Una nueva denuncia en contra de la construcción del Viaducto Urbano Santa Catarina fue presentada ante la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Nuevo León.
El documento por las obras en el Río Santa Catarina, tiene sello de recibido con fecha del 27 de agosto de 2020. Señala como actos u omisiones la ejecución de obras de construcción en zonas donde no se cuenta con autorización de impacto ambiental en 461 mil 247 metros cuadrados.
“La ejecución de obras de construcción, al interior del río Santa Catarina, en zonas donde no se cuenta con autorización de impacto ambiental, que están aledañas al espacio autorizado en el resolutivo de la SEMARNAT SGPA/DGIRA/DG/08423”, menciona el documento.
Se trata de una denuncia ciudadana interpuesta por los activistas Antonio Hernández, Ximena Peredo y Angel Tovalín, quienes ese día se reunieron con la encargada del despacho, Elva Gricelda Garza Morado, y dos inspectores. Esta queja se suma a otra por invadir zonas de guarda, cauces hidrológicos del Río Santa Catarina y una más del colectivo Río Sin Viaducto presentada el 3 de marzo de 2020 que, a seis meses, continúa sin respuesta.
“Los actos que denuncio consisten en incumplimientos de la legislación ambiental”, dice la denuncia interpuesta por el biólogo Antonio Hernández, integrante de Pueblo Bicicletero.
Los activistas exigen la revocación del permiso por la pérdida de biodiversidad y destrucción de vegetación, que es hábitat de vida silvestre
¿Quién es el infractor en Viaducto Santa Catarina?
Entre los datos para la identificación de los presuntos infractores la denuncia señala a la empresa Rodais por el complemento de 8 kilómetros de la autopista de cuota Monterrey-Saltillo, con un permiso para un trazo lineal de 6 mil 111 metros, siendo éste el único espacio que tiene autorización.
“En el mismo, de acuerdo con la tabla de coordenadas ya citada, se da cuenta de una autorización para un trazo del proyecto, de forma lineal. El mismo es de una longitud estimada en 6 mil 111 metros, siendo la misma LÍNEA (mapa 1), el único espacio que cuenta con autorización de la Semarnat para realizar obras del referido proyecto, de acuerdo con el citado oficio de la Secretaría”, dice la denuncia.
Es decir, la compañía no puede construir fuera del trazo permitido, tal como lo sostiene el activista. La denuncia está acompañada con datos de pruebas tales como dos metodologías generales, la primera mediante recorridos en campo, con la toma de coordenadas geográficas, las cuales fueron proyectadas mediante software de sistemas de información geográfica; la segunda, con métodos de teledetección, donde se utilizó una imagen obtenida de los satélites Sentinel 2, con fecha de 13 de julio de 2020, que cuenta con 13 bandas espectrales.
Reporte Índigo adelantó que la Profepa de Nuevo León aceptó una denuncia para comenzar una investigación por irregularidades en la construcción del viaducto, pues se realizaron caminos fuera del trazo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). No obstante, el biólogo Antonio Hernández informó que no se ha realizado, por eso la insistencia de los activistas.
Funcionario inhabilitado involucrado
La denuncia, presentada por defensores del medio ambiente que acusan la construcción en trazos no autorizados y desequilibrio ecológico en el Río Santa Catarina, incluye a Ramón Mancillas Esparza, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) en Nuevo León como un presunto infractor.
El documento señala obras que son presumiblemente realizadas bajo su coordinación. En febrero de 2011, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con destitución e inhabilitación a cuatro funcionarios de esta dependencia federal, entre ellos Mancillas Esparza, por el pago de una obra no concluida entre los límites de Veracruz y Oaxaca.
Ramón Mancillas, quien fue director general del centro de la SCT, en Oaxaca, fue inhabilitado por 10 años, junto con José Eduardo Cruz Ruiz, exsubdirector de Obras; Luciano Pérez Pérez, exresidente de Obra; y Fredy Hernández Ibarra, exresidente general de carreteras federales. Estos servidores públicos falsearon reportes y autorizaron los pagos, revela la Secretaría de la Función Pública.
