Pasado de corrupción en alcaldía Magdalena Contreras
Patricia Ortiz Couturier dejó de ser alcaldesa de Magdalena Contreras desde octubre de 2021; sin embargo, las irregularidades que cometió durante su administración continúan saliendo a la luz
David MartínezLa primera administración de la alcaldía Magdalena Contreras utilizó la pandemia de COVID-19 para manejar recursos públicos de manera irregular, revelan investigaciones de autoridades fiscalizadoras locales.
Una auditoría realizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México (SCGCDMX), revela que, en el 2020, la demarcación cometió anomalías en diversos contratos de sanitización que superan los 3 millones de pesos.
Entre las malas prácticas halladas por el órgano de control del servicio público local están el no verificar el cumplimiento de los acuerdos comerciales, incumplimientos y contratos que no especifican los trabajos adjudicados.
Dichas anomalías se suman al historial de irregularidades que se han denunciado durante la gestión de la exalcaldesa, Patricia Ortiz Couturier, quien actualmente es delegada metropolitana del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Ortiz Couturier fue alcaldesa de Magdalena Contreras desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2021, cuando tuvo que dejar el cargo después de perder la reelección frente al priista Luis Gerardo Quijano.
La investigación
En octubre de 2021, el Órgano Interno de Control de Magdalena Contreras —adscrito a la SCGCDMX— concluyó la auditoría A-1/2021, clave 1-6-8-10, realizada a los contratos firmados por la demarcación para el “Servicio de Sanitización de los inmuebles, vía pública, patrullas y ambulancias de la alcaldía Magdalena Contreras”, durante el 2020.
Dicho año fue cuando se declaró el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y se convirtió en prioridad de las autoridades el atender la pandemia.
Según el documento, la entidad analizó 6 contratos y un convenio por un monto de 27 millones 949 mil 313 pesos, el 61 por ciento de lo gastado por la demarcación en sanitización durante el 2020. En total, la contraloría hizo 3 observaciones por anomalías administrativas en 2 contratos, el AMC/DGA/AD/037/2020 y el AMC/DGA/AD/075/2020.
La más importante de las observaciones es que la alcaldía no tuvo evidencia que se prestaron servicios de la manera acordada por un monto total de 3 millones 996 mil 432 pesos, cantidad que se acordó como pago para ambos contratos.
“Respecto al contrato AMC/DGA/ AD/075/2020 referente al servicio de sanitizaciones de inmuebles en la vía pública, patrullas y ambulancias para evitar la propagación del COVID-19, formalizado el 21 de octubre de 2020, cuyo servicio fue pagado por un importe de 2 millones 998 mil 600 pesos, la jefatura de la de Unidad Departamental de Servicios Generales y Combustibles en su carácter de área requirente no comprobó que, dichos servicios durante su ejecución se realizaron de conformidad con las buenas prácticas del uso del desinfectante”, señala la investigación.
Mientras que en el acuerdo comercial AMC/DGA/AD/037/2020, el monto de los servicios que no se ejecutó de manera correcta fue de 997 mil 832 pesos.
Desinfecciones sin comprobar en Magdalena Contreras
La segunda observación de la contraloría es que en los 2 contratos referidos, las desinfecciones no se realizaron en los espacios estipulados.
De acuerdo con la auditoría, en total, en ambos documentos se acordó la sanitización de 225 inmuebles y espacios públicos. Sin embargo, no se encontró información que compruebe que se ejecutaron los trabajos en 140 de estos lugares.
La alcaldía entregó evidencia documental de que se realizaron las sanitizaciones faltantes, pero no en los lugares acordados en el contrato, según el informe de hallazgos de la auditoría.
El argumento de la administración de Ortiz Couturier es que se encontraba imposibilitada de conocer y precisar previamente los lugares que necesitaban sanitización. Sin embargo, el órgano auditor señaló que la situación no era excusa para que se incumpliera el contrato.
“El área auditada argumenta que se encontraba imposibilitada para determinar con exactitud los sitios donde pudieran haber brotes de COVID-19, dicha circunstancia no fue indicada en el contrato como posible eventualidad en un sentido enunciativo pero no limitativo, a efecto de considerar incorporar o cancelar la obligación de los inmuebles a sanitizar”, determina el ente.
Contrato mal hecho
La última observación revela que el acuerdo AMC/DGA/AD/037/2020 no cumplió con los requisitos ni detalló la forma, ni materiales utilizados para sanitizar.
“Se omite la información que permita identificar las especificaciones del proceso de limpieza, así como las soluciones desinfectantes utilizadas”, menciona la investigación.
La alcaldía en una reunión de confronta señaló que sanitizar es un concepto de la Asociación Internacional de Limpieza que se refiere a la eliminación de microorganismos.
No obstante, la Contraloría Interna de Magdalena Contreras afirma que el virus del COVID-19 no está dentro de la categoría de un microorganismo por lo que la observación no se considera como solventada.
Como acciones correctivas, el órgano solicitó a la demarcación mejorar sus mecanismos de control interno así como de elaboración de contratos y, por último, entregar los informes de los plaguicidas utilizados para el servicio de sanitización.
