“El INAI sí desaparece”: Sheinbaum Pardo promete preservar la transparencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó en su conferencia “mañanera del pueblo” la intención de su Gobierno de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) desaparezca.

“El INAI sí desaparece y sus funciones las absorbe la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno”, expresó la jefa del Ejecutivo federal.

El debate del dictamen de la reforma mediante la cual siete órganos autónomos serán extinguidos de la administración pública federal está considerado para hoy en la Cámara de Diputados. El órgano de la transparencia que hasta ahora tuteló los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales es uno de los más emblemáticos del conjunto. Otro es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encargado de medir la pobreza.

Tras su primer viaje al exterior como Ejecutiva federal, Claudia Sheinbaum Pardo ratificó que algunos de los órganos incluidos en la iniciativa se integrarán a otras dependencias federales. Por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía se adherirá a la Secretaría de Energía.

Abundó que la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Telecomunicaciones se fusionarán para conformar un organismo descentralizado que tendrá como función principal inhibir los monopolios. Ello, con base en los requerimientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Así peleó el INAI para no desaparecer

El 15 de marzo de 2023, el INAI empezó a estar en crisis. El Ejecutivo federal anuló los nombramientos de dos de sus comisionados con el argumento de que el proceso para la selección estuvo carente de transparencia. Además, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del instituto, concluyó su encargo.

Sin tres de los siete comisionados que por ley debe tener su pleno, el organismo cayó en un periodo de inoperancia que se prolongó por casi cinco meses. Vino la acción jurídica. Los comisionados acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que al final, les dio la razón y les permitió reanudar sesiones aun con el equipo incompleto.

Una vez reanudados sus trabajos, se inició una nueva batalla: el diseño de planes financieros y de propuestas políticas para permanecer. Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente, explicó para este medio en entrevista en septiembre pasado que estaban dispuestos a reducir a tres el número de comisionados y a un ahorro de 300 millones de pesos, lo que implicaría reducción de viajes y foros.

El 16 de octubre de este año, durante dos horas, además de Alcalá Méndez, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena, Norma Julieta del Río Venegas y Josefina Román Vergara se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Al salir, sus declaraciones confluyeron en que no se obtuvo un compromiso, pero aún había esperanzas.

Después, los comisionados dieron entrevistas en medios en las que llamaron al diálogo abierto. También emitieron comunicados. En esos canales, pidieron un debate sobre los riesgos de desaparecer a un organismo con más de veinte años de funcionamiento. Incluso señalaron los vacíos en la iniciativa; por ejemplo, no está claro cómo operará la Plataforma Nacional de Transparencia, o quién o quiénes resolverán las quejas de los ciudadanos ante negativas de información.

El 5 de noviembre, los comisionados de la transparencia se reunieron con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila. Tampoco hubo compromiso. De hecho, los discursos perdieron el tono del optimismo.

El último esfuerzo ocurrió en la Semana Nacional de la Transparencia, efectuada en Zacatecas. Los comisionados se dirigieron a los legisladores con un llamado al diálogo.