Paridad de género en México avanza a marchas forzadas

Las victorias de las mujeres en la lucha por la conquista de sus derechos no siempre se traducen en acciones.

La paridad es el ejemplo más claro, pues en la vida política nacional, solo vive en el papel y en el discurso.

A pesar de las reformas aprobadas para materializar este derecho constitucional, quienes están en la mayoría de las posiciones de decisión son hombres.

Sin embargo, a pesar de los obstáculos, también han habido avances innegables: por primera vez en la historia del país está una mujer al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay nueve gobernadoras electas, se perfila que el Instituto Nacional Electoral sea dirigido por una consejera presidenta y varias mujeres serán fuertes candidatas a la sucesión presidencial de 2024.

Amenaza para la igualdad

Junto con el “techo de cristal”, entre las amenazas para la paridad en México, se encuentra el Plan B electoral aprobado por el Congreso de la Unión la semana pasada.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que con la serie de reformas se perderían varios derechos electorales que se han ganado en los últimos años, como los espacios legislativos para personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afroamericanas y de la diversidad sexual, ya que topa dicha representación a 25 curules de los 65 que existen actualmente.

La reforma del presidente también elimina la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE y ordena que la absorba una nueva Dirección de Partidos Políticos.

En letra, el Plan B habla de respetar la paridad entre mujeres y hombres, pero las reglas de operación dejan a discrecionalidad de los partidos políticos el cumplimiento de las mismas, así como los mecanismos para hacerla efectiva.

Un ejemplo de esto es que en las candidaturas de Mayoría Relativa de diputaciones federales, el cambio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, regresa a las mujeres a competir en espacios en los que tienen mayor probabilidad de perder.

Antes de la reforma, la ley señalaba que la distribución de las candidaturas en los distritos electorales se debía de dividir en tres segmentos de competitividad: mayor competencia (mitad y mitad de los distritos electorales), intermedia (55 por ciento para mujeres y 45 por ciento para hombres) y en la baja (mitad y mitad).

Con la reforma, el bloque de mayor competencia queda con 75 para hombres y 25 para mujeres, en el intermedio 50 y 50 y en la baja 25 para hombres y 75 para mujeres. Es decir, las mujeres tendrán acceso a más candidaturas en los distritos electorales en los que es más difícil que ganen.

El Plan B también reformó la Ley de Partidos Políticos para que los institutos establezcan cómo implementarán las acciones afirmativas. Independientemente del color, en México, los partidos políticos no brillan por dar apertura a las mujeres en puestos de poder y decisión.

Simulación en los congresos

En los congresos federal y locales, la paridad sigue formando solamente parte del discurso a pesar de que la presencia de las mujeres ha aumentado significativamente en los últimos años.

Esto se debe a que los principales cargos de toma de decisiones parlamentarias, como las juntas de Coordinación Política, las coordinaciones de los grupos parlamentarios y las presidencias de las principales comisiones, son ejercidos, en su mayoría, por hombres.

El análisis “Fuerza política de las legisladoras en los congresos locales de México” elaborado por Buró Parlamentario, concluye que las mujeres están presentes en número pero no en fuerza ni en los espacios de toma de decisiones.

Para llegar a esta conclusión y medir la “Fuerza política” de las legisladoras, Buró Parlamentario analizó mediante una fórmula el número de legisladoras en el pleno, quiénes presiden las mesas directivas de los congresos locales, comisiones, coordinan grupos parlamentarios y son presidentas de las comisiones que tienen mayor presencia en la dictaminación de iniciativas (Justicia, Economía, Política y Seguridad).

En promedio, el Índice de Fuerza Política de las Legisladoras locales en el país fue de 37 por ciento, varios puntos por debajo del 50 por ciento que se necesita para poder decir que existe paridad política en materia legislativa .

Un poco de historia

Apenas hace 30 años, en 1993, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) recomendó a los partidos políticos que el 30 por ciento de las candidaturas fueran para mujeres.

Los partidos cumplieron, pero colocaron a las mujeres en distritos en los que sabían que perderían.

En 2014 se reformó la Constitución para hacer valer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas estableciendo el principio de la paridad en el registro de candidaturas.

Cinco años después, en 2019, se aprobaron reformas a la Constitución Política para incorporar la Paridad en Todo, es decir, que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena.

Con la aprobación del Plan B electoral, se ponen en riesgo varios de estos derechos, principalmente el acceso de las mujeres a un puesto en el Congreso de la Unión.

Con una mujer al frente

A los pocos días de que se publicó la convocatoria para elegir al consejero presidente y a nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Cámara de Diputados que la quinteta de aspirantes a la presidencia del Consejo General del órgano autónomo esté integrada solamente por mujeres, esto con el objetivo de cumplir con el principio de alternancia de género.

Por mayoría los magistrados aprobaron, por segunda ocasión, modificar la convocatoria bajo el argumento de que no cumplía la paridad de género en la presidencia del INE.

Previamente, en diciembre, el TEPJF ordenó por primera vez modificar la convocatoria para garantizar la paridad de género en la elección de los cuatro consejeros.

Desde su creación en 1999, el entonces IFE y ahora INE, ha tenido a 12 presidentes hombres y solamente de manera provisional o para alguna sesión, a dos mujeres.

