Tiempos complicados

La recepción y el análisis del Paquete Económico del 2018 se dará en uno de los momentos políticos más complicados que vive el país.

La fecha no podría ser más significativa: el mismo día que se entrega el Paquete Económico, arranca el proceso electoral del 2018.

El contexto electoral marcará el destino de la discusión del dinero público del próximo año.

El Frente opositor que conformaron el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano (MC) ya ha dado muestras de que utilizarán su músculo legislativo para presionar al PRI y sus aliados para conducir el barco en el Congreso, tal como lo hicieron al doblar al PRI en la negociación del pase automático del fiscal general.

En el caso del Paquete Económico, el PAN tiene como uno de los puntos de su agenda legislativa dar marcha atrás a la reforma fiscal; si continúa en esa línea, pondrá en aprietos al PRI en la negociación presupuestal.

A todo esto se suma que la Oposición ha anunciado que estará muy pendiente de la asignación de los recursos públicos para evitar su uso electoral en el 2018.

Por si el contexto electoral fuera poco, la discusión se dará en medio de cuestionamientos públicos por escándalos de corrupción y por lo caro del sostenimiento de los partidos políticos; la del 2018 será la elección más cara de la historia.

Ese cóctel complicará el reparto de recursos que debe quedar listo a más tardar el 15 de noviembre.

Tensión política

Los primeros días del periodo de sesiones dieron un vistazo de cómo se comportará el Congreso en el año previo a la elección presidencial.

La tensión que vivió el Legislativo por el impedimento para que se instalara la Mesa Directiva y la pugna por los votos para lograrlo fueron un ejemplo de lo ríspidas que serán las negociaciones.

Al tiempo que el Paquete Económico estará a discusión, lo estarán también otros temas sensibles para el país, como la Ley de Seguridad Interior, el mando mixto policial, la Ley de la Fiscalía General de la República o las decenas de nombramientos que tienen pendientes.

Todo esto se dará en medio del clima electoral del 2018, año en que México tendrá la elección más grande y más compleja de su historia.

No solo se elegirá al nuevo presidente de la República, sino habrá un total de 3 mil 416 cargos públicos en disputa, con elecciones locales en 30 entidades, además de la federal.

La dimensión de la elección tendrá involucrada a toda la clase política en el proceso electoral y ello llevará a que cada uno trate de obtener mayores beneficios para los territorios que les interesa conquistar en la elección del 1 de julio.

Los congresistas de Oposición estarán vigilantes de la asignación de recursos del PEF 2018. Tanto el Frente opositor como Morena han advertido que detendrán cualquier movimiento que beneficie al PRI en la búsqueda de votos el próximo año. Esta vigilancia será reforzada también desde la sociedad civil.

Temas sensibles

>La discusión del Paquete Económico

>La Ley de Seguridad Interior

>El mando mixto policial

>La Ley de la Fiscalía General de la República

Negociación complicada

Por ley, a más tardar cada 8 de septiembre, el Ejecutivo federal debe entregar al Congreso de la Unión el Paquete Económico del siguiente año.

En él, la Secretaría de Hacienda presenta envían las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El documento es recibido por el Congreso y turnado a las comisiones de Hacienda, en el caso de la Ley de Ingresos; y para el PEF a la de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

Aunque se hace un análisis técnico del documento, en el que trabajan legisladores y funcionarios del Ejecutivo, al final la negociación se da en la arena política.

A pesar de que es solo un pequeño porcentaje del total de recursos lo que puede negociarse –porque lo demás son gastos ineludibles ya comprometidos- el estira y afloja entre las fuerzas políticas es intenso.

“A medida que hay más pluralismo en el Poder Legislativo, se observa un mayor peso de prácticas de gestoría de recursos y más intercambios clientelares en la lógica de negociación del gasto público.

“Cada año, los legisladores pueden modificar aproximadamente entre el seis y diez por ciento del gasto total —la llamada ‘bolsa negociable’ (…) Dentro del porcentaje negociable, muchos legisladores fijan su atención en partidas que dan visibilidad y reconocimiento político y que benefician a grupos organizados”, señala el estudio “La negociación política del presupuesto en México”, coordinado por Luis Carlos Ugalde, director de la consultora Integralia.

En un año electoral, la búsqueda de recursos para tener beneficios políticos complica exponencialmente las negociaciones, por lo que la discusión del Paquete Económico del próximo año será también una de las más difíciles de la historia.

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