Pagan tarde y mal

A cuentagotas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha comenzado a pagar la deuda millonaria que tiene con sus policías de investigación, ministerios públicos y secretarios auxiliares.

Se trata de un ajuste salarial que en conjunto supera los 450 millones de pesos al año y que, durante los últimos 10 años, el gobierno de la ciudad se ha negado a pagar.

Tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que las autoridades capitalinas aceptaran cumplir con la retabulación salarial y el pago  retroactivo de “los trabajadores sustantivos” de la institución.

Los criterios del máximo tribunal significaron un revés para el Gobierno del Distrito Federal (GDF) que ha promovido una serie de recursos en su afán de no atender la demanda de sus empleados. Sin embargo, fracasó en el intento.

Pese a ello y hasta hoy, ni siquiera el uno por ciento de los trabajadores de la PGJDF ha obtenido el beneficio total de sus denuncias porque, de acuerdo con el abogado de los ministerios públicos, policías de investigación y secretarios auxiliares, en la Procuraduría se ha puesto en marcha una táctica dilatoria que podría extenderse más de medio año.

Un derecho ganado

En 1998 el GDF publicó en la Gaceta Oficial capitalina el acuerdo A/003/98 en el que se establecieron las bases para el programa de Bonos de Moralización.

El documento trazaba un proyecto de pagos compensatorios para el personal que se inscribiera en el Servicio Profesional de Carrera, que también serviría para dificultar la corrupción.

El tabulador de la Dirección General de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del GDF señalaba que, durante los cinco años siguientes, recibirían un incremento de entre 500 y 600 pesos por año.

No fue hasta el año 2000 cuando la procuraduría comenzó a pagar el bono a sus más de 6 mil empleados sustantivos. A la postre, la autoridad dejó de entregar dicho estímulo.

Por esa razón, presentaron un escrito al entonces procurador general de justicia, Bernardo Batiz, en el que le solicitaron una explicación de por qué ya no recibían ese apoyo económico.

“Por falta de liquidez” fue la respuesta de la PGJDF. Incluso señaló que la dependencia estaría dispuesta a reactivar el pago en cuanto tuviera suficiencia presupuestaria.

Pero en el plano mediático sí hubo claridad. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan de austeridad que incluía la suspensión del bono.

Por eso, los afectados promovieron una serie de juicios ante un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual resolvió, en definitiva, que la dependencia debe hacer el ajuste salarial.

En la edición del 20 de agosto de 2012, Reporte Indigo reveló este asunto y publicó el testimonio del representante legal de los policías de investigación, Humberto Terrazas.

En esa ocasión, el abogado dijo que la PGJDF estaba obligada a atender el fallo del tribunal, pero que aún nadie había obtenido la retabulación salarial o el pago retroactivo. También aseguró que las autoridades se pasaban la bolita para dar cumplimiento a la sentencia.

La táctica dilatoria

Cinco meses después, el problema sigue latente, aunque la PGDF ya no tiene elementos para negarse a cumplir con el fallo ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emplazado al gobierno de la ciudad a atender el mandato a la mayor brevedad posible.

Solo seis agentes de policía han recibido su ajuste salarial, mientras que otros cinco han obtenido, únicamente, el pago retroactivo. Y es que nadie está cubierto al 100 por ciento.

Así lo asegura Humberto Terrazas, que afirma que han tenido que sortear un sinfín de obstáculos para poder acceder al beneficio que por derecho les corresponde desde hace más de 10 años.

Explica que todos los asuntos fueron, primero, impugnados por la PGJDF ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde la mayoría cercana al entonces mandatario local, Marcelo Ebrard, siempre dio la razón al GDF.

“Hubo magistrados que no me querían atender y nunca aceptaron una prueba a mi favor, por eso en esa instancia perdimos todo. No hubo forma de ganarle al aparato de gobierno”, dice Terrazas.

“Pero en el plano federal todo es distinto, ahí no cuentan con el mismo escenario ni la infraestructura suficiente como para imponer sus decisiones sobre la legalidad”.

Bajo esa óptica, el tema tuvo que ser abordado por la SCJN donde los resolutivos emplazaron al director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia a realizar los pagos pendientes.

“No tienen motivo para seguirse negando ya que en ningún presupuesto anual de la PGJDF se tuvo un recorte, por lo cual siempre han tenido el dinero a su disposición”.

Explica el abogado que, tras quedarse atada de brazos, la dependencia ha optado por una nueva estrategia: la táctica dilatoria.

Consiste en que el titular en turno de la Dirección General de Recursos Humanos de la PGJDF permanece en el cargo un tiempo preciso para detener los pagos.

“No atienden. Nosotros damos vista del incumplimiento para que los aperciban y en ese inter pasan hasta tres meses. Cuando sale un ultimátum para el funcionario, resulta que ya cambiaron de titular.

“Luego vuelven a utilizar la misma estrategia para que no haya responsabilidad hacia la persona del director general en turno, pues alegan desconocimiento del tema”.

En la entrevista, Humberto Terrazas detalla los nombres de los últimos directores de Recursos Humanos en menos de tres años: Juan César Castro, Ricardo Marques Horta y Uble Mejía Mora.

“¿Esto qué significa? Que cuando se les dice que cumplan en un lapso de x días, resulta que el nuevo titular va y se ampara diciendo ‘es que yo no sé nada del tema’”.

Luego el juzgado le concede el amparo y, de ahí a que se cumpla el nuevo requerimiento, esa persona con toda seguridad ya no está en el cargo, afirma el abogado.

Su despacho tiene en su poder el juicio de al menos 600 funcionarios, pero con el paso de los días están llegando más interesados.

Con el mismo formato, otros  abogados promueven los mismos amparos ante juzgados colegiados en materia administrativa, por lo cual el tema se ha convertido en un dolor de cabeza para la procuraduría capitalina.

La ALDF se involucra

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) anunció que solicitará información detallada a la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) sobre la deuda millonaria que tiene con sus más de 6000  mil empleados sustantivos.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de ese órgano legislativo, Dinorah Pizano, ninguna autoridad puede estar por encima de la ley y se debe vigilar su cumplimiento.

En entrevista, dijo que la primera tarea de la ALDF será revisar el momento jurídico que atraviesa la dependencia tras el fallo de los tribunales y de la Corte respecto a la retabulación de los policías de investigación, ministerios públicos y secretarios auxiliares.

“Una vez que tengamos estos datos tomaremos cartas en el asunto ya que la queja constante de los elementos de la PGJDF es que no se ha cumplido con la sentencia que obliga a subirles el salario y un pago retroactivo”, dijo Pizano.

Dijo que, desde la óptica legal, el gobierno debe ser garante de las leyes y que a este órgano legislativo le corresponde velar por el cumplimiento de las mismas a través de sus comisiones especiales.

“Nosotros vemos que a ningún ciudadano le violen sus derechos humanos y aunque este sea un asunto laboral creemos que es indispensable que se pugne por el derecho a un trabajo y remuneración digna”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Santiago Taboada, también se pronunció a favor de que se revise la disponibilidad de recursos de la Procuraduría General de Justicia.

Afirmó que la dependencia ya no puede seguir postergando un mandato judicial y que en todo caso habría que llegar a negociaciones que no perjudiquen las arcas de la PGJDF y que se reflejen en la economía de los trabajadores.