Las alcaldías de la Ciudad de México erogaron 450 millones de pesos en atender la pandemia de COVID-19 durante el 2020, pero este monto fue ejercido sin que existan resultados claros y debe ser fiscalizado, afirman especialistas.
Una revisión hecha a los gastos realizados por las 16 demarcaciones territoriales durante el año pasado, que se pueden consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, revela que el 90 por ciento fue otorgado a través de contratos de adjudicación directa.
Lo que significa que la mayor parte de los recursos fueron adjudicados a proveedores que no participaron en concursos de licitación pública y, por lo tanto, no se aseguraron las mejores condiciones para la administración gubernamental.
Ante esto, especialistas afirman que las autoridades fiscalizadoras locales deben revisar este gasto, debido a que no es facultad de las alcaldías ejercer presupuesto en materia de salud.
La Secretaría de Salud local y el Gobierno de México son los encargados en esa materia y existe el riesgo de que se hayan utilizado recursos públicos de manera ineficiente.
Gastos millonarios
En conjunto, las alcaldías de la Ciudad de México gastaron durante 2020 la cantidad de 453 millones 224 mil 400 pesos en la atención de la contingencia sanitaria por COVID-19 que empezó oficialmente el 23 de marzo de ese año.
La cifra mencionada fue invertida en 41 contratos de obras, bienes y servicios relativos a la contención de la pandemia del nuevo coronavirus.
Según los objetos de los contratos, la mayoría se firmó para la compra de insumos de higiene y limpieza, equipo de protección, así como acciones informativas.
Respecto al método de contratación, 37 de los 41 acuerdos comerciales (el 90 por ciento) fueron concretados a través de la adjudicación directa, es decir, las alcaldías eligieron a un proveedor sin hacer un concurso entre varios participantes que ofrecieran mejores condiciones.
Mientras que se adjudicaron 3 contratos (el 7 por ciento) a través de invitaciones restringidas; estos convenios son los asignados por una competencia entre 2 o 3 proveedores que tienen la capacidad para prestar un servicio o proporcionar un bien en específico. Y solo uno se firmó por medio de concurso de licitación pública.
Según la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México ningún ente público local puede contratar más por adjudicación directa que por licitación: los procesos de adquisición sin concurso no deben rebasar el 20 por ciento del total de los convenios que se firmen durante un año.
No obstante, con la declaratoria de emergencia sanitaria del 23 de marzo de 2020, los gobiernos tuvieron la posibilidad de rebasar el límite de adjudicaciones directas: una de las excepciones a la ley es cuando la salud de la población esté en riesgo.
Las que más pagaron en adjudicación directa
Tres alcaldías de la Ciudad de México concentraron el 94 por ciento del total de lo invertido por las demarcaciones en el 2020 en la atención a la pandemia.
Se trata de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, que erogaron 426 millones de pesos.
Iztapalapa fue la que más gastó en la pandemia al adjudicar 4 contratos por 246 millones 708 mil 586 pesos.
Dichos acuerdos tuvieron el objeto de comprar material de protección para el personal operativo, protecciones faciales para los empleados en tareas prehospitalarias, así como vales de despensa e insumos en general para evitar contagios.
Mientras que Gustavo A. Madero firmó 6 contratos por una cifra de 99 millones 540 mil 354 pesos para adquirir insumos en general para evitar casos de COVID-19, para la compra de desinfectante y hacerse del servicio de apoyos económicos para la población afectada por la detención de actividades y en pruebas rápidas.
Por último, Venustiano Carranza formalizó un solo contrato de 80 millones de pesos para la adquisición y dispersión de apoyos económicos a la población.
La alcaldía que más otorgó contratos por adjudicación directa fue Xochimilco, con 11, todos sin concurso.
Gasto que se debe fiscalizar
El gasto que hicieron en COVID las alcaldías, sin importar si es mucho o poco, debe ser revisado por los órganos auditores y contralores de la Ciudad de México, dice Heliane Rosas Balán, asesora legislativa y especialista en políticas públicas de salud.
“Es importante considerar, más allá de la cantidad de recursos aplicados por las alcaldías, que se debe saber si estos fueron utilizados de manera efectiva en acciones de impacto en la población”
Lo anterior, debido a que dentro de las facultades de las alcaldías no está la atención a la salud y existe el riesgo de que las demarcaciones hayan duplicado gastos; es decir, que una alcaldía pudo invertir en un rubro que el gobierno de la ciudad o el de México ya estaba atendiendo.
“Se debe fiscalizar para saber si atendieron necesidades que no habían sido cubiertas por otra esfera de gobierno, ya sea Gobierno federal o de la ciudad”, indica.
También, recalca, es necesario que se audite porque probablemente fueron gastos cuyos impactos no han sido evaluados y la mayor parte fueron hechos a través de la adjudicación directa.
“Tenemos que conocer si se desarrollaron programas, había criterios para su aplicación o si se puede verificar el número de beneficiarios o impacto real, teniendo en cuenta que la mayoría fueron por adjudicación directa debido a la emergencia sanitaria”, comenta.
