Distintas organizaciones civiles de Jalisco, encabezadas por el Parlamento de Colonias, se han pronunciado en contra de la intención del Gobierno del Estado por vender el inmueble conocido como Villa Panamericana, al advertir que existen suspensiones judiciales que impiden la comercialización de sus departamentos.
La Villa Panamericana es el complejo inmobiliario que se edificó para albergar a los atletas de los Juegos Panamericanos 2011, pero que ha estado rodeado de polémica por varias razones, entre estas:
Porque se desarrolló violando los usos de suelo del plan parcial de desarrollo; porque se colocó en la zona de amortiguamiento del área natural protegida del Bosque La Primavera; porque la zona donde se ubica llamada El Bajío es reconocida como un punto de recarga de mantos freáticos; y porque fue financiada con recursos públicos (740 millones de pesos estatales) y de pensionados (500 millones de pesos del Instituto de Pensiones local).
Recientemente el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, confirmó la determinación por vender la Villa Panamericana a una empresa de nombre Green Life Capital, con lo que se buscaría recuperar la inversión del