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Con su decisión de cortar con el flujo de recursos públicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha hecho una apuesta arriesgada.
Miles de OSC realizan en México tareas que correspondería hacer al Estado mexicano y que por incapacidad, corrupción o falta de recursos no lleva a cabo.
Para anunciar la suspensión del apoyo, el primer mandatario argumentó que hay casos de corrupción y que, al dar el dinero directamente a las personas, ya no serán necesarias estas organizaciones.
“Hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización civil con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos se entregarán de manera directa a los beneficiarios”
Las OSC realizan no sólo tareas relacionadas con el análisis económico, social o político. Cientos de organizaciones trabajan en temas de salud, prevención y atención de la violencia, educación, migración y otros asuntos que el Estado no atiende.
Se trata, por ejemplo, de organizaciones que dan cobijo a mujeres víctimas de violencia; que atienden a menores huérfanos; que ayudan a migrantes de retorno a México o que ofrecen servicios de salud en comunidades apartadas; entre muchas otras.
En México existen más de 32 mil organizaciones de la sociedad civil inscritas en el registro legal de OSC. Aunque parece un número considerable, la media nacional es de apenas 27 organizaciones por cada 100 mil habitantes.
Esto deja a México muy por debajo de otros países, donde la sociedad civil tiene una actividad mayor.
Por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos hay 670 organizaciones de la sociedad civil; en Chile 650; en Argentina 270 y en Brasil 170.
Las organizaciones civiles con trabajo local dependen casi siempre del dinero público que reciben; mientras que las más grandes, tienen otras entradas de financiamiento como los donativos o los ingresos que autogeneran con trabajos o proyectos.
Durante el 2017 —dato más reciente— el Gobierno federal apoyó a 10 mil 382 OSC a las que entregó un total de 4 mil 885.3 millones de pesos.
Sin embargo, no todo son recursos económicos. A muchas organizaciones se les dio apoyo en asesorías, en formación o en especie.
Ahora, con el cierre de la llave de los recursos públicos a todas las OSC, sin importar su actividad, origen o localización, muchas verán afectadas sus actividades, particularmente las más pequeñas que trabajan en comunidades apartadas del país
Esto provocará una mayor carga de trabajo sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su Administración, pues ante la falta de organizaciones que ayuden a paliar la situación de pobreza o de falta de servicios, será el Gobierno federal quien deba cubrir ese vacío.
Además, se afectará a los más de 1.2 millones de personas que trabajan en las OSC.
Cortar indiscriminadamente
La acción del presidente Andrés Manuel López Obrador de cortar el financiamiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil ya empezó a tener consecuencias.
Los primeros damnificados fueron los refugios para las mujeres víctimas de la violencia
La semana pasada se dio a conocer que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva canceló la convocatoria para que las OSC pudieran concursar para una parte de los 346 millones de pesos que se destinaron al programa de refugios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019.
Para tomar esa medida, la Secretaría de Salud emitió un comunicado en el que señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador les hizo llegar una circular en la que se indicaba que no se entregarían recursos públicos a organizaciones.
“Como es del conocimiento público, hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical o civil con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción.
“Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”, expone la Circular Uno, firmada por el presidente López Obrador.
El aviso fue enviado a los secretarios de Estado y miembros del gabinete ampliado el 14 de febrero pasado; cinco días después, en su conferencia matutina, el presidente arremetió directamente contra las organizaciones.
“La sociedad civil antes era pueblo; nada más que ahora ya se apropiaron de la sociedad civil. Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, muy pocos, de izquierda. Con todo respeto, todo lo que tiene que ver con sociedad civil tiene que ver con el conservadurismo. Hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil; es una bandera, la sociedad civil”, expuso López Obrador.
Para Laura García, directora ejecutiva de la organización Fondo Semillas, el problema de una acción como ésta es que se hizo de tajo, sin un análisis sobre lo que realmente ocurre en el ámbito de las OSC.
“Es muy preocupante que en lugar de que utilicen bisturí, den machetazos, porque es justo lo que estamos viendo. Pareciera que quieren romper con todo y cortar con todo para construir de cero la Nación que están pensando edificar.
