Humberto Panti Garza, nuevo titular de la Dirección de Administración y Finanzas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SAyDM), trabajó en Fitch Ratings como presidente del Comité de Calificación.
El funcionario llegó a SAyDM a través de Juan Ignacio Barragán Villareal, urbanista que fue designado como director General por el gobernador Samuel García el 8 de octubre de 2021.
Al parecer, mejorar la calificación del gobierno estatal, más su buena relación con el secretario de Finanzas y Tesorería, Carlos Garza, rindió frutos a Panti Garza para convertirse en funcionario estatal.
Fitch Ratings mejoró dos niveles la calificación crediticia del gobierno neoleonés en 2017 y 2018 durante la administración del mandatario Jaime Rodríguez Calderón, cuyas finanzas eran manejadas por Garza, quien recientemente fue ratificado en su cargo por Samuel García.
“La modificación en la calificación de Nuevo León se fundamenta en el fortalecimiento financiero registrado al cierre de 2016 resultado de una mejor gestión administrativa. El Estado presentó un incremento en ingresos locales y federales disponibles, así como un control mayor en el gasto”, dice el estudio fechado el 20 de abril del 2017 firmado por Panti Garza.
Panti Garza subió la calificación por un incremento de ingresos locales en un contexto en el que el gobierno dejó de cobrar tenencia en 2016 en 20 por ciento; en 2017 hasta en 50 por ciento y en 2018 en 100 por ciento. Esta recaudación representaba el segundo mayor ingreso que tenía Nuevo León, incluso, al finalizar su sexenio “El Bronco” declaró que se arrepintió haber quitado este impuesto.
En 2018, Panti Garza también mantuvo a Nuevo León con mejoras en su calificación.
“Ratifico la calificación de la calidad crediticia del estado de Nuevo León. Entre los aspectos principales que fundamentan la calidad crediticia de Nuevo León está su recaudación local elevada, sus niveles buenos de ahorro interno (AI)”, asegura la firma en 2018, análisis en el que también participó Panti.
En esos años, el Gobierno de Nuevo León tenía una deuda por 61 mil millones de pesos que había dejado el exgobernador Rodrigo Medina. Incluso, ya no se tenía margen de pedir más deuda.
En 2019, el Congreso aprobó al gobierno de “El Bronco” contratar un pasivo a largo plazo de hasta 2 mil 900 millones de pesos, así como una deuda a corto plazo de 3 mil millones de pesos. En los dos años anteriores no se contrató deuda.
En ese año, Panti Garza dejó de trabajar en Fitch Ratings. Después de su salida, cambió la metodología para calificar con el aval de Gerardo Carrillo, presidente del Comité de Calificación; Alfredo Saucedo, analista secundario; y Martha González, directora asociada.
Panti Garza ya tenía huella en Agua y Drenaje
Para septiembre de 2018, Humberto Panti Garza no se desempeñó como presidente del Comité de Calificación en Fitch Ratings, sino como analista secundario, pero participó en subir la calificación nacional de largo plazo de SAyDM.
“La Perspectiva crediticia es estable. El aumento en la calificación de SAyDM se fundamenta en el robustecimiento de su desempeño financiero durante los últimos cinco años aunado a su bajo indicador de deuda neta”, dice la calificación.
Con la mejora de la calificación, en 2019 Nuevo León envió una solicitud para la contratación de deuda para la construcción de la Presa Libertad. El dictamen dejó abierta la posibilidad de contratar asesorías financieras, llamadas brókers. Finalmente, la petición fue aprobada por los diputados, quienes autorizaron 2 mil 500 millones de pesos.
Un bróker es un intermediario de mercado que cobra una comisión por su servicio de organización de transacciones y asesoramiento en la ejecución de órdenes de compra y venta. El marco normativo actual establece en el Decreto 129 del Poder Ejecutivo prohibiciones para la contratación de este tipo de despachos o asesorías financieras.
El dictamen fue aprobado en la Comisión de Hacienda el 24 de mayo de 2016 en la Septuagésima Cuarta Legislatura.
“En ningún momento, se podrán aplicar los recursos obtenidos a través de esta autorización a la contratación de intermediarios financieros no bancarios (bróker) o cualquier otra persona física o moral que realice funciones similares”, dice el decreto.