Los órganos autónomos de la Ciudad de México se han excedido en el uso de las adjudicaciones directas para la compra de insumos, lo que va en contra de lo estipulado por la ley.
La Comisión de Derechos Humanos (CDHCM), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (InfoCDMX), el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el Tribunal Superior de la Ciudad de México (TECDMX) y la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) han contratado, sin excepción, más del 60 por ciento de sus bienes y servicios sin licitaciones durante 2020 y 2021.
Lo anterior, infringe la Ley de Adquisiciones local, que estipula que los entes públicos deben privilegiar los concursos abiertos para hacer un uso eficiente de sus recursos.
“La suma de las operaciones que se realicen conforme a adjudicación directa no podrán exceder del 20 por ciento de su volumen anual de adquisiciones, arrendamiento y prestación de servicios autorizado para la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad”, señala el artículo 55 del marco legal.
Precisa que los concursos deben celebrarse con el fin de garantizar las mejores condiciones en el uso de los recursos públicos.
Preferir la adjudicación directa por encima de la licitación pública es una mala práctica gubernamental que, según organizaciones civiles, puede generar opacidad y corrupción.
Los contratos en los órganos autónomos
Información revisada por Reporte Índigo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) detalla que los cinco órganos autónomos han adquirido, en promedio, el 65 por ciento de sus bienes por adjudicación directa.
Los datos indican que, en el transcurso de 2020 y 2021, en los órganos autónomos que más contratos asignó sin realizar concursos de licitación pública está el Tribunal Electoral de la Ciudad de México con el 82 por ciento del total de sus compras.
En ese lapso de tiempo, el tribunal ha firmado 152 contratos, de los cuales, 125 se otorgaron sin concurso de por medio.
El segundo organismo que más optó por la adjudicación directa es la ASCM, que ha otorgado 112 contratos, de los cuales 91 fueron sin concurso, lo que representa el 81 por ciento.
Le sigue el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que durante el periodo referido ha firmado 379 contratos y 291, 76 por ciento, fueron sin concurso de licitación.
En tanto, el InfoCDMX signó un total de 224 contratos, de lo que 167 se pactaron mediante adjudicación directa, lo que representa el 74 por ciento.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México llevó a cabo 302 procesos de contratación entre 2020 y 2021, de los que 102, el 33 por ciento, fueron por adjudicación directa.
Mala práctica
Organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad afirman que el abuso de la adjudicación directa es una mala práctica que privilegia la opacidad, porque se viola la ley y, en el mayor de los casos, se desconocen los argumentos por el que se benefició a las empresas.
Además, señala en la publicación “Siete áreas de riesgo de los contratos del Gobierno en el primer semestre de 2022” que es una práctica que se ha instaurado en el servicio público y que, solo en los primeros seis meses del año en curso, 78 de cada 100 contratos fueron otorgados mediante adjudicación directa.
“En 111 dependencias y entidades han asignado más del 50 por ciento de sus contratos mediante procedimientos de adjudicación en 2022. Diconsa ha gastado casi el doble de lo que tiene planeado –de todo su presupuesto para 2022– solo a través de procedimientos de excepción y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha gastado una cuarta parte de lo que se ha gastado en todo el ejercicio presupuestal en contratos sin concurso”, detalla.
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