El alcalde de San Pedro Garza García, Miguel Treviño de Hoyos, desvió el cauce del arroyo El Capitán para su proyecto municipal. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) acusó que violó el artículo 119, párrafos XX y IV, de la Ley de Aguas Nacionales.
Dentro de este cauce, Treviño edificó obras para el Parque El Capitán incurriendo en faltas a la ley que afectan el equilibrio ecológico del arroyo. La ejecución de un procedimiento administrativo está en curso.
“El procedimiento administrativo al municipio de San Pedro Garza García, por incurrir en faltas previstas en las fracciones IV y XX del artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, por edificar obras dentro del cauce del arroyo El Capitán, con sanciones económicas y el ordenamiento de demolición y remoción de estas mismas”, dice un comunicado de prensa.
Estas fracciones de la Ley de Aguas Nacionales a las que hace referencia la Conagua establecen sanciones por modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente o cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional, según el artículo XX. Mientras que la fracción IV menciona ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección sin el título de concesión.
En 2020, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mediante la orden de visita de inspección PFPA/25.3/2C.27.5/0024-20, llevó a cabo la clausura de los trabajos que se realizaban en el arroyo El Capitán. El municipio carecía de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La Profepa ya había determinado la clausura de los trabajos que se realizaban en el arroyo El Capitán en 2020
A pesar de que el ecosistema estaba en riesgo, el alcalde recurrió a una serie de amparos para continuar con la obra que ya está terminada. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó el 15 de julio que no se debió otorgar una suspensión de amparo al municipio de San Pedro para seguir con los trabajos en el Parque El Capitán, que ya habían sido clausurados por la Profepa.
La Corte revocó la suspensión el 1 de julio, con el argumento de que debió considerarse el daño al medio ambiente que expusieron los vecinos en su demanda.
“Ante la duda sobre un riesgo o daño medio ambiental con motivo de la obra municipal, la decisión que era acorde con el principio precautorio era negar la medida cautelar a fin de proteger y conservar el medio ambiente”, dice el incidente de suspensión de la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia.
El alcalde ha sido denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las exdiputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ivonne Bustos Paredes, y del Partido Acción Nacional (PAN), Claudia Caballero, por la probable afectación ambiental que generan las obras de los parques de San Pedro. A la queja se sumó el exsenador suplente del PAN, Jesús Horacio Delgadillo, el regidor panista Ernesto Javier Chapa Calvillo y el ciudadano José Musquiz Zermeño.
Buscan desviar más agua federal
Vecinos de la colonia Residencial Chipinque, segundo sector, se opusieron a un proyecto sectorial para remodelación de un parque, porque causará un daño al ecosistema de un arroyo hidrológico llamado cuenca 9, cuya agua tiene como destino el arroyo El Capitán.
Se trata del proyecto sectorial Ecoparque del Arroyo de Residencial Chipinque, que cuenta con caída de agua natural de la Sierra Madre Oriental. La obra forma parte del proyecto San Pedro Parques, del alcalde Miguel Treviño.
Lety Benavides, vecina de la colonia Residencial Chipinque y presidenta del segundo sector, dijo que sería un error construir en la zona.
“Unos de los factores es que jamás nos pidieron una consulta y estamos en la negativa total porque queremos conservar las áreas naturales. Este parque se distingue porque es el rincón más importante de toda la Sierra Madre”, lamentó la vecina en una transmisión en vivo de la página de Facebook Salvando San Pedro.
Funcionarios y exfuncionarios han denunciado penalmente ante la FGR a Miguel Treviño
Benavides insistió en el rechazo vecinal a este proyecto y en redes sociodigitales ya han mostrado respaldo.
“Esta es la cuenca 9, que empieza en el área núcleo que se desarrolla en el arroyo y llega hasta El Capitán, que tiene dos normas regulatorias de protección y conservación de áreas verdes. No queremos este proyecto”, continuó.
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