Existe un “universo financiero paralelo cuyos efectos corrosivos pueden atravesar generaciones”. Estas son las palabras del diario estadounidense The Washington Post en las notas que relatan los hallazgos de cuentas en sistemas financieros extraterritoriales de 130 multimillonarios y 330 figuras públicas que se dieron a conocer a través de la filtración conocida como los Pandora Papers.
Tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren ante las autoridades del país donde el titular tiene su domicilio fiscal
Se trata de grandes cantidades de dinero, propiedades y otro tipo de activos canalizados a paraísos fiscales a través de complejas estructuras financieras que podrían estar drenando las arcas públicas y empeorando las disparidades económicas de los países, todo puesto en evidencia a través de la investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Aunque este tipo de revelaciones periodísticas ponen apellido y cara a los políticos, empresarios, personajes del espectáculo y mafiosos que protegen sus activos del alcance de gobiernos y el ojo público, un vasto grupo de organismos por la justicia fiscal ya han advertido del impacto de estas prácticas para las finanzas públicas y las próximas generaciones.
No existe un cálculo específico en torno al impacto económico a nivel global de la concurrencia de este tipo de esquemas, pero en cifras aproximadas se advierte que el mundo pierde 427 mil millones de dólares anuales en paraísos fiscales de acuerdo con datos de la organización Tax Justice Network.
No sólo se trata de un golpe monetario a las arcas públicas de los países, sino una cadena de perjuicios a sus pobladores, sobre todo a aquellos en donde hay serias disparidades en la distribución de la riqueza, servicios públicos deficientes, limitados recursos a las áreas de salud y educación pública, así como poca capacidad de redistribuir los recursos; estas son las consecuencias más evidentes de este tipo de fenómeno.
Tax Justice Network y otras organizaciones de la sociedad civil como la mexicana Fundar, insisten en poner de manifiesto este problema al señalar que los paraísos fiscales, en gran medida, están solapados por naciones desarrolladas como Estados Unidos y Reino Unido.
“Se suele creer que los paraísos fiscales son pequeñas islas escondidas en el Caribe, pero lo que revela Pandora Papers es que los países más poderosos del planeta como Estados Unidos y Reino Unido tienen un papel muy importante en las actividades ‘offshore’ y la potencial evasión de impuestos”
“Estados como Dakota, Delaware o Alaska son utilizados para actividades ‘offshore’ y las Islas Vírgenes Británicas también es una de las jurisdicciones preferidas de las personas para enviar recursos y tributar a una tasa menor”, detalla Iván Benumea, coordinador del programa de Justicia Fiscal de Fundar.
Seis de los 10 territorios considerados como los mayores facilitadores de los abusos corporativos a nivel mundial son países o dependencias integrados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de acuerdo con el “Índice de Paraísos Fiscales Corporativos 2021” elaborado por Tax Justice Network.
Estos países son las Islas Vírgenes Británicas, Caimán y Bermudas, territorios británicos de ultramar -en donde Reino Unido cuenta con plenos poderes para imponer o vetar legislaciones-; además de Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.
El falso debate en Pandora Papers
Las piezas periodísticas que se derivan de la investigación de Pandora Papers vienen acompañadas casi siempre de una aclaración: “tener una sociedad en un paraíso fiscal es legal siempre que sus activos y los beneficios derivados de su actividad se declaren ante las autoridades del país donde el beneficiario tiene su domicilio fiscal”.
Sin embargo, la legalidad o no de estos esquemas financieros es un falso debate desde la perspectiva de Benumea.
“Para empezar hay un principio internacional que suele regir a las autoridades tributarias en todo el mundo que se llama ‘razón de negocios’, según este principio tú no puedes aprovechar esas ventajas fiscales de otros países con la única intención de pagar menos impuestos”, detalla.
Para detener estasangría, organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional están apoyando una tasa corporativa mínima global de no menos de 15 por ciento, que busca evitar que las empresas trasladen sus ganancias e ingresos fiscales a países donde se cobran pocos impuestos.
No obstante, esta propuesta ha sido desestimada por organismos como OXFAM, al afirmar que se trata de un impuesto “suave” y pone “la barra tan baja que las empresas pueden pasar encima de ella”.
“Fundar y otros sectores proponemos que sea más cercano al 25 por ciento y que los recursos que se recauden en distintas jurisdicciones se distribuyan en favor de los países en donde realmente se están haciendo actividades económicas, en donde realmente hay trabajadores y donde las empresas realmente tienen activos”, explica Benumea.
