Los órganos constitucionales autónomos nacieron para limitar el poder presidencial, sin embargo, desde la llegada de la nueva administración federal, se ha hablado de su posible eliminación, se les ha reducido el presupuesto y se han alargado los procesos de nombramientos, generando dificultades para que puedan operar como lo marca la ley.
Los órganos autónomos fueron creados para garantizar derechos a la ciudadanía, arrancándole al Poder Ejecutivo potestades en beneficio de la población
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), uno de los más golpeados y criticados por el Gobierno federal, es un claro ejemplo de esta realidad, pues actualmente le faltan dos comisionados y en abril del año que entra faltará otro.
De no ser nombrados, el instituto encargado de la transparencia en México, ya no podría sesionar, ya que la ley exige cinco comisionados para que haya quórum de un total de siete, una situación que no solo dañaría gravemente la democracia del país, sino que incluso pondría en riesgo los derechos de la ciudadanía, advierte el propio INAI.
Actualmente, los nombramientos están pendientes en el Senado de la República y su resolución no se ve sencilla debido al ambiente de encono que se ha vivido entre los distintos grupos parlamentarios, especialmente a partir del inicio del periodo ordinario.
A esto se suma el complejo proceso para determinar quiénes serán los futuros comisionados, lo cual puede tardar meses, lo que significa que es un tema que ya debería estar sobre la mesa, sin embargo, esto no es así.
En la página de la Cámara de Senadores se explica que para poder elegir a los futuros comisionados del INAI, el primer paso es que La Junta de Coordinación Política (JCP), a propuesta de los grupos parlamentarios, emita una convocatoria pública con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional para que la sociedad presente postulaciones de aspirantes.
Las personas que hayan cubierto los requisitos son llamados por las Comisiones competentes a audiencias públicas para su evaluación. El resultado es remitido a la JCP, quien propone al Pleno, mediante Acuerdo, a los candidatos.
Después, el Pleno del Senado, elegirá al comisionado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Una vez concluida la votación, el nombramiento es remitido al presidente de la República, quien podrá objetarlo en un plazo de 10 días, de no hacerlo, el nombramiento surtirá sus efectos legales a partir del día en que fue designado.
En caso de objeción, el Senado repetirá el procedimiento, hasta en dos ocasiones, y nombrará a otra persona para ocupar el cargo con el voto de tres quintas partes de los miembros presentes.
Preservar los valores democráticos con los órganos autónomos
Ante la posible interrupción de sus funciones en caso de que el Senado y el presiente no lleven a cabo los nombramientos de sus comisionados, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pide a la ciudadanía no olvidar que los organismos autónomos son resultado del proceso de construcción de la democracia en México.
“Las funciones que hoy cumplen brindan certidumbre en diversos ámbitos como la política monetaria, los procesos electorales, las estadísticas y la garantía del derecho de acceso a la información que se consolidó con las leyes de transparencia, que en 2022 cumplen 20 años de existencia.
“La transparencia hace que el Estado se sincere y genera las condiciones para establecer un diálogo entre las autoridades y la sociedad”
Acuña Llamas señaló que el Estado se debe reinventar para preservar los valores democráticos que lo sustentan.
“¿Cómo se reinventa el Estado? Generando conciencia crítica. Estableciendo nuevamente con la sociedad y con la gente una discusión sobre lo que está pasando, no con nadie en concreto, sino con todos los colores”, planteó el comisionado del INAI.
Recordó que los organismos autónomos fueron creados para garantizar derechos a la ciudadanía, arrancándole al Poder Ejecutivo potestades, en beneficio de la población, como el de acceso a la información y la protección de datos personales, que tutela el Instituto.
“El Estado no puede ser de papel ni de hierro de espada o de macana; el Estado debe tener pedazos de madera, para darle calor a la vida social y pedazos de cristal para revelar sus intenciones”, concluyó Acuña Llamas.
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