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Las campañas electorales se han convertido en un momento en el que el dispendio, la manipulación mediática y hasta la violencia han marcado la pauta. Foto: Especial

¿Otro tipo de campañas electorales son posibles?

El periodo de promoción del voto ha concluido, y lo que en realidad ha provocado entre la ciudadanía es cuestionar si aún es necesario un proceso marcado por el derroche, la competencia desleal y la falta de propuestas

Luego de que las personas que aspiran a obtener un cargo público, de cara a los próximos comicios, salieran a dar a conocer y promocionar sus propuestas y plataforma política, queda de manifiesto que el ejercicio de las campañas electorales en México presenta diversas áreas de oportunidad ante el dispendio de recursos, contaminación y hasta vaguedad que les caracterizan.

A escasos días de que se lleven a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, por la cantidad de cargos que se disputarán, lo único que queda claro es que las encuestas de preferencias, la publicidad electoral y hasta los artículos propagandísticos han inundado el país en búsqueda de incentivar el voto.

Lo anterior, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya estipulado un tope de campaña de hasta 660 millones de pesos en el caso de las candidaturas por la presidencia de México, dos millones  203 mil 262 pesos en el caso de las diputaciones y un gasto variable proporcional acorde al número de distritos que comprende cada una de las entidades federativas para la elección de senadurías; presupuesto que se utiliza sin priorizar el uso eficiente del recurso económico ni la promoción a detalle de las propuestas que cada aspirante tiene por ofrecer al electorado, expone a Reporte Índigo Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Creo que es necesario preguntarse qué tan informativo puede llegar a ser el material con el que se llevan a cabo las campañas y si de verdad sirve para su propósito principal; cuestionar el hecho de que así se haga la promoción de las candidaturas, es decir, con una serie de lonas, de pendones y publicaciones que lo único que tienen son la cara de las y los candidatos, yo creo que podríamos pensar en modelos diferentes, incluso donde se prohíba ese tipo de propaganda y transitar a modalidades más eficientes”, destaca el analista.

Y es que, desde el pasado primero de marzo, millones de pesos han sido invertidos en productos propagandísticos, publicidad en la vía pública, promocionales en radio y televisión, además de publicaciones en redes sociales, para ganar la simpatía de los más de 99 millones de ciudadanos que se encuentran registrados en la lista nominal del INE; cuestión que, tan solo en la capital del país, es capaz de generar 25 mil toneladas de basura, estima Greenpeace México.

“Si algo aprendimos de la pandemia es que, es posible llegar a diversas audiencias haciendo uso de medios alternativos, como pueden ser las alternativas digitales, sin la necesidad de generar propaganda que solo va a producir residuos; quedó claro, es posible llegar a las masas a partir de otros medios”, puntualiza a este medio Ornela Garelli, activista ambiental de la organización.

El estilo mexicano

Aunque se trata de un periodo en el que se busca dar a conocer un propuestas y rutas de acción frente a los grandes problemas que aquejan al país, las campañas electorales se han convertido en un momento de la vida pública del país donde el dispendio, la manipulación mediática y hasta la violencia electoral han marcado la pauta.

Y es que, de acuerdo con los datos de rendición de cuentas y resultados de fiscalización del INE, cada aspirante a la presidencia del país ha desembolsado más de 250 millones de pesos por concepto de gasto de campaña en tan solo 90 días, lo que podría traducirse en inversiones significativas en materia de salud, infraestructura o educación, por mencionar; además de que, al concluir el periodo de campañas, se contabiliza la muerte de por lo menos 30 personas relacionadas al proceso de elección de cargos políticos.

Tal panorama deriva en un contexto complejo que da como resultado una condición en la que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuatro de cada 10 mexicanos mayores de edad han confesado haber presenciado la cooptación del voto a cambio de dinero, una cuestión en la que, casi en su totalidad, han sido partidos políticos los encargados de tal delito electoral.

Incluso, destaca que, en el marco de la contienda electoral, las organizaciones que buscan el poder en el país han buscado impulsar su imagen a partir de la promoción en redes sociales realizada por creadores de contenido sin la debida regulación, tal como lo ha documentado la asociación de protección al consumidor digital Tec-Check.

Un efecto costoso

Con una antesala marcada por el uso de grandes recursos económicos y un poca sustancia respecto a propuestas y acciones que pueda beneficiar a la población mexicana, no es de sorprender que el propio proceso electoral mexicano resulte en uno de los más caros a nivel internacional, lo que destaca incluso por el señalamiento que ha realizado el propio Gobierno federal y la UNAM al respecto.

Además, este proceso electoral en específico destaca por ser el más costoso de la historia moderna del país, lo que da la pauta a que, a la par de la veda electoral, es decir, el periodo en el que el electorado reflexiona sobre su voto, la ciudadanía mexicana pueda pensar sobre el impacto en el erario público que implica sostener la contienda entre partidos políticos tal como funciona actualmente.