“Lo que es sumamente preocupante es que hay esfuerzos de décadas, de personas que sí están recibiendo este machetazo, de organizaciones, de procesos articuladores (…) (el presidente) está desvalorizando el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con descalificaciones que generalizan”, consideró García en entrevista.
Uno de los esfuerzos que tendrá un impacto mayúsculo con esta medida, consideró la activista, son las casas de la Mujer Indígena, que recibían fondos del Instituto Nacional Indigenista y eran autosugestionadas en un 100 por ciento por mujeres de las comunidades indígenas.
En esas casas, explicó García, se daba atención a las mujeres en materia de salud, prevención y atención de la violencia y otras actividades, siempre en su lengua indígena.
“Hoy a esas casas ya se les ha quitado el financiamiento, y lo que es terrible es que llegue un nuevo gobierno que no se dé cuenta que si da machetazos, están también cortándole la cabeza a organizaciones que sí estaban haciendo bien las cosas. Es dar un paso atrás otra vez”, expuso la activista.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil acusan al nuevo gobierno de haberles quitado recursos sin haber realizado un análisis certero sobre el trabajo que realizan y los beneficios que el mismo genera para los grupos más vulnerables
Si bien es cierto que hay casos de corrupción, sostuvo, lo que debe hacerse es aplicar el bisturí y trabajar en el marco normativo del acceso a los recursos públicos para evitar vacíos que den lugar a las malas prácticas.
El diablo está en la regulación
En México, las OSC tienen varias fuentes de financiamiento tanto público como privado.
Cada dependencia gubernamental etiquetaba ciertos recursos para programas que eran ejecutados por organizaciones civiles.
Por ejemplo, en el caso de los refugios para mujeres víctimas de la violencia, se habían etiquetado 346.4 millones de pesos de subsidios en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, como parte de la estrategia transversal de acciones para promover “la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de discriminación de género”.
Para acceder a una parte de ese financiamiento, las OSC debían cumplir con una larga lista de requisitos; después, pasar una evaluación de la Secretaría de Salud, dependencia que otorga el recurso; y luego comprobar en qué fue usado cada peso del dinero recibido
Sin embargo, no todas las dependencias y organismos gubernamentales siguen las mismas reglas
Laura García, del Fondo Semillas, explica que el problema son los dos extremos en el otorgamiento de financiamiento público: por un lado, la falta de regulación en algunos fondos que se otorgan hasta por adjudicación directa; y por el otro, una excesiva regulación en los que son concursables.
“No hay convocatorias públicas y no están reglamentadas en todas las secretarías. Los recursos que tiene cada secretaría, de repente, un año deciden dar financiamiento a organizaciones de la sociedad civil y otro año no. Y cuando lo deciden hacer, en muchos casos, como Conaculta, Conacyt, etcétera, no lo hacen mediante convocatoria.
“Ahora, las convocatorias que sí se han hecho, como de Sedesol e Indesol, tienen unas bases completamente absurdas. O sea, las que sí están reguladas, exigen un grado de proyectitis, restricciones que atentan contra la sostenibilidad de las propias organizaciones”, expuso García.
En los casos donde hay corrupción, porque se les dan recursos a organizaciones relacionadas con algún poder político o figuras con conflictos de interés, el problema no es de la existencia de las OSC en sí, insistió la activista, sino de las fallas en su regulación.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) es uno de los organismos gubernamentales que entregan más apoyos a pequeñas organizaciones sociales; su labor fue calificada como “una simulación” por el presidente López Obrador.
El problema en el otorgamiento de financiamiento público a las OSC radica en la falta de supervisión por parte de las autoridad para garantizar que los recursos entregados sean utilizados de manera correcta y transparente
Postura dañina
Para la activista Paola Migoya, impulsora de la sociedad civil desde hace más de dos décadas, la postura del presidente López Obrador y, por ende, de todo el Gobierno federal, sólo deja ver el desconocimiento sobre la importancia de las OSC.
“Cuando sale a descalificar el trabajo de las organizaciones no queda más que pensar que es un ignorante, que no sabe cómo funcionan, que está desconociendo 30 años de lucha para llegar a una Ley de Fomento de las organizaciones. Un esfuerzo que ha sido, literalmente, arrancar pequeños derechos”.
