A 20 años de los emblemáticos casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, se siguen cometiendo las mismas deficiencias cuando se investiga la muerte violenta de una mujer.
Un informe de Amnistía Internacional revela que el Estado mexicano persiste en su omisión del deber de investigar, así como en la violación de los derechos de acceso a la justicia y protección judicial de las víctimas de feminicidio y desaparición desde los primeros asesinatos en Ciudad Juárez en los años noventa.
Cuando mujeres jóvenes o adolescentes trabajadoras de maquilas con pocos recursos fueron privadas de su libertad por algunos días y luego sus cuerpos aparecieron desmembrados o extremadamente lastimados, hasta la violencia de género que se vive en el Estado de México, donde se han registrado numerosos casos de feminicidio y desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, los cuales comenzaron a visibilizarse desde el 2010 en la zona oriente de la entidad.
En su estudio “Juicio a la justicia”, la organización analiza los errores en las investigaciones penales de feminicidio en el Estado de México a través de la documentación de los casos de tres víctimas de feminicidio y uno de desaparición en la zona oriente del Edomex.
“Las deficiencias de las investigaciones de los cuatro casos analizados coinciden con aquellas ocurridas en otras investigaciones, tanto del Estado de México como de otras entidades federativas, y que han sido denunciadas previamente por organizaciones de la sociedad civil, expertas y titulares de derechos”, señala el documento.
El informe concluye que las investigaciones penales de los casos de feminicidio precedidos por la desaparición por parte de las autoridades son deficientes en tres puntos concretos.
Uno, en las investigaciones es frecuente que se pierdan evidencias relacionadas con los hechos; dos, las autoridades no investigan lo suficiente y, tres, la perspectiva de género no se aplica en las investigaciones.
“Además, las familias son revictimizadas porque deben invertir tiempo y dinero en investigar y presionar a las autoridades para que investiguen, además frecuentemente son amenazadas y maltratadas por algunas personas responsables de los delitos y, a veces, también por las autoridades”, señala.
