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El Municipio de San Pedro planea endeudarse para comprar los polémicos parquímetros concesionados por la pasada administración, encabezada por el exalcalde Mauricio Fernández.
El alcalde Ugo Ruiz contempla utilizar una parte de los 100 millones de pesos que obtuvo el Ayuntamiento el año pasado, gracias a un crédito que contrajo con una institución bancaria.
Inicialmente estos recursos estaban destinados para un programa de retiros voluntarios y pensiones de los trabajadores municipales, pero sólo se gastaron 30 millones de pesos y quedaron libres otros 70.
Entonces el municipio sampetrino tiene a su disposición estos 70 millones para buscar la compra de los parquímetros a la empresa San Pedro Meters y así proceder a cancelar el polémico contrato de concesión.
Esta maniobra financiera fue confirmada por fuentes de la Tesorería Municipal de San Pedro, dependencia que está a cargo de la negociación con la concesionaria de los parquímetros.
El tema también se ha discutido en el consejo consultivo ciudadano de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, que encabeza Encarnación Ramones.
La desincorporación de un terreno municipal, localizado en la zona de Chipinque, y su posterior venta, es otra de las opciones que se analizan en la administración municipal de San Pedro para la adquisición de los estacionómetros.
Durante el trienio de Mauricio Fernández, el Municipio de San Pedro adjudicó un contrato de Asociación Pública- Privada (APP´s) a la empresa San Pedro Meters para la instalación de 2 mil 528 cajones de estacionamiento, operados por 140 parquímetros instalados en el Centrito Valle y en el casco municipal.
El contrato con esa compañía tiene una permanencia de 15 años.
Pero el convenio ha sido cuestionado porque carece de la firma del exsíndico segundo, Hiram Luis de León.
El alcalde Ugo Ruiz ordenó una revisión de este contrato por considerarlo desventajoso para el Municipio de San Pedro.
Incluso, se inició una investigación en la Contraloría Municipal para fincar posibles responsabilidades a exfuncionarios sampetrinos involucrados en esta operación.
La compra de los parquímetros por parte del Municipio de San Pedro es hasta el momento la opción más factible que analiza la administración de Ugo Ruiz, que se dispone a cancelar este contrato.
De esta manera, será el propio Municipio la entidad que opere los estacionómetros.
En las negociaciones entre autoridades municipales y directivos de la empresa San Pedro Meters, se han manejado dos montos principalmente: la propuesta del Ayuntamiento es de 60 millones de pesos y la del consorcio ronda por los 80 millones de pesos.
El contrato firmado por el Municipio de San Pedro lo obliga a pagar, en caso de revocar la concesión, la cantidad de 185 millones de pesos, monto que el alcalde Ugo Ruiz ha dicho que no está dispuesto a liquidar.
La empresa San Pedro Meters busca esta indemnización pese a que el consorcio compró los 146 parquímetros en 14 millones de pesos.
El conflicto de los parquímetros será el primer caso que tendrá que atender y resolver el empresario Bernardo Bichara Assad, quien el martes tomó protesta como nuevo secretario del Ayuntamiento.
Bichara Assad, quien sustituye en el cargo al panista Hernán Salinas Wolberg, coordinará las acciones del gabinete de San Pedro como secretario del Ayuntamiento.
El próximo mes se cumple el plazo para que la empresa San Pedro Meters inicie con la instalación del resto de los 80 parquímetros multiespacios, que regularán un total de mil 100 cajones de estacionamiento en la zona valle y en el casco municipal.
Los aparatos se contemplan instalar en la zona del centro histórico de San Pedro en una segunda fase, sin embargo, a raíz de las protestas de los vecinos del área valle, se pospuso su establecimiento en el casco hasta el 20 de junio.
Por lo tanto, antes de ese día, cuando San Pedro Meters instalará los demás aparatos en el centro, se deberá de haber llegado a una solución entre la autoridad municipal y los empresarios.
El plan de utilizar recursos de este préstamo de 100 millones de pesos, firmado con Banregio, tiene una desventaja.
Se requerirá forzosamente el aval de los diputados del Congreso del Estado para reorientar el destino de este crédito, solicitado originalmente para las pensiones de los trabajadores municipales.
El asunto es que la relación entre el alcalde Ugo Ruiz y los legisladores locales no pasa por su mejor momento.
Ugo Ruiz mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación una queja en contra de los diputados locales por el incumplimiento de una sentencia relacionada con los tribunales municipales.
Esta pugna, además de las disputas partidistas, ha tensionado las relaciones entre Ruiz y la bancada del PAN, su partido político, que coordina Juan Carlos Ruiz, un incondicional del senador Raúl Gracia.
La negociación con los diputados azules recaerá en Hernán Salinas Wolberg, exsecretario de Ayuntamiento y recién designado titular de Administración en San Pedro.