Además la activista señala que hay un estudio en el que se dice que por cada 0.3 pesos que deja de percibir, vía impuestos, el Gobierno federal para dárselos a las organizaciones de la sociedad civil, éstas regresan 3.8 pesos a la sociedad por sus actividades.
Migoya ha formado parte no sólo de varias organizaciones civiles y ha sido impulsora de movimientos de democracia participativa como #ReformaPolíticaYA, que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña pugnaron por la creación de figuras como la consulta popular, la iniciativa ciudadana o las candidaturas independientes; también ha actuado desde el gobierno en los temas de OSC, al ser secretaria ejecutiva del Consejo Consultivo de la Ley de Fomento a las OSC, entre el 2012 y el 2015.
La activista reconoció que han habido algunas irregularidades en el manejo de recursos por parte de ciertas organizaciones de la sociedad civil, aunque han sido casos aislados que han quedado documentados y en los que hubo investigaciones exhaustivas.
Hasta el 2016 —dato más reciente— se habían iniciado sólo 25 procedimientos contra organizaciones en las que fue detectada alguna irregularidad; la falta más común es que las OSC contrataron empresas para realizar algún trabajo y alguno de sus socios era miembro de la organización.
De 32 mil organizaciones, 25 procedimientos significan que sólo el 0.07 por ciento de las OSC cometió una irregularidad, una cifra muy alejada a la generalización que dio el presidente de la República
Migoya señala que con estos datos no se sostiene la afirmación de que hay corrupción generalizada en las OSC, por lo que al quitarles los apoyos, el gobierno del presidente López Obrador atenta incluso contra luchas que han sido de la izquierda.
“Yo creo que es un desconocimiento absoluto, porque muchos de los movimientos de los últimos 30 años en México han provenido de gente de la sociedad civil. Por ejemplo, el INE de José Woldenberg viene de un reclamo ciudadano de que los votos contaran; otro ejemplo: la creación del Indesol que es una propuesta ciudadana, muy apegada a un tema de izquierda.
“La lógica de muchos de estos logros fue en contra de los abusos del PRI; entonces cuando nos dicen que somos unos fifís y corruptos, pues precisamente contra lo que hemos luchado es contra gobiernos que no quieren rendirle cuentas a sus electores”, acusó Migoya.
La activista advirtió que las consecuencias de desaparecer los fondos públicos de las OSC se verán pronto en temas como el combate a la pobreza o a la violencia, pues al dejar de combatir estos problemas en algunas zonas del país, se exacerbarán.
Citó como ejemplo la desaparición de las estancias infantiles, pues ahora las madres no podrán dejar a sus hijos al cuidado de profesionales sino que se quedarán con su familia, donde no desarrollarán capacidades de socialización y en donde se tiene registro que se da el mayor número de abusos sexuales contra menores de edad, delito que podría aumentar en los próximos años.
Ixchel Cisneros, directora de la organización El Día Después, criticó no sólo que se generalice al señalar a todas las OSC como corruptas o de derecha, sino que esto se haga en una conferencia de prensa porque polariza a la sociedad en general y fomenta un sentimiento de odio hacia las OSC.
“Al querer demeritar el trabajo que estamos haciendo las organizaciones y los especialistas en ciertos temas y metiéndonos a todos en el saco de que somos unos corruptos y que nada más lo estamos contradiciendo y que no queremos trabajar por el país, está demeritando la labor que hacen cientos de organizaciones, colectivos y movimientos desde hace muchos años, muchos más de los que él lleva en campaña”, sentenció Cisneros.
Las consecuencias de desaparecer los fondos públicos de las OSC se verán pronto en temas como el combate a la pobreza o a la violencia, pues al dejar de enfrentar estos problemas en algunas zonas del país se exacerbarán
La activista manifestó que hay pocos contrapesos al gobierno de López Obrador y las OSC se mantienen como puntos de crítica al poder, aunque no se trata de una actividad que realicen ahora, sino que la han hecho —y la harán— al gobierno en turno.
