País de aguas turbias, crisis hídrica

México está por enfrentar una tragedia: la falta de agua para que sus habitantes puedan satisfacer sus necesidades si no se comienzan a tomar acciones concretas tanto por parte de las autoridades como de la ciudadanía. El mal uso y consumo excesivo de las aguas nacionales, así como la falta de conciencia para su cuidado, no son los únicos problemas en la materia.

La carencia de infraestructura para la captación del líquido vital, como de procesos en todo el país de reciclaje y purificación de aguas residuales que permiten reutilizar este líquido para más de una tarea evitando que se desperdicien grandes cantidades del mismo, es una realidad en pleno 2020.

“No hay sistemas adecuados con la tecnología necesaria que garanticen que el agua que está cayendo pueda ser reservada o se infiltre a los mantos acuíferos de la región, entonces cae pero al tocar el piso o los techos de las casas y edificios en automático se pierde la oportunidad de potabilizarla y reutilizarla o simplemente destinarla para otros servicios”, platica en entrevista para Reporte Indigo el ingeniero Rogelio Manríquez, director del programa de Agua de Pronatura.

Cada año se desechan millones de metros cúbicos de aguas negras en ríos, océanos y lagos de todo el territorio nacional procedentes de las actividades industriales, agrícolas y de las viviendas y comercios en los municipios sin un tratamiento adecuado.

Además existe un volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son colectadas y que se pierden en las redes de desagüe o que se descargan de forma ilegal.

La falta de tratamiento tiene importantes implicaciones ambientales, económicas y sociales como la destrucción de los mantos acuíferos y de la flora y fauna de zonas aledañas.

Además genera focos de transmisión de enfermedades y malos olores, advierte la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) en su estudio Tratamiento de aguas residuales, publicado en enero de este año.

Esta realidad también implica gastos importantes para el país. Según datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los costos por la contaminación del agua en México se estiman en 57 mil millones de pesos (0.3 por ciento del PIB), mientras que el de los daños ambientales asociados asciende a 900 mil millones anuales (5 por ciento del PIB).

Rogelio Manríquez, director del programa de Agua de Pronatura, comenta que el país recibe mucha agua de lluvia al año, sin embargo, el Estado no tiene la capacidad para administrarla y aprovecharla adecuadamente.

También acusa que no existe una cultura del cuidado de este líquido vital bien arraigada en la sociedad ni la costumbre de aprovecharla, cuidarla y apreciarla.

“La ciudadanía no valora el servicio de agua tanto potable como la de uso general que brindan los gobiernos. Pagamos mucho menos de lo que vale este bien ya que existe un subsidio muy alto que hace parecer que este líquido es muy barato y que provoca que se valore poco”, añade.

Municipios, la principal problemática de las aguas nacionales

La legislación mexicana establece que el saneamiento, agua potable y alcantarillado son responsabilidad de los gobiernos municipales.

Datos de la Comisión Nacional del Agua señalan que actualmente la cobertura del drenaje en el país es del 73 por ciento con 2 mil 526 plantas de tratamiento.

No obstante, más de la mitad de las municipales presentan una calificación de mala a pésima en su funcionamiento, pues solo el 57 por ciento de las aguas recolectadas en el sistema de drenaje son tratadas, por lo que existe un volumen indeterminado que no son colectadas debido a que se pierden en las redes de desagüe o son vertidas ilegalmente al medio ambiente.

Este problema se debe principalmente a tres factores de acuerdo con el estudio del INCyTU: las grandes cantidades de energía eléctrica necesarias para su operación, los costos asociados a la adquisición de lodos activados y materiales especiales y los costos por funcionar con un volumen de aguas residuales que excede su capacidad.

Además, según los datos del último informe de Estadísticas del Agua en México, elaborado entre la Semarnat, Conagua y el Gobierno federal, existen grandes disparidades geográficas en el tratamiento de aguas en el país.

En los estados de Nuevo León y Aguascalientes, por ejemplo, se trata más del 90 por ciento del caudal generado, mientras que en Yucatán, Campeche e Hidalgo se trata menos del 10 por ciento.

Aunado a estas irregularidades, el documento indica que México se encuentra en situación de sobreexplotación de los mantos acuíferos, ya que éstos se utilizan y no se les da oportunidad de recargarse. Hace cinco años, de los 653 acuíferos existentes, 105 estaban sobreexplotados.

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H2O, en manos de unos cuantos

En el 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad suficiente de agua para uso doméstico y personal, que sea segura, aceptable y asequible económica y físicamente; hecho que se replicó en México dos años después y el cual quedó plasmado como ley en el artículo cuarto de la Carta Magna.

Sin embargo, en el país del águila y la serpiente, una cosa son los compromisos adquiridos y lo que señala la Constitución y otra muy distinta la realidad.

