Las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de los jueces de la Ciudad de México están en la opacidad.
Dichos instrumentos sirven para verificar que los servidores públicos locales no tengan incrementos irregulares de su patrimonio que sean ajenos a su cargo, indica el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).
“La declaración patrimonial permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan monitorear que el patrimonio del funcionario crezca conforme a sus ingresos y los de sus familiares. La información que se pide en este documento incluye: ingresos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores del declarante”, señala el IMCO en su portal electrónico.
La declaración de intereses sirve para que se certifique que el funcionario no tiene vínculos personales o profesionales que puedan afectar el correcto desempeño de su puesto. Mientras que la fiscal certifica que esté al corriente de su pago de impuestos.
Dar a conocer los 3 documentos de los funcionarios públicos es una obligación de todas las autoridades locales, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
Sin embargo, los encargados de impartir justicia en la capital tienen sus declaraciones en la opacidad aunque su sueldo es superior a la de la jefa de Gobierno de la Ciudad: de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) un juez en la capital gana 114 mil 109 pesos brutos al mes mientras que la mandataria local, 112 mil 179 pesos
Lo anterior, aunque la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones de la Ciudad de México estipula que ningún funcionario puede ganar más que la mandataria local.
Información oculta de jueces en cDMX
Una revisión a la Fracción XIII del artículo 121 del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Poder Judicial local revela que la declaración patrimonial de los jueces y magistrados de la Ciudad de México (PJCDMX) de 2021 solo contiene su sueldo anual y su nombre.
La información restante que deben contener las versiones públicas —como bienes inmuebles personales y de su familia; los ingresos de su cónyuge; y si tiene créditos bancarios vigentes— se desconoce: están totalmente tachados en los documentos.
Lo anterior, aunque el formato definido por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para las declaraciones señala que los funcionarios deben informar si adquirieron bienes inmuebles o no; cuál es su valor; también el valor aproximado de los bienes de sus familiares; y el monto por el que han contratado algún crédito bancario.
Las declaraciones fiscales y de intereses también está en opacidad: está tachada en negro la parte que indica que los jueces no tienen nexos que impidan realizar sus funciones. Tampoco es de dominio público si están al corriente de sus pagos de impuestos o si tienen participaciones financieras en sociedades de inversión o empresas.
Además, no están en el sistema de consulta pública las declaraciones patrimoniales de años anteriores a 2021.
Al final del formato del Poder Judicial, en el que los jueces declaran su patrimonio, existe una leyenda que indica que los datos contenidos solo podrán ser dados a conocer con autorización expresa del funcionario.
“Los datos personales recabados en el presente formato de declaración patrimonial, serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personales de la contraloría del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, estos no podrán ser difundidos sin el consentimiento de su titular. El objetivo de los datos aquí recabados es conocer su evolución patrimonial, con la finalidad de llevar el registro, seguimiento y resguardo, así como su uso estadístico. Solo podrán ser transmitidos a las autoridades expresa y legalmente competentes a través de mandato judicial”, dice el formato.
El contraste de la declaración de los jueces, la de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum sí es pública totalmente: contiene sueldo, créditos otorgados y otros ingresos.
El argumento legal
El Poder Judicial de la capital puede emitir acuerdos y lineamientos para que los jueces no declaren sus bienes de la forma que estipula la ley, comenta Bernardino Esparza, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle.
“No es opacidad, son acuerdos y lineamientos que se emiten en proporción de las funciones que desempeñan los jueces”, indica.
Considera que los jueces resuelven casos penales que pueden representar un riesgo para ellos y, por eso, tienen derecho a conservar su información patrimonial reservada.
“Eso permite que se tenga la garantía de la independencia del juzgador y que no haya presiones externas (…) Si una persona implicada conoce su patrimonio, puede que se haga un mal uso de información”, declara.
Por último, afirma que la Contraloría de TSJCDMX es el órgano que puede pedir una ampliación de la declaración en caso de que hayan aumentos desproporcionados en la información entregada por los jueces.
“Si existe alguna anomalía, entonces el órgano interno de control debe investigar y en su caso sancionar, para evitar que haya un mal uso del servicio público”, detalla.
