Senadores del PRD propusieron que los registros del Instituto Nacional Electoral sean utilizados para identificar los cuerpos de personas que se encuentran en los servicios médicos forenses del país.
Esta acción podría contribuir a disminuir la grave situación en tema de desapariciones que ocurre en el país.
De esta manera, las autoridades podrán buscar a los familiares o conocidos de las personas desaparecidas y notificarles que están en algún servicio forense o cuál fue el destino de sus restos.
A propuesta de Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD, se harían reformas a la Ley General en materia de Desaparición de Personas y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para incorporar al INE en las investigaciones para localizar a quienes están sin identificar
“La implementación de la Ley requiere la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, realizando investigaciones prontas y efectivas a través de diversas gestiones encaminadas a contribuir en la ubicación de las personas que han sido reportadas como desaparecidas”, expone la argumentación.
El problema de las desapariciones en México es de grandes dimensiones. En la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas realizada ayer el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida confirmó que la cifra de personas desaparecidas en el país es de 37 mil 485.
“Y seguramente es mucho más grande el número de personas desaparecidas, pero teníamos que basarnos en datos oficiales que es lo que existe y hacer un registro nacional”, recalcó Navarrete.
De los más de 37 mil casos de personas ausentes de 26 mil se tienen registros completos y en 16 mil se cuentan con huellas dactilares. Sin embargo, solo han sido identificadas 340; es decir, menos del uno por ciento.
En la Ciudad de México, expone la iniciativa, ya existe un convenio entre el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) y el INE; el resultado ha sido que se logró identificar y entregar los restos del 71 por ciento de las personas que se encontraban como no identificadas en el forense.
La CDMX, el caso exitoso
Para aumentar las posibilidades de localizar a personas desaparecidas, el 6 de septiembre del 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Procuraduría General de la República, las procuradurías y fiscalías estatales, la Comisión Nacional de Tribunales, los institutos de servicios médicos forenses de las entidades federativas y el INE, para colaborar con el intercambio de datos.
Este aporte incluyó la información de dos bases de datos. Uno, del Sistema de Identificación Automático de Dedos (AFIS, por sus siglas en inglés); y dos, del Sistema Automático de Identificación Biométrica (ABIS, por sus siglas en inglés).
El AFIS es un sistema automatizado de huellas digitales, almacenamiento de imágenes digitales y el intercambio electrónico de información
El ABIS exige la recopilación obligatoria de las 10 huellas dactilares rodadas, un mínimo de cinco fotografías para fichas tomadas desde distintos ángulos y un raspado oral para obtener el ADN.
El intercambio de información de las huellas digitales requirió que se homologaran los esquemas de digitalización de las fichas dactilares que, antes de eso, solo se realizaban en papel.
“Con ello, el rango de búsqueda que puede llevar a cabo una entidad federativa, es dimensionada en toda la República Mexicana con la utilización responsable y confidencial del padrón electoral de nuestro país, mismo que rebasa los 87 millones de registros”, explica la argumentación de la propuesta.
En el caso de la Ciudad de México, el senador Miguel Ángel Mancera —antes jefe de Gobierno capitalino—, expuso que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ha digitalizado3 mil 773 huellas que fueron enviadas al INE, con registros de entre los años 2008 al 2017.
De todos esos casos, en 650 existe la certeza de que se trata de la misma huella digital; en 258 casos se tuvo acceso al nombre y domicilio, que antes de la firma del convenio se consideraban personas desconocidas.
Entre mayo y diciembre del 2017, el INCIFO envió a la PGJ de la Capital un total de 146 huellas, para intentar localizar a los familiares de personas en calidad de desaparecidos que se encontraban en los servicios forenses.
De esos 146 casos, se logró identificar a 104 personas; de ellas, se entregaron los restos de 101 a sus familiares. Es decir, el 69 por ciento de quienes estaban en calidad de desconocidos fueron reconocidos por sus seres queridos.
De las 104 personas que fueron reconocidas gracias a la información compartida por el INE, 71 tenían su domicilio en la Ciudad de México; el resto eran de otras entidades del país: 23 del Estado de México; 3 de Oaxaca; 2 de Tabasco; 2 de Veracruz; 2 de Hidalgo; y 1 de Jalisco
Apenas el 2 de octubre pasado, el INCIFO envió otros 70 registros de cadáveres de identidad desconocida para comenzar con los trabajos de identificación de sus familiares.
Hacerlo obligación
Mancera señala que no basta con que se firmen convenios entre autoridades para que esta medida pueda ser implementada, sino que deben hacerse cambios a las leyes para que sea ahora una obligación legal y no quede a la buena voluntad de las autoridades.
El procedimiento tiene garantizado un alto índice de efectividad, señala Mancera, pues el INE cuenta con un padrón electoral que almacena los datos de 89 millones 408 mil 404 registros.
“El esquema de colaboración se ha ido consolidando a través de los convenios y protocolos de actuación específicos, que contribuyen a identificar a las personas que, por alguna circunstancia, fueron desaparecidos, dejando a las familias en completo estado de incertidumbre al no contar con mecanismos que permitan su propia localización.
“Razón por la cual, establecer como obligación para todos los entes públicos involucrados, incluyendo desde luego el Instituto Nacional Electoral en esta armonía de participación, deberá trascender en esta ley específica que nos ocupa”, expone la iniciativa.
Después de que el INE otorgue la información sobre la identidad y el domicilio de las personas occisas, los agentes del Ministerio Público deberán hacer las diligencias necesarias para buscar y notificar a las familias sobre el fallecimiento de su ser querido, además de que se obligará a que se otorgue apoyo de psicólogos, trabajadores sociales, médicos y todo el personal necesario
Esta iniciativa fue turnada a comisiones del Senado y, una vez aprobada ahí, deberá ser enviada a la Cámara de Diputados.
