agua es fundamental para toda la vida. Ya tenemos problemas en muchos lugares del país (…) y si no hay obras de agua potable, alcantarillado, tratamiento, etcétera, pues estos requerimientos no podrán estar satisfechos ni siquiera en un 30 por ciento. Y si ya se habían diseñado obras, ya no se van a poder hacer; pero eso no les importó”, subrayó el perredista.

El legislador recordó que el acceso al agua es un derecho garantizado en la Constitución Política, por lo que un recorte de estas características atenta contra los derechos de los ciudadanos.