Después de la orden del Tribunal, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que revisarán el alcance de las facultades del organismo al considerar que el TEPJF muestra una “actitud hostil” e invade atribuciones de otros poderes.

Ante ese nuevo ataque, varios académicos y especialistas salieron a defender al Tribunal, entre ellos el exconsejero del INE, Benito Nacif, quien dijo que el TEPJF sí puede instruir a los diputados cómo aplicar la paridad de género en el órgano autónomo.

Avances y retrocesos

Sobre la decisión del Tribunal, la integrante de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, aplaude los avances que se han logrado en el tema de paridad y celebra que al frente del INE vaya a estar una mujer.

“Celebro que una mujer pueda ser la próxima consejera presidenta del INE. Sin duda, estamos conquistando nuevos espacios. Las mujeres estamos listas para ocupar estos cargos de alta responsabilidad. Ya tenemos una ministra presidenta y ahora tendremos una consejera electoral presidenta”, comenta.

En entrevista con Reporte Índigo, la legisladora panista advierte que al igual que varios académicos, especialistas y políticos de oposición, el Plan B electoral representa un retroceso en las victorias que se han ganado en materia de paridad de género.

“Los espacios que tras años de lucha hemos ganado las mujeres nos los quieren arrebatar. El principio de paridad está en riesgo, pues el Plan B deja a la discrecionalidad la asignación de candidaturas y elimina la posibilidad de que el árbitro electoral vigile y obligue al cumplimiento de dicho principio.

“El presidente López Obrador y sus legisladores tienen una obsesión por destruir la democracia en nuestro país. El Plan B es un lamentable retroceso, sobre todo, en los derechos de las mujeres. Por ello, la lucha será ante nuestro máximo tribunal. Se debe decretar su inconstitucionalidad”, opina la legisladora.

Será en la Suprema Corte de Justicia, actualmente presidida por una mujer, en donde se definirá el futuro de las candidaturas paritarias, al igual que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruyó que al frente del INE debe estar una mujer.

En busca de la presidencia

En la jornada electoral de junio de 2021 quedó dibujado un mapa propicio para “la paridad”: seis candidatas se convirtieron en gobernadoras en un resultado sin precedentes.

Maru Campos Galván gobierna en Chihuahua, Lorena Cuéllar en Tlaxcala, Índira Vizcaíno en Colima, Evelyn Salgado en Guerrero, Marina del Pilar Ávila en Baja California y Layda Sansores en Campeche.

Sin embargo, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en su estudio “Desigualdad en cifras”, expone que incluso con ese avance en el tablero político, las mujeres sólo representan el 20 por ciento de las entidades gobernadas, lo que implica una paridad apenas “en construcción” a nivel nacional.

Con este preámbulo, rumbo a la elección presidencial de 2024, hay una baraja de cuatro nombres de mujeres. Desde ahora, parte de su discurso público se enfoca en expresar que están en la carrera y quieren ser la primera jefa del Ejecutivo federal.

Claudia Sheinbaum Pardo

Es jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Tiene 60 años. Desde junio de 2022, en los actos donde se presentaba, se empezó a escuchar el grito: “¡Presidenta, presidenta!” y, además, en distintas bardas apareció pintada la leyenda: “Para que siga la transformación #EsClaudia”.

Tanto el grito como las pintas no han tenido hasta ahora autoría confirmada. Desde la “mañanera”, el presidente Andrés Manuel López Obrador la ha incluido como posible candidata de Morena.

Ante el movimiento feminista, ha convocado a la protesta pacífica en apego a lo que ha manifestado el primer mandatario al respecto.

Beatriz Paredes Rangel

Es senadora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Fue gobernadora de Tlaxcala y tiene 69 años.

En su carrera política de cuatro décadas, la posibilidad de contender siempre la acompañó. Ella jamás negó esa aspiración.

En octubre de 2022, lo anunció ante su partido en un acto solemne en el que expresó que formará “una gran alianza de partidos por la sociedad civil” para “recuperar la historia democrática de México …”.

Su precandidatura surge cuando el PRI vive una de las peores fracturas internas.

Lilly Téllez García

Es senadora por el Partido Acción Nacional. Tiene 55 años. En 2018 fue postulada como legisladora por Morena, el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y cambió de instituto político una vez avanzados los trabajos en el Congreso.

Desde entonces está en el bloque opositor y ha emitido críticas al gobierno lópezobradorista desde tribuna y las redes sociales que han desembocado en controversia.

Ha rechazado la aprobación de las leyes que permiten el aborto. En agosto de 2022 anunció que iniciaría una gira por el país rumbo a las elecciones de 2024.

Patricia Armendáriz Guerra

Es diputada por Morena, fundadora de Financiera Sustentable y consejera de Grupo Financiero Banorte. Tiene 67 años.

Fue la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde donde enfrentó la debacle financiera de 1994, la más dramática de la historia de México.

En los medios se ha distinguido por su perfil de empresaria. Su deseo de convertirse en la candidata de Morena a la presidencia de la República lo hizo público a través de su cuenta de Twitter en marzo de 2022.

En su anuncio no se despojó del traje de empresaria: “Creo que los #empresarios de la #4T haríamos un excelente papel …”.