Parálisis legislativa

El Senado de la República terminará el periodo ordinario de sesiones convertido en un pantano intransitable para los temas torales del país.

A solo unos días de que concluya el periodo, el 30 de abril próximo, los legisladores trabajan a marchas forzadas para sacar adelante algunos asuntos polémicos que no avanzaron durante meses.

Aunque ayer se logró concretar la aprobación de la Ley de Ejecución Penal; y la del Sistema de Justicia para Adolescentes –que falta sean aprobados por la Cámara de Diputados-, otros temas importantes quedarán en el tintero.

En la mayor parte de los casos, todo apunta a que el debate podría pasar más allá del periodo ordinario, hasta mayo, si se decide convocar a un periodo extraordinario.

Son cinco los temas que el Senado podría dejar pendientes: las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción; el mando mixto policial; la regulación del uso medicinal de mariguana; la ley contra la tortura; y la ley sobre desaparición forzada y desaparición realizada por particulares.

La falta de acuerdos, la cercanía de las elecciones y el uso político de algunos temas han empantanado el avance en el Senado de la República de estas reformas.

Las negociaciones están en el aire. En las últimas horas, el Senado se convirtió en escenario de un estira y afloja para intentar avanzar en esos temas, ante la presión y las miradas insistentes de la ciudadanía cada vez más pendiente de la labor legislativa.

El reloj legislativo para anticorrupción

Las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción han sido las protagonistas del debate legislativo en las últimas semanas y podrían ser la causa de que en la Cámara alta se detenga el llamado “reloj parlamentario”.

Este mecanismo es utilizado para detener virtualmente una sesión –aunque sea otro día natural-, para aprobar alguna ley o reforma y esta aprobación sea considerada dentro del plazo legal.

Es decir, que aunque el periodo ordinario de sesiones concluya oficialmente el sábado 30 de abril, la Cámara alta puede decidir continuar trabajando aunque pasen uno o varios días naturales, y se haría con fecha oficial del último día del mes.

“Si hay necesidad de parar el reloj legislativo, hay que hacerlo, si hay necesidad de continuar los trabajos en un periodo extraordinario, hay que hacerlo, pero vamos a tratar de hacer –al menos, así lo hemos comentado el PRD y el PAN- todos nuestros esfuerzos para que antes del día 28 de mayo exista un Sistema Nacional Anticorrupción fuerte, robusto y, desde luego, con características que está demandando la propia sociedad”, afirmó Fernando Herrera, coordinador del PAN.

Aunque el debate se ha centrado en la llamada Ley 3de3, son varias las leyes que deben reformarse para conformar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos (llamada Ley 3de3); Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas; Ley General de Contabilidad Gubernamental; y Ley de Coordinación Fiscal.

A esto se suman las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para facultar y definir las reglas de elección del fiscal anticorrupción.

En el diseño de las leyes anticorrupción, el PRI y el PVEM robaron al PAN y al PRD la hechura de la nueva legislación.

Aunque en un momento se dijo que se haría bajo el esquema de Parlamento Abierto, el acuerdo no se respetó y fueron solamente los senadores Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI) quienes trabajaron junto a organizaciones de la sociedad civil en un documento presentado a los demás senadores.

El avance de ese documento se dio solamente con cuatro leyes: la Ley General del SNA, la Ley de Responsabilidades, la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización.

En las demás no hay acuerdo, según reconoció el coordinador parlamentario del PRI, Emilio Gamboa.

Un elemento que mantiene en un impasse las negociaciones es que las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses sean públicas por obligación; y que en el caso de la declaración patrimonial se deba abarcar a familiares hasta el cuarto grado de parentesco.

Esto podría empantanar otra vez el avance en los acuerdos, pues la mayoría de los senadores de oposición se han enfrascado en una discusión de todo o nada.

El PAN y el PRD tomaron la determinación de no transitar con la propuesta oficialista si no incluye las siete leyes del Sistema.

Empresarios de la Coparmex acudieron a la Cámara alta a exigir la aprobación de estas leyes y pidieron que sean las siete y no menos, para no tener un Sistema Anticorrupción incompleto.

Acudieron también asociaciones católicas, como el Instituto Mexicano de Doctrina Social, para entregar un escrito realizado por Jorge Mario Bergoglio, 22 años antes de que se convirtiera en el Papa Francisco, donde dice que la corrupción “huele a podrido”.

Mando mixto, condicionado

Desde enero pasado, cuando el PAN decidió entrar a la discusión del modelo de Mando Único policial, dejó ver que su debate y eventual aprobación estaría ligado a la aprobación de las leyes anticorrupción.

“Para discutir el Mando Único, primero que haya avances en el Sistema Nacional Anticorrupción”, soltó Roberto Gil en la plenaria de los senadores panistas de enero pasado, cuando definieron sus prioridades legislativas.

Las semanas pasaron y el PAN consiguió que fuera la propuesta del albiazul la que sirviera como base para la creación del nuevo modelo policial.

En un principio, el presidente Enrique Peña Nieto planteó la conformación de 32 cuerpos únicos de policía en los estados y la desaparición de los cuerpos municipales.

El PAN rechazó categóricamente esta propuesta, pero introdujo un nuevo modelo mixto: crear los Mandos Únicos, pero permitiendo que algunos municipios –que cumplan con ciertas características- puedan conservar sus cuerpos policiacos.

El tema se negoció entre las bancadas del Senado y se logró un acuerdo; sin embargo, no ha podido transitar ni siquiera en comisiones, porque las leyes anticorrupción no tuvieron un avance real ni fueron aprobadas.

Una vez que se destrabe el tema anticorrupción, es muy probable que los senadores convoquen a un periodo extraordinario para votar el tema, pues la propuesta ya está consensada entre las diferentes bancadas.

