La defensa del territorio no es fácil para los pueblos indígenas, así lo afirmaron miembros de comunidades otomíes que se oponen a la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
De acuerdo con los afectados, tras oponerse al proyecto mexiquense, han sido víctimas de agresiones que van desde amenazas hasta ataques físicos.
Adalberto Ramírez Domínguez de la comunidad San Francisco Xochicuautla del municipio de Lerma, Estado de México, denunció que la empresa Autopistas de Vanguardia -filial a Grupo Higa- los quiere despojar de sus tierras.
El conflicto en Xochicuautla inició en 2007, cuando junto con las comunidades otomíes de Huitzizilapan y Ayotuxco, integradas al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, se opusieron a la construcción de la autopista Naucalpan-Toluca, la cual afectará 138 hectáreas de bosque perteneciente a los tres pueblos.
Desde entonces, las comunidades han denunciado que el proyecto causa afectaciones ambientales hacia el territorio hñathö.
Sin embargo, no es la primera vez que los habitantes sufren intimidaciones por parte de las autoridades.
En abril de 2016, miembros de la comunidad de Xochicuautla acusaron que fueron desalojados por agentes de la policía estatal para permitir la construcción de la autopista.
En ese entonces, seis camiones de granaderos, varias patrullas de la Policía del Estado de México y maquinaria de Grupo Higa arribaron al poblado y se ubicaron en los accesos principales, a pesar de que el Juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales del Estado de México concedió una suspensión definitiva a favor de los habitantes.
A principios de julio de este año los trabajadores de la constructora TEYA se han portado muy agresivos, nos están intimidando al igual que los elementos de la policía estatal
Para Ramírez, la presencia de ambos sujetos ha sido un factor por el cual su gente ya no puede ir al cerro ya que pueden ser víctimas de agresiones.
“Ya no podemos transitar libremente, nosotros subíamos por hongos y plantas medicinales para nuestro uso y ahora ni eso podemos hacer”, lamentó.
Los pobladores acusan a los elementos policiacos de hostigarlos, debido a que frecuentemente pasean por las comunidades para vigilarlos en sus autos a pesar que los habitantes cuentan con medidas cautelares.
“Exigimos al Gobierno federal y estatal que retiren a los policías y golpeadores de nuestra comunidad así como la cancelación del proyecto, el bosque es vida y debe de respetarse”, sentenció.
Otras de las razones por las que la comunidad se opone al proyecto es que, de acuerdo al plan de la empresa, la obra partiría dos reservas naturales, provocando que los habitantes ya no tengan libre acceso a lugares del bosque que para ellos son sagrados. Además, denunciaron que la fauna de la región estaría en peligro ya que tendría que cruzar por la carretera.
En 2007, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, autorizó la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a la empresa TEYA SA de CV.
La autopista se prevé que abarque 39 kilómetros los cuales conectarían el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de Toluca y tendría un costo mil 449.5 millones de pesos.
Matías Hernández Ventura poblador de La Concepción Xochicuautla, comunidad vecina al proyecto y la cual también se ha visto afectada, denunció que a las comunidades no se les consultó nunca para la autopista, por eso es que han iniciado la lucha legal y se aferran a la resistencia social.
“No les importa todo lo que han afectado al medio ambiente tapando los ríos, tirando cascajos, no se dan cuenta que están haciendo un deterioro irreversible”, mencionó Hernández Ventura.
La construcción de la autopista Naucalpan-Toluca afectará 138 hectáreas de bosque perteneciente a pueblos otomíes
Proyecto de muerte para otomíes y bosques
Efrén Santana Ortínez de San Lorenzo Huitzizilapan, no puede hablar del proyecto como un beneficio para la gente sino solamente como una carretera de la muerte.
En entrevista para Reporte índigo, Santana declaró que es evidente que los tres niveles de gobierno no tienen ningún interés de escucharlos.
“No les importa que a nosotros se nos corte la llegada del agua, que se dañe a la flora y fauna −como el hábitat de los ajolotes −, se ignora que nosotros como pueblos originarios tenemos voz, que conocemos nuestras tierras mejor que nadie, las acciones actuales siguen apuntando, como sucedía en anteriores gobiernos, a solo enriquecer al poderoso e ignorar a los demás”, detalló.
Además, denunció que como consecuencia de los trabajos del proyecto se han contaminado cultivos, desbordando ductos de agua que pueden ser un peligro para las mismas comunidades.
En todos estos años de lucha, Santana sostiene que seguirá en pie hasta que las autoridades municipales, estatales y federales logren sacar a la yerma pública de sus comunidades y sobre todo, logre la devolución y reparo de sus tierras.
Para hablar de la parte jurídica, Hugo Hernández, representante legal de las comunidades, comentó en entrevista que desde 2015 cuentan con dos amparos en los cuales se apeló a la suspensión definitiva para que no se construya sobre ningún lugar que se considere espiritual, santuario o lugar de veneración, es decir, categoría en la que están por lo menos tres cerros de Xochicuatla.
De acuerdo con Hernández, además de los amparos, ya se ha interpuesto una serie de denuncias penales por la cuestión de las explosiones de dinamita ya que la empresa carece de los permisos que en este caso tendría que haber entregado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Hernández, junto con los representantes de las comunidades, hicieron un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que en primer lugar los escuchen y posteriormente puedan comprobar las consecuencias negativas que ha generado la autopista.
Por último, las comunidades otomíes anunciaron que el próximo 9 de septiembre llevarán a cabo un recorrido por las zonas afectadas de la autopista para que puedan constatar el daño que ha causado el proyecto.