De acuerdo con la última actualización del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), actualizado al 31 de octubre de 2019, la Conagua había otorgado 506 mil 014 concesiones de aguas superficiales y subterráneas en el país a 296 mil 172 usuarios (sin considerar las concesiones a CFE y Pemex) para el control y extracción de este bien público

El volumen total concesionado fue de 76 billones 115 mil 343 millones 799 mil litros por año. Si tomamos en cuenta que la población mexicana está compuesta de aproximadamente 129 millones de habitantes, lo anterior significa que cada mexicano podría usar aproximadamente 786 tinacos de agua de 750 litros al año.

No obstante, solo el 2 por ciento (5 mil 965 usuarios) controlan el 70 por ciento del agua concesionada en el país, la cual está distribuida en 50 mil 708 (10 por ciento) títulos de concesión, lo que demuestra que este líquido se concentra en manos de sólo unos cuantos poderosos.

La ONU señala que un habitante para cubrir sus necesidades básicas requiere en promedio de 45 tinacos de 750 litros, por lo que el científico e integrante de Agua para Todos, Wilfrido Gómez, responsable de haber recopilado estos datos a través de sus investigaciones, cuestiona para qué se ocupa el resto de las aguas en el país.

Actualmente, los diferentes usos para el cual se destina el agua de los mexicanos se divide en seis grandes rubros: para uso agrícola (38 por ciento), generación de energía eléctrica (31 por ciento), público urbano (17 por ciento), diferentes usos (7 por ciento), industrial (3 por ciento) y servicios (2 por ciento), entre otros.

Además, el investigador Wilfrido Gómez acusa que la mayoría de estas concesiones se encuentran en acuíferos sobreexplotados o en veda y en cuencas que comparten estas características y clasificación.

“Al no tener estas licencias, las empresas podrían estar lanzando sus aguas en los desagües públicos y sin tratamiento, contaminando ríos, arroyos y lagos”, revela la investigación del científico.

Para el integrante de Agua para Tod@s, esta situación pone en evidencia la falta de regulación de esas descargas, que además nos deja sin información sobre el impacto real y potencial que tienen.

“Estas son preocupaciones que tenemos los habitantes y que quedan sin respuesta por la falta de regulación por parte de la Conagua. A esas empresas, sí se les ha dado la concesión de agua pero se les absuelve de la responsabilidad de sus descargas, de monitorear, tratar el agua, reportar el destino de las aguas servidas y garantizar que sean adecuadas para la salud y el ecosistema”.

De acuerdo con Gómez, estas concesiones se han otorgado a empresas papeleras, de manufactura, agroindustriales, mineras, energéticas, refresqueras y cerveceras, entre otras.

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A contrarreloj

El 2030 será un año determinante para México y el medio ambiente. En primer lugar, porque es la fecha que diversos expertos y organizaciones dedicadas al cuidado del planeta han marcado como límite para poder revertir la crisis del agua en todos sus niveles antes de que los daños sean irreparables.

Y segundo, porque para ese entonces el Estado mexicano deberá haber cumplido su compromiso de reducir las Emisiones de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 22 por ciento, tarea establecida en el Acuerdo de París; tratado que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 en el país.

Para lograr lo objetivos nacionales fijados, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), ha señalado que el tratamiento responsable de aguas que se utilizan en el país es un tema fundamental.

“Estas aguas residuales, tanto las domésticas como las industriales, pueden ser una fuente de metano (CH4) cuando se las trata en medio anaeróbico, así como fuente de emisiones de óxido nitroso (N2O).

“Esto determina que este sector sea considerado como una fuente importante de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)”, señala el estudio Desarrollo de rutas de instrumentación de las contribuciones nacionalmente determinadas en materia de mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero (GyCEI) del sector Aguas Residuales de México 2018.

Ahora o nunca

La experiencia internacional demuestra que las afectaciones ambientales provocadas por el mal manejo de las aguas negras o residuales son extremadamente serias y difíciles de revertir en el corto plazo, revela el documento Tratamiento de aguas residuales elaborado por la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión.

En China, ejemplifica el texto, 80 por ciento de los ríos están tan contaminados que ya no son aptos para el uso humano.

Mientras que en Estados Unidos, las autoridades han tenido que advertir a los habitantes y visitantes que no pesquen ni se bañen en las aguas de dos de cada cinco ríos.

Desde 1990, nuestro país se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, fijados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sin embargo, la meta de servicios de saneamiento no ha sido alcanzada.

Prueba de ello, es que actualmente, aproximadamente el 24 por ciento de los municipios del país se encuentra en condición de vulnerabilidad climática alta, lo que representa una amenaza para la cantidad y calidad del agua que consumimos diariamente, acusó la Conagua en su documento Numeragua México 2018.

“El 2030 es hasta cierto modo una fecha muy conservadora porque hay regiones en el país, como lo es de manera específica la cuenca de México, donde actualmente se está gastando mucha más agua de la que se recauda, lo que las convierte en zona de estrés hídrico”, dice Rogelio Manríquez, director del programa de agua de Pronatura.

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