El caso del juez federal Ricardo Hiram Barbosa Alanís se suma al de su homólogo Luis Armando Jerezano, a quienes recientemente abrieron procesos porque detectaron irregularidades en sus cargos.
El dictamen de Juan Carlos Manuel Padilla Pérez Vertti, secretario ejecutivo de Disciplina de la Judicatura, indica que Barbosa Alanís y tres secretarios de Juzgados: Héctor Monterrubio Pontigo, Alejandro Tovar Álvarez y Eusebia González, enfrentan procedimientos en su contra.
En este caso, como en el del juez Jerezano Treviño -también investigado por la DEA- Barbosa Alanís y sus secretarios tienen irregularidades procesales pero también en sus cuentas bancarias por recursos de procedencia desconocida.
El dictamen que se presentó al pleno indica que en primer lugar, no se abrirá el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del juez, pero sí el proceso disciplinario.
Sin embargo, en el boletín informativo que expidió ayer por la tarde el Consejo de la Judicatura, luego de analizar el caso en el pleno, sí se menciona que se abre un procedimiento de responsabilidad administrativa y no aparece el proceso disciplinario de oficio, que sí se había inscrito en el dictamen.
Lo que sí se dice en el comunicado es que definitivamente Barbosa Alanís está suspendido, ahora sin goce de sueldo, hasta resolver el procedimiento administrativo en cu contra.
Tampoco se explica en el comunicado que la investigación de la Comisión de Vigilancia de la Judicatura encontró discrepancias entre los ingresos del juez y una cuenta bancaria de él y otra de sus familiares.
Y es que como Reporte Indigo publicó ayer, fuentes del Poder Judicial de la Federación indican que en la investigación, el órgano de inspección halló 5.7 millones de pesos injustificados en una cuenta de Barbosa Alanís y otra de su esposa.
El juez fue sometido a una extensa investigación desde hace tres años, cuando fue suspendido por el Consejo de la Judicatura cuando se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León.
Según la investigación, se descubrieron depósitos bancarios en cuentas de sus familiares, de los cuales se desconoce el origen del dinero, por 5 millones 123 mil pesos.
Además en cuentas personales de Barbosa Alanís, el órgano de disciplina del Consejo de la Judicatura logró ubicar 597 mil pesos no justificados en ingresos, que no corresponden a las percepciones de su encargo como juez de distrito.
Pero un agravante más a estos casi 6 millones de pesos sin justificar por el juzgador, sería el que Barbosa Alanís incurrió en mentiras a la hora de presentar, como todo profesional en su encargo, las modificaciones a sus declaraciones patrimoniales ante el Poder Judicial.
Esto significa que no sólo tuvo ingresos sin justificar, sino que además los ocultó.
Pero no sólo Barbosa Alanís fue investigado, también el secretario del Juzgado, Héctor Fernando Monterrubio Pontigo, a quien le encontraron cuentas bancarias que no reportó por 1.5 millones de pesos.
Además de una cuenta a nombre de uno de sus familiares por cerca de 900 mil pesos.
En total, el secretario del Juzgado Monterrubio Pontigo, no justificó movimientos por cerca de 2.4 millones de pesos.
Por ello ayer el pleno de la Judicatura abrió el procedimiento de responsabilidad administrativa contra Barbosa Alanís y los tres secretarios de Juzgados, luego del escándalo de corrupción en el que se vio el también juez de distrito Luis Armando Jerezano Treviño.
Escándalo que inició con los amparos sin argumentos procesales válidos entregados a una serie de particulares y que afecta la imagen del Poder Judicial en el país.
De hecho, hace tres años Barbosa Alanís fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal para ser investigado por sus vínculos con socios de casinos.
La suspensión temporal fue con goce del 40 por ciento de su sueldo, percepción que ayer le fue retirada.
El entonces Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León fue acusado por el exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, de favorecer con sus fallos a empresas de casinos para que se instalaran en ese municipio.
En el dictamen, se establece que tanto Barbosa Alanís, como sus secretarios, incurrieron en irregularidades procesales.
Esto, además del dinero que se encontró en las cuentas de ellos y sus familias, cantidades que no tienen como origen su encargo en el Poder Judicial.
Ahora toca al Consejo de la Judicatura resolver cuál es la sanción contra Barbosa Alanís, así como contra Jerezano Treviño, la cual debe ser ejemplar si realmente el órgano busca limpiar la imagen del Poder Judicial.
