El Movimiento Regeneración Nacional arrancó las operaciones para solicitar y, eventualmente, ganar la consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Faltando casi cinco meses para su realización y a cuatro de haberse realizado el primer ejercicio de consulta popular en México, comienzan a verse similitudes con los enredos que dificultaron aquella primera consulta popular en donde se preguntó si se deseaba enjuiciar a los expresidentes.
En primer lugar, Morena ya se encuentra en un debate público con el Instituto Nacional Electoral, tal y como lo hizo de cara a las elecciones federales del pasado 6 de junio y a la consulta popular del 1 de agosto.
Mientras los consejeros del INE reclaman una vez más que los recortes presupuestales afectarán la realización del ejercicio, los integrantes del partido oficial ven esto como una estrategia para sabotearlo.
El recorte de casi cinco mil millones de pesos al INE que Morena y aliados aprobaron para el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022 abrió una confrontación política y legal. Esto siendo que, para la consulta popular de agosto, también se les negaron recursos adicionales, lo cual llevó al instituto a aplicar medidas como instalar menos casillas y no implementar las especiales, lo que hizo enojar a López Obrador.
Con este antecedente, en el que tanto el presidente como su partido responsabilizaron al INE por la participación que apenas superó el siete por ciento en la consulta de agosto, Reporte Índigo entrevistó a Arturo Sánchez.
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Gutiérrez, consejero electoral entre 2014 y 2017, sobre esta confrontación, la cual estima está motivada por los intereses políticos que han impulsado estos primeros ejercicios de democracia participativa.
“El éxito de la consulta, el porcentaje de participación, las características de la organización, todo eso, sí dependen del INE. Cuando tenemos un gobierno que no ha hecho más que denostar cualquier actividad del INE, que no reconoce ni la elección en la que fue electo el presidente ni el tipo de trabajo que ha realizado el INE a lo largo de su historia, pues las consultas se vuelven, otra vez, instrumento político”.
El hoy profesor investigador de la Escuela de Ciencias Políticas y Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey critica que “se llama a una consulta en la cual ya se sabe cuál va a ser el resultado por un interés político. Si sale bien, es porque el pueblo así lo quiso a pesar del INE. Si sale mal, es porque el INE tuvo la culpa. Otra vez están los intereses políticos por encima de la voluntad ciudadana”.
Sánchez Gutiérrez argumenta que estos intereses políticos se aprecian dado que no son los detractores del primer mandatario quienes se movilizan para pedir su salida, sino su mismo partido y sus simpatizantes. Como también ocurrió con la pasada consulta, para la cual se solicitaron firmas ciudadanas con la pregunta sobre enjuiciar o no a expresidentes, misma que fue cambiada por la Suprema Corte, modificando así la consulta misma.
En una segunda instancia, la campaña de Morena ya acumula críticas por distanciarse de lo establecido en los lineamientos legales, como ocurrió con la consulta popular tras el cambio de pregunta. Bajo el lema “que siga AMLO”, promueven una supuesta “ratificación” de mandato para que López Obrador continúe en el cargo por los próximos tres años. Siendo que, si no se realiza la consulta, él permanecerá en el puesto de todas maneras.
Dado que los partidos de la oposición han llamado a boicotear este nuevo ejercicio y apenas unas organizaciones de detractores buscan llevar a López Obrador a la revocación de mandato, sus propios simpatizantes han tenido que promocionar este ejercicio entre sus bases, resultando irónico que recolecten firmas para someter a esta clase de escrutinio a un presidente que llega con más del 60 por ciento de aprobación a la mitad de su sexenio.
Respecto a esto, Alejandro Rosas Marín, director de la agencia Disruptio, explica que este “rebranding” por parte de Morena es una estrategia para atraer a la población más distante de la actividad política sin la necesidad de explicar los aspectos más técnicos de la revocación de mandato. Lo que atribuye, en parte, a que la democracia mexicana sigue estando en un nivel “electoral” donde un amplio sector no se involucra más allá del voto.
“Morena lo está etiquetando como que no es revocación, sino ratificación. El término legalmente no existe como tal, esto más bien responde a un marketing de Morena. Se entiende, al final es el partido del presidente y la revocación de mandato suena grave. Pensemos en alguien alejado de la política que oye que viene la revocación de mandato, puede alarmarlo un poco”.
En ese sentido, el consultor político estima que la participación para este nuevo ejercicio será lejana al 40 por ciento, el mínimo legal requerido para que sea de carácter vinculante, como ocurrió con la consulta popular de agosto. Sin embargo, también destaca que esto no es un factor de riesgo para López Obrador, puesto que no hay indicadores de que este ejercicio pueda afectarle negativamente de ninguna manera.
“Estos ejercicios, si bien pueden ir ayudando a la incipiente democracia participativa mexicana, hoy por hoy, en estas primeras veces que se utilizan, serán más en beneficio del presidente, a todas luces, no se ve por dónde pueda perder popularidad o pueda estar en riesgo su mandato”, agrega.
