Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley de Amparo y de Amnistía, aprobadas por la mayoría oficialista y sus aliados.
Los tres grupos parlamentarios reunieron los requisitos constitucionales de un tercio de las Cámaras del Congreso que exige la Carta Magna para interponer dicho recurso, una acción con la que buscan seguir fortaleciendo el régimen de libertades, equilibrios y controles al poder.
Oposición se lanza en contra de la Ley de Amparo
Las bancadas recordaron que la reforma a la Ley de Amparo, aprobada por Morena y sus aliados del PT y PVEM, impide que los jueces puedan suspender los actos de las autoridades en varios supuestos, aún cuando éstos afecten el interés de la sociedad, lo que implica que esta herramienta deje de ser efectiva para defender los derechos de la ciudadanía.
Si no se previene que se materialice el daño a los derechos de las personas, el juicio de Amparo deja de ser un medio efectivo de protección.
Cabe destacar que, con esta restricción, el acceso a la justicia para los que menos tienen será más difícil, ya que la ley reformada garantiza que cualquier suspensión que afectará sus derechos era aplicable a cualquier persona. Sin embargo, con esta modificación deberán contratar abogados especialistas, cuyos servicios suelen ser altos.
Además, con la reforma se impide que los jueces suspendan la aplicación de normas generales, como leyes, decretos y reglamentos, cuando éstos afecten los derechos humanos de la ciudadanía. La intención es clara, dar más poder al gobierno y quitarle a la ciudadanía los medios para protegerse frente al atropello de sus derechos.
Por ello, consideraron que el decreto reformatorio es contrario a los artículos 17, de la Constitución que prevé el derecho a la tutela judicial efectiva, así como los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde se consagran las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial de los derechos humanos.
“Esta reforma atenta contra los avances alcanzados en materia de protección de los derechos humanos por medio del Amparo, que se habían conseguido con la reforma del año 2011 y con los criterios judiciales que limitan el principio de relatividad de la sentencia del Amparo. Con ello se restringe la utilización de todos los medios apropiados para salvaguardar la integridad de las personas”, precisan en el recurso presentado en la SCJN.
En peligro el derecho a la justicia, dice oposición
Sobre los cambios aprobados a la Ley de Amnistía, los legisladores de oposición señalaron que la medida viola el derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas, pues impediría que los Tribunales emitan sentencias en favor de las víctimas del delito.
Dijeron que la amnistía genera la impunidad e impide de forma definitiva que las víctimas de graves violaciones a derechos humanos tengan derecho de acceder a la verdad, a la justicia y la reparación, por lo que es claramente violatorio de los derechos de las víctimas.
“Exigimos que se respeten los derechos de las víctimas, que se esclarezcan los hechos, que se fortalezca el estado de derecho y que se combata eficazmente la impunidad en nuestro país mediante justicia efectiva, y no selectiva”, puntualizaron.
Reforma podría servir para persecución política, acusan
Asimismo, destacaron que esta reforma proporciona a la autoridad una herramienta de persecución política, pues una de las condiciones del otorgamiento es señalar elementos que incriminen a alguna tercera persona. Los requisitos establecidos para acceder a la amnistía generan un incentivo para realizar actos de represalia política, incluso con falsedad de declaraciones.
Además, agregaron, es una reforma que vulnera las facultades exclusivas del Congreso, ya que otorga al Ejecutivo una facultad que está reservada para el Poder Legislativo en la Constitución.
“La amnistía no es igual al indulto y está señalada claramente como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión”, recalcan las bancadas priista, panista y perredista.
“¡Ni hoy ni mañana la justicia puede ser selectiva, siempre encontraremos un camino para combatir las arbitrariedades!, enfatizaron los diputados federales.
