Los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, demandaron al Gobierno federal la entrega de la presunta información que posee el Ejército sobre los sucesos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 cuando los normalistas desaparecieron de la faz de México.
Dieron a conocer que levantarán el plantón que montaron el pasado miércoles 21 de septiembre frente a la puerta 1 del Campo Militar 1-A y continuarán con el diálogo con el Gobierno federal. A partir de ahora, su demanda se basa en la exigencia de documentos del Ejército en los que habría quedado plasmada información del destino de los 43.
Juntos, como han permanecido desde 2014, los padres demandaron también una investigación penal en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y los funcionarios que integraron la junta de autoridades en la que, de acuerdo con el último informe de la Comisión para la Verdad y Justicia, presidida por Alejandro Encinas Rodríguez, se fabricó la llamada “verdad histórica”.
🚨#Seguridad | En el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, unas mil personas marcharon por las calles de la #CDMX. Por otra parte, los padres de los normalistas de Ayotzinapa retiraron el plantón que mantenían frente al Campo Militar 1A.
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— Reporte Índigo (@Reporte_Indigo) September 29, 2023
Al micrófono, el abogado Vidulfo Rosales enfatizó que el informe presentado el pasado 27 de septiembre por Encinas Rodríguez, también subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Peña Nieto habría dirigido la reunión en la que se elaboró la versión institucional de la tragedia.
“Nosotros creemos, lo hemos dicho, que todas las autoridades que aparecen en el informe de Alejandro Encinas como artífices de la verdad histórica se tienen que investigar penalmente”, sostuvo Vidulfo Rosales.
Los padres, que rechazaron un informe del Gobierno federal el miércoles, destacaron que ni el exprocurador Jesús Murillo Karam (en prisión preventiva) ni el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio (exiliado en Israel), pudieron actuar de manera aislada para elaborar la versión que se presentó como oficial en noviembre de 2014.
Esa versión indicaba que los estudiantes fueron asesinados y después incinerados en un basurero de Cocula, narrativa que fue deconstruida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En 2023 tal afirmación está descartada por completo tanto para los padres como para las autoridades.
Emiliano Navarrete, uno de los padres, expresó: “Por primera vez se señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y más funcionarios que ahí se mencionan … pedimos a las autoridades correspondientes hacer su trabajo para que nosotros podamos alcanzar la verdad y la justicia”.