Prometer sí empobrece

Producto de las campañas que se centran en ofrecer propuestas sin fundamentos sólidos a los votantes, las promesas de las personas que buscan ocupar algún cargo de elección popular plantean impactos importantes para el erario público ante la necesidad de un gran financiamiento para cumplir dichas ideas.

Los proyectos que abarcan desde mejoras en las pensiones, en el sistema de salud, o en materia de seguridad pública, por mencionar, conllevan importantes reestructuraciones en la política como en la economía, sin embargo, pese a que son banderas de batalla por parte de las candidaturas, no explican la fuente de financiamiento para llevarlas a cabo.

Por ejemplo, en salud, las propuestas que refieren a reformas y modificaciones para mejorar el sistema mexicano puede costar hasta 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030 gracias a las crecientes necesidades de la población, lo que significa el triple de los recursos que se destinan en la actualidad, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaría (CIEP).

De la misma forma, el organismo señala que en cuestión del presupuesto que se destina a la educación, actualmente representa el 3.3 por ciento del PIB nacional, menos de la mitad de la meta que es de ocho puntos porcentuales establecida en la Ley General de la Educación, lo que implica un aumento significativo en la inversión dentro de este rubro, apenas para alcanzar los mínimos requeridos; por lo que las promesas de campaña dentro de este sector también plantean un reto fiscal.

Además, otro aspecto importante a considerar es el gasto que se genera por las pensiones, pues una de las propuestas que más destacan las personas que aspiran al poder político en el país es el aumentar el recurso que se da a los adultos de la tercera edad, pues si se incluye a las mujeres de entre 60 y 64 años se destinaría el 7.2 por ciento del PIB en 2030, lo que implicaría restar presupuesto en otros sectores estratégicos, alerta el CIEP.

Por lo anterior es que el centro de investigación destaca que “no hay política pública sin presupuesto”, lo que puntualiza en que el gran reto para la próxima administración será el de contar con recursos económicos suficientes para cumplir las promesas de campaña y mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.

¿Reforma a la vista?

Ante el dispendio de recursos públicos, la contaminación de la propaganda electoral, la vaguedad de las propuestas de los candidatos, la manipulación mediática e incluso la violencia electoral, urge una reforma de fondo al sistema político-electoral mexicano.

El principal problema radica en que los legisladores, que fueron emanados de partidos políticos, no trabajarán para que las reglas sean más estrictas en contra de sus institutos, sus compañeros o ellos mismos.

Hace poco más de una semana diputados federales integrantes de la Junta de Coordinación Política se reunieron con magistrados del Poder Judicial de la Federación, ambos bandos concluyeron que después de que se terminara el actual proceso electoral se pondrían a trabajar en una posible reforma electoral.

“Se acordó impulsar el diálogo con el objetivo de analizar una eventual reforma electoral que tome en cuenta las experiencias que arroje el proceso en curso, cuya elaboración refleje la pluralidad que hoy caracteriza al país”, dio a conocer el Tribunal mediante un comunicado.

Al respecto, el diputado del PRD, Francisco Huacus, reveló que todos los partidos políticos estuvieron a favor de comenzar a trabajar en una reforma electoral, principalmente para blindar las elecciones del 2027 del crimen organizado y a los candidatos de la violencia.

De acuerdo con los legisladores, uno de los temas principales que debe incluir la próxima reforma electoral es la posibilidad de anular una elección debido a la violencia, es decir, que no se lleve a cabo una elección en casos de secuestros de candidatos y amenazas.

“Los magistrados reconocieron que este es uno de los procesos más violentos en la historia del país, pero sobre todo, un proceso donde se aprecia que es difícil hacer campaña”, dijo.

Sobre la posibilidad de reducir el gasto en las campañas electorales no se habló.

Los planes de Morena

Casi al iniciar el actual sexenio el presidente López Obrador comenzó los amagues en contra del INE y su entonces presidente, Lorenzo Córdova. El 28 de abril del 2022 presentó su iniciativa de reforma electoral para disminuir el número de consejeros en el órgano autónomo, eliminar el financiamiento a los partidos políticos para actividades ordinarias, desaparecer a los legisladores plurinominales y a los organismos públicos locales.

La iniciativa fue desechada el 6 de diciembre de ese año. Casi inmediatamente arrancó el “Plan B” a través de un paquete de reformas a leyes generales, las cuales sí avanzaron pero después fueron declaradas inconstitucionales por violaciones al proceso legislativo.

Actualmente, el “Plan C” de Morena y sus aliados es conseguir la mayor cantidad posible de escaños y curules para en la próxima legislatura materializar su reforma electoral.

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