Mariguana, voto de conciencia

Aunque fue presentada hace apenas unos días por el Ejecutivo, la reforma para legalizar el uso medicinal de la mariguana y subir el umbral de posesión entró a una fase definitoria en el Senado.

Este jueves los grupos parlamentarios revisarán la iniciativa presidencial y decidirán si la aprueban antes del sábado próximo.

Los primeros días de esta semana, el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, había dicho que no había prisa en la aprobación de esta legislación, que podían esperar para estudiarla mejor.

Esos días, el PAN y el PRD habían anunciado que no entrarían a la discusión del tema por considerar que serviría como una cortina de humo para desviar la atención de las leyes anticorrupción.

Sin embargo, a partir de ayer, la posición del PRI y algunos legisladores cambió radicalmente. Emilio Gamboa pasó de no tener prisa a cabildear intensamente que la aprobación de esta norma pueda darse en las próximas horas.

A esto se unieron otros senadores, como el panista Roberto Gil o el miembro de la bancada del PRD, Mario Delgado, quienes ofrecieron sus votos al PRI para concretar esta aprobación.

“Es el momento de votos de conciencia; es el momento en que no puede imperar la línea del partido”, lanzó Gil Zuarth.

Hasta el Senado acudieron ayer impulsores de la legalización del cambio de enfoque en el tema del consumo de la mariguana.

Entre ellos estuvo Fernando Gómez Mont, exsecretario de Gobernación en el gobierno de Felipe Calderón; y Guadalupe Acosta Naranjo, diputado del PRD, quien reconoció que no se trata de una ley perfecta, pero es un avance.

Las dos medidas principales que detonaron el interés de los senadores fueron, tanto la cuestión médica como la posible liberación de cientos de personas al subir el umbral de posesión de cannabis.

El panista Roberto Gil criticó que haya senadores sin sensibilidad.

“Qué le falta a esta discusión para que tomemos una decisión. Qué le falta para que les demos una solución a los pacientes de ciertos padecimientos que hoy necesitan acceder a este medicamento. O qué les decimos a esas personas que están en situación de reclusión, 2 mil 500 personas aproximadamente, cuando su único delito es haber consumido un producto prohibido por la ley por encima de un gramaje especificado en la propia ley.

“¿Qué les decimos? ¿que se esperen 4 meses más? ¿Seis meses más? ¿Que ahí nos esperen? Yo he escuchado un argumento que verdaderamente me ofendió: ‘si ya han estado ahí, que se queden otro rato, no pasa nada’. Que pasen un día en prisión, ¡un día!, para que entiendan de lo que se trata esta discusión”, sentenció Gil.

Tortura, con diferencias

Aunque se encontraba ya a un paso de ser aprobada por el pleno del Senado, de última hora se frenó el avance de la Ley General contra la Tortura por diferencias con el Gobierno federal.

El Ejecutivo envió una serie de observaciones al proyecto de dictamen que se votaría esta misma semana en comisiones.

A través de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno federal pidió que se siguiera su iniciativa para crear dos tipos penales en la nueva Ley: el de tortura y el de tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Sin embargo, los partidos de oposición están en desacuerdo con esa postura, toda vez que consideran que al abrirse la puerta al tipo penal de tratos crueles, provocará que se castigue a los servidores públicos con penas más bajas y no se combatiría realmente a la tortura.

Las negociaciones entre senadores y el Ejecutivo prosperaron. Ayer se mantuvo el diálogo sobre el tema y se decidió avanzar para aprobar en este periodo la nueva Ley, apresurados por el más reciente escándalo de un caso de tortura cometido por militares y policías federales en agravio de una mujer.

Una de las premisas de esta ley es que se dejarán sin validez todas las pruebas obtenidas mediante tortura.

El atorón a la nueva Ley ocurrió también a unos días de que activistas como Nelson Vargas o Isabel Miranda de Wallace criticaran que se podría dejar en libertad a supuestos delincuentes con el único argumento de que fueron torturados.

Desaparición, obstruida

A pesar de que se trata de uno de los problemas más visibles y criticados en materia de seguridad en el país, la Ley General contra la Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares no saldrá en este periodo de sesiones.

Igual que en el caso de la Ley Contra la Tortura, en materia de desapariciones el Ejecutivo busca que se dividan los diferentes tipos de desapariciones en varios rubros y no se califiquen de una sola manera.

El Gobierno federal busca que se incluya la diferencia entre personas “no localizadas” y personas “desaparecidas”.

En el caso de las personas “no localizadas” se trataría de quienes en un periodo corto de tiempo no aparezcan pero que, varios días después, regresan a su hogar sin que esto sea reportado por las autoridades.

En el rubro de personas “desaparecidas” se busca que se incluya solo aquellos casos donde se tenga certeza de que su ausencia es producto de la desaparición a manos de terceros o de fuerzas del orden, lo que configuraría el delito de desaparición forzada.

El PAN y el PRD se han mostrado contra estas definiciones, pues aseguran que el Senado hizo un compromiso con las familias de personas desaparecidas para que se les trate como tales desde el primer momento y se activen así los protocolos de búsqueda necesarios.

“Consideramos que es fundamental, insisto, es una de las visiones más requeridas por los familiares de víctimas puedan ser consideradas solamente como personas desaparecidas, de manera que se puedan abrir los expedientes también y se pueda iniciar los protocolos de búsqueda (…) en los tres niveles de gobierno”, afirmó el panista Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia.

Algunos legisladores consideran que la petición es una trampa con la que el Ejecutivo federal planea bajar, al menos en el papel, los índices de desaparición en el país.