La creación y dirección de un órgano enfocado en definir políticas públicas acerca de la calidad del aire está en disputa. El Congreso de Nuevo León tiene dos propuestas que difieren una de otra en la manera de elegir al titular y hasta en el nombre.
Por un lado, 35 organizaciones de la sociedad civil y, por otro, el gobernador Jaime Rodríguez y el secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, buscan poner las reglas para designar quién presidirá el órgano a través de iniciativas de reforma a la Ley Ambiental del Estado y a la Constitución local.
Las organizaciones buscan que sea un Consejo Consultivo, integrado por la iniciativa privada y las universidades el que elija al titular del Organismo Autónomo de Calidad del Aire del Estado de Nuevo León
Mientras que la dependencia a cargo de Vital propone que al titular de la Agencia Estatal para la Calidad del Aire en Nuevo León lo nombre el Gobierno del Estado.
En el artículo 12 de la iniciativa, en el apartado Sección Primera, las organizaciones ponen sobre la mesa la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano, que será integrado por un representante de la Cámara Nacional de Comercio de Monterrey (Canaco) y otro de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra). Asimismo habrá un representante de universidades privadas, tales como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), de la Universidad de Monterrey y tres de organizaciones civiles, entre otros.
Estos integrantes tendrán la facultad de designar al presidente del organismo autónomo, establecido en el artículo tercero de la Constitución local llamado Comisión Estatal de Calidad del Aire del Estado. Será el encargado ejecutar las políticas generales en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.
“E imponer las sanciones por incumplimiento a la presente ley y demás disposiciones aplicables, en materia de cuidado del aire, en el territorio del estado, generadas por fuentes fijas o móviles de jurisdicción estatal, a fin de que sean incluidas en la política ambiental”, señala el artículo 8 bis párrafo XI del dictamen fechado el 8 de octubre.
La iniciativa agrega que el titular de la Comisión se sujetará al acuerdo previo del Consejo Consultivo, en el que se especificarán los términos en que deberá formalizarse su nombramiento.
“Con el objeto de ejecutar las políticas públicas de carácter estatal destinadas al cuidado y protección de la calidad del aire”, dice el artículo 21 de esta iniciativa.
El director de la agencia de Vital será designado por el gobernador, quien podrá considerar propuestas a través de un Consejo Consultivo Ciudadano
La propuesta de Vital para la calidad del aire
La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, promueve una reforma a la Ley Ambiental del Estado, que crea el organismo descentralizado denominado Agencia Estatal de la Calidad del Aire.
El documento con fecha del 10 de junio de 2020 establece que el director de este organismo será designado por el titular de Gobierno del estado, quien podrá considerar las propuestas a través de un Consejo Consultivo Ciudadano.
“El director general será designado por el titular del Poder Ejecutivo, tal efecto, considerará las propuestas que reciba del Consejo Consultivo Ciudadano”, refiere el artículo 13 de la iniciativa.
El documento también establece que el Consejo Consultivo Ciudadano emitirá una convocatoria pública que deberá publicarse en el Periódico Oficial del estado.
“El Consejo Consultivo Ciudadano, a través de los representantes que forman parte del mismo, evaluará la idoneidad profesional y experiencia técnica de los candidatos, previo examen de oposición elaborado por estas instituciones”, señala el artículo 14 de la iniciativa.
Una vez realizado el examen de oposición, se elegirán a los tres mejores evaluados, quienes serán propuestos al titular del Poder Ejecutivo, para, de entre ellos, designar al director general de la Agencia. El documento propone que se instale una Comisión Técnica, cuyo presidente será elegido también por el gobernador y tendrá la autorización de los recursos económicos necesarios, pudiendo gestionar recursos federales, municipales o de otras instituciones públicas o privadas, según el artículo 18 y 10.
El presidente del Comité Ecológico Pro Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga, critica que en esta propuesta los nombramientos estén en manos del gobierno, mientras que en la otra, la de las organizaciones civiles, la iniciativa privada sea juez y parte.
Los coyotes están manejando el gallinero y quieren ser juez y parte, son flagelos de la Caintra, ¿cómo quieren acabar con la contaminación? El organismo como está planteado es un robo, la Iniciativa Privada no puede ser juez y parte y se les olvida poner los objetivos con hechos científicos
