Además de su lucha contra el cáncer de mama, las pacientes enfrentan otra batalla por su derecho a la salud en Nuevo León.
Son casi 200 integrantes del Comité Mujeres Fuertes que se formó luego de que desde el 1 de enero de 2020 dejaron de recibir atención médica debido a la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
En ocho meses, han exigido a las autoridades de salud locales y federales los cuidados médicos que recibían sin costo en el Hospital San José TecSalud: diagnóstico, tratamiento, seguimiento.
El 26 de junio de 2020, un día después de una publicación que realizó Reporte Índigo sobre el tema, las pacientes Myrna Solano y Adriana Burgos acudieron a la Ciudad de México a una reunión con directivos de Insabi, quienes les aseguraron que a través de un convenio con el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) iban a recibir atención médica.
“Acordamos que íbamos a entregar un listado de nuestras pacientes. Todas nos pusimos de acuerdo y estaban primero los casos urgentes. Fueron exactamente 47 mujeres. La reunión fue un viernes, martes o miércoles ya lo estábamos entregando y casi una semana después el Hospital Universitario comenzó a hablarnos”, cuenta Myrna Solano, integrante del comité.
En una de las conferencias de prensa de actualización de casos COVID-19 en Nuevo León, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, reconoció el acuerdo para tratar el cáncer de mama.
“Hace algunas semanas fui al Insabi, el anterior Seguro Popular, que atendía pacientes sobre todo de cáncer de mama. Hablé con el director del Insabi, el director del Hospital Universitario, el director de San José y acordamos que todas esas pacientes se van a atender en el Hospital Universitario, sin costo, proporcionándoles todos los medicamentos”, dijo el funcionario del gabinete del gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
A los pocos días de la reunión en la Ciudad de México, el Comité de Mujeres Fuertes entregó al Insabi la lista completa de pacientes, que son aproximadamente 190. El Hospital Universitario sólo tiene los nombres de los casos urgentes pero la institución que dirige Edelmiro Pérez Rodríguez no les brinda un servicio gratuito ni integral.
“Nos hablan por teléfono que es la bendita llamada que estábamos esperando y resulta que nada más es la pura consulta, no hay medicamentos, no hay tratamientos, no hay seguimiento para nada. Si tú quieres seguir tu tratamiento en el Hospital Universitario, tiene un costo”, expresa Araceli Tapia.
Pacientes con cáncer tienen que rogar por el derecho a la salud
El gobernador Jaime Rodríguez Calderón ha ignorado al Comité Mujeres Fuertes, a pesar de que en los últimos dos meses han muerto seis pacientes con cáncer de mama.
“¿Cuántas compañeras más tienen que fallecer para que nos puedan tomar en cuenta? ¿Qué necesitamos hacer para que nos den ese servicio que estamos pidiendo?”, cuestiona la paciente Johana Castellanos.
Los recursos del Insabi son para atención pública y no privada, por lo que las mujeres con cáncer de mama fueron remitidas del Hospital San José al de la UANL. Las bajas del servicio médico ocurrieron desde 2019, en Tec Salud quedaron cubiertas sólo algunas radioterapias.
“En mi caso, yo el año pasado tuve el 24 de junio mi cirugía y luego las radioterapias las terminé el 4 de octubre. Entonces, de alguna otra manera, no obtuve una revisión pero ¿qué pasa con las que necesitan quimioterapias?”, lamenta Fátima Bush.
Las vacunas que, por ejemplo, requiere Adria Plascencia cuestan 46 mil pesos y deben ponerse cada tres semanas durante un año.
“Lo que estamos pidiendo era lo que ya existía, no estamos pidiendo nada más que eso. Sin embargo, hay muchos retrasos administrativos, siempre que hablamos nos refieren esa situación. ‘Es cuestión de ajustes, de hablar con esta o con cualquier otra autoridad’. Y todo el presupuesto lo absorbe el COVID, cuando nosotros ya existíamos”, señala la paciente.
Al Comité de Mujeres Fuertes no le importa la institución para tomar su tratamiento, sino que la atención sea integral y sin costo, pues como jefas de familia o amas de casa no les es posible cubrirlo.
“No queremos que tengan una imagen de que estamos con la mano extendida como lo ha manejado el asistencialismo. Siento que caemos ya en una cuestión de estar rogando algo que nos corresponde. Ha pasado un tiempo bastante considerable, ya son ocho meses de estar viendo cómo han fallecido compañeras y no vemos respuesta”, dice la paciente Aida Pinales.