El Congreso de la Ciudad de México va por el segundo intento de la Ley de Cultura Cívica después de que la primera fuera sometida a revisión por la Consejería Jurídica tras las denuncias públicas que enfrentó.
El principal problema de la Ley de Cultura Cívica fue que intentaba sancionar la prostitución en el artículo 27, fracción VII.
“Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja vecinal”, dice el documento.
Marbella Rubí Ortiz, presidenta del Colectivo Orgullo Trans México, afirmó que la ley era discriminatoria y algunos policías de la capital empezaron a aplicarla cuando todavía no se promulgaba.
“Una ley, para que lo sea, tiene que estar en la Gaceta Oficial, pero ni siquiera estaba en vigor y nos estaban molestando, una arbitrariedad de los policías que actúan con alevosía y ventaja, por eso empezamos a alzar la voz”, señaló Ortiz.
La representante del colectivo Pro Diana, Alba Ramón, aseguró que la Ley de Cultura Cívica era retrógrada e inaplicable.
“Lo que queremos es que no nos moleste la policía a las trabajadoras sexuales, los policías ya dan por hecho que pueden violentarnos, que pueden llevarnos a la cárcel y a los clientes también”, denunció.
Además, el intento de legislación pretendía sancionar a quienes cobraran por servicios no solicitados, pero quedó fuera después de la solicitud de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que se eliminara el artículo 27.
Las activistas en pro de las trabajadoras sexuales y por la diversidad afirmaron que no fue un error, sino un intercambio político por las fotocívicas
“Entonces, hay diputados que dicen que no sabían, pero por favor, si son del mismo grupo. Lo bueno es que ya se echó para atrás esa ley”, indicó Alba Ramón.
Además, acusó que la iniciativa se aprobó cuando ya había mesas de diálogo con las autoridades para tratar el tema. Ahora espera que su opinión sea tomada en cuenta para la nueva propuesta que posiblemente será presentada esta semana en el Pleno.
“Federico Dóring fue el que hizo la modificación, aprovechando que estaba lo de las fotocívicas, violentando los derechos de las chicas del trabajo sexual sobre el exhibicionismo y que la prostitución fuera un delito. Es una arbitrariedad a sabiendas de que es un acto de discriminación y homofobia”, puntualizó.
A pesar de esto, reconoció que el diputado Temistócles Villanueva las ha escuchado y ayudado para que su voz se vea reflejada en la revisión que se está llevando a cabo en el Congreso local.
“Ahora nos prometieron mesas de diálogo para que se pueda hacer una nueva ley que quite las penas para el trabajo sexual porque la prostitución no está criminalizada a nivel federal”, argumentó.
Fotocívicas sin marco legal
El 22 de abril entró en vigor el nuevo Reglamento de Tránsito que dio inicio al sistema de Fotocívicas de la capital, que sustituye a las sanciones económicas por las de trabajo comunitario.
Sin embargo, el reglamento de tránsito y la propuesta de la jefa de Gobierno para el nuevo sistema de sanciones carecía de marco legal.
“Lo que hizo la bancada de Morena es corregir la plana a la jefatura de Gobierno al emitir un reglamento, una ley que le da sustento al reglamento de tránsito que lanzaron sin elementos jurídicos”, indicó el diputado Jorge Gaviño, en entrevista con Reporte Índigo.
También mencionó que las modificaciones a la ley son excesivas para los capitalinos porque contemplan el trabajo comunitario, cumplir horas en el centro de sanciones administrativas en el caso del Alcoholímetro y las multas económicas cuando un policía levanta la infracción.
“Están diciendo que están cambiando multas por fotocívicas, pero de todos modos van a pagar con tiempo, porque los trabajos comunitarios los tiene que hacer el Gobierno, es su trabajo, es una manera distinta de cobrar”, explicó.
De acuerdo con Gaviño, las Fotocívicas actualmente son inconstitucionales porque aún no están aprobadas las reformas a la Ley de Cultura Cívica.
La mandataria capitalina informó que espera que sea antes del término de este periodo de sesiones, el 31 de mayo, cuando ya esté aprobada la iniciativa corregida por el órgano legislativo.
¿Y los franeleros?
A través de un oficio, la jefa de Gobierno les pidió a los legisladores que supriman el artículo 27 y modifiquen el 32 y el 26 de la Ley de Cultura Cívica.
Pero el artículo 28, que busca sancionar a los acompañantes de los conductores de transporte público, no fue puesto en revisión ni se eliminó.
El diputado Jorge Gaviño afirmó que esto se podría interpretar como una sanción a los franeleros.
“Se puede sancionar a todos los que ofrezcan un servicio sin ser requerido, por ejemplo franeleros, la ley no distingue es general”, explicó.
Sin embargo, consideró que castigar ese tipo de actividades es complicado y jurídicamente es inoperable.
“Son sanciones excesivas que no son operables, nada más lo señalaron ahí pero no van a aplicarse y para lo cual, la autoridad tiene que hacer un reglamento”, detalló.
Al respecto, la diputada Donají Olivera indicó que era un tema de seguridad porque en ocasiones los franeleros impiden el acceso de los pasajeros o pueden ser cómplices de asaltantes.
Igualmente, rechazó que, como lo dijo el legislador, sancionar a los ayudantes de los operadores sea complicado.
“Si estamos sancionando acoso sexual en el Metro, por qué no ese tipo de conductas, sobre todo las personas que no pueden subir normalmente, como las de la tercera edad o niños y niñas”, argumentó.