Organizaciones de padres de familia luchan para eliminar los obstáculos que no les permiten convivir con sus hijos tras un divorcio. Denuncias falsas y diferentes criterios en las evaluaciones psicológicas realizadas por personal del Centro de Convivencia Familiar son algunos de los problemas que estas familias deben sobrepasar para convivir.
El pasado 14 de diciembre, padres pertenecientes a No Más Hijos Rehenes llevaron sus reclamos hasta el Congreso local, buscando ser escuchados una vez más.
Mario Valles, perteneciente a dicha organización, explicó en entrevista con Reporte Índigo que madres y padres son víctimas de una obstrucción del vínculo cuando su expareja no permite la convivencia con los hijos en común hasta que una de las partes solicita la convivencia.
“La obstrucción del vínculo, es lo que nos tiene aquí manifestándonos. Judicializar los casos es lo peor que le podemos dar a los niños, porque es cuando el proceso se comienza a ‘alentar’. Las exparejas se convierten en obstructores a partir de ahí, cuando te dicen que tienes que meter una demanda para ver a tus hijos”, mencionó Valles.
Colectivos se pronunciaron en contra de judicializar los casos de convivencia con sus hijos, pues consideran que promover este tipo de acciones daña directamente a los menores de edad
Es en este punto cuando comienza una guerra entre los excónyuges, pues se promueven todo tipo de acciones como denuncias penales, en las que a veces se recurre a la difamación, lo que genera atrasos en la convivencia.
Mario Valles asegura que, de acuerdo con su percepción, hay una gran cantidad de denuncias falsas realizadas con el objetivo de obstruir el vínculo, a la vez que afirma que todo el sistema familiar está lleno de incongruencias.
“Si fuera congruente el sistema, ni siquiera estuviéramos aquí, lo que pasa es que el sistema automáticamente a todos los papás, cuando comienza la obstrucción con demandas, el Centro de Convivencia te trata como si ya fueras declarado como violento para poder analizarlo.
“Estos análisis psicológicos de peritaje, toman en promedio un año, entonces, vas a estar un año metido en el centro para que haya una gran posibilidad de que varios de los casos resulten ser una falsa denuncia”, señaló.
Valles y otros padres pugnan porque antes de enviar los casos a los Centros de Convivencia, estos sean analizados.
Padres de familia en búsqueda de restablecer el vínculo
Hace tres años, el señor Nicolás Mejía tramitó su divorcio. Sin embargo, al momento de tratar de establecer el régimen de convivencia con sus hijos, su expareja promovió una serie de denuncias las cuales, de acuerdo con Nicolás, acusan falsedades.
“Creo que en mi caso las denuncias falsas se han resuelto, en todas las audiencias han regañado a la señora de las cosas que está haciendo y solo ganó eso, un regaño, además del tiempo, que ha sido demasiado.
“Nunca la han sancionado, sé que hay unas multas por no llevar a los hijos al Centro de Convivencia, pero a final de cuenta es tratar y tratar de romper el vínculo entre mis hijos y yo”, explicó Mejía.
Mejía mencionó que jamás ha tenido una convivencia libre con sus hijos desde la separación con su expareja, por lo que sigue luchando para lograrlo, aunque las denuncias falsas han retrasado este proceso.
“Lo único que busco es la convivencia libre, si hay necesidad de cambiar el objetivo, ni modo tendremos que cambiar lo inicial, que es una convivencia libre. Desde el primer día que decidí tramitar un divorcio, le han quitado el derecho a los niños de convivir con su padre, hoy llevo tres años”, explicó.
Discrepancia de criterios del Centro de Convivencia Familiar
En los procesos que lleva a cabo el Centro Estatal de Convivencia Familiar del Poder Judicial de Nuevo León, el cual se encuentra a cargo de Leonor Zavala, se observan discrepancias en los criterios.
Víctor Hugo Martínez, miembro de No Más Hijos Rehenes, quien mantiene un caso de convivencia y posesión interna de menores de edad, explicó cómo dos evaluaciones, emitidas por dos psicólogas distintas, han frenado la convivencia con sus hijas.
Padres de familia acusan discrepancias en los criterios del Centro de Convivencia Familiar para establecer el régimen de convivencia, lo que impide la libre convivencia con sus hijos
Mientras que el primer análisis, realizado por la psicóloga Karla Joyce Cardoza Vázquez, establecía continuar con la terapia de integración con sus hijas, la segunda evaluación fue en un sentido totalmente contrario.
La psicóloga Areli Saidé Carmona Venegas decidió suspender las terapias de integración, por lo que Martínez no ha vuelto a ver a las menores de edad.
