La lucha por la paridad total en Nuevo León se encuentra en riesgo. Ante este panorama, mujeres pertenecientes a órganos, secretarías, así como exdiputadas y legisladoras, quienes hasta hace poco defendían su derecho constitucional de acceder a puestos de toma de decisiones, están paralizadas.
Han pasado 12 días desde que fue aprobada la reforma integral a la Constitución de Nuevo León, la cual elimina la paridad total, un derecho conquistado por las mujeres el 6 de junio de 2019, cuando entraron en vigor modificaciones a 10 artículos de la Constitución mexicana.
Tras las reformas de 2019, la administración neoleonesa solo requería homologar la paridad total, dictada en la Carta Magna, con la Constitución local para procurar que las mujeres llegaran a todos los poderes, órganos autónomos y a los tres niveles de Gobierno.
Sin embargo, con la reforma integral de la Constitución de Nuevo León, para obtener paridad total se requiere promover una controversia constitucional ante la no inclusión de este derecho.
Es en este punto que las mujeres que se encuentran en posiciones de poder dentro de la entidad, y quienes en numerosas ocasiones señalaron la omisión de no elevar este derecho a rango constitucional, podrían incidir en la inclusión de la paridad total en la nueva Constitución local.
Olga Susana Méndez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, es una de las funcionarias que cuenta con la facultad para promover esta controversia, al igual que Laura Paula López, titular del Instituto de las Mujeres, así como Graciela Buchanan, responsable de la Secretaría de las Mujeres, quienes también podrían impulsar este recurso ante el Poder Ejecutivo.
Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión, quien es cercana al gobernador de la entidad Samuel García, podría ser otra de las mujeres en el poder con la capacidad de recuperar este derecho, pues la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución mexicana establece que ella cuenta con la capacidad de interponer esta controversia.
De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promover una controversia constitucional corresponde a los órganos originarios o primarios del Gobierno estatal, pues son ellos quienes pueden reclamar la invalidez de las normas generales o actos que consideren que violan, en su perjuicio, el sistema de competencias establecido en la Carta Magna.
Silencio por la paridad total
En 2019, María Elena Chapa, defensora de los derechos de las mujeres en Nuevo León, emprendió una lucha para lograr la paridad total, movimiento al que se sumaron exdiputadas, legisladoras y mujeres miembros de organizaciones civiles.
Algunas de las aliadas del movimiento de Chapa fueron la diputada federal Karina Barrón y las ahora legisladoras locales de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes, Irais Reyes y Tabita Ortiz, quienes votaron a favor de la reforma integral de la Constitución neoleonesa que elimina este derecho.
Mientras tanto, la exdiputada de Morena y Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, así como las exlegisladoras, Ivonne Bustos y Dolores Leal, entre otras más, exigieron que la paridad total fuera establecida en las leyes de Nuevo León.
“El dictamen que estamos votando dosifica, limita, y entrampa la paridad, especialmente con transitorios donde no transita la paridad. Es una verdadera simulación.
Este Congreso no está garantizando los derechos que ya tienen las mujeres en nuestra Constitución federal“, aseveró Saldívar en el pleno, tras la aprobación en primera vuelta de la reforma a la Constitución en materia de paridad.
Mujeres defienden paridad
Por su parte, la diputada Jessica Martínez, de Morena, y Anylú Bendición, legisladora del Partido del Trabajo, votaron en contra de la reforma integral a la Constitución por la eliminación de la paridad total.
Ambas legisladoras lucharon para defender este derecho buscando la reserva de ley a la Constitución y así lograr que la paridad total fuera establecida en la entidad, sin embargo, no obtuvieron los votos suficientes.
Las diputadas no contaron con el apoyo de sus compañeros legisladores, ni de otros funcionarios y funcionarias estatales, para garantizar los derechos políticos de las mujeres.
Sin embargo, la exdiputada independiente Claudia Tapia, interpuso una iniciativa en la oficialía de partes del Congreso local, con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política para contemplar la paridad total en los tres poderes del estado, los ayuntamientos y en los organismos autónomos.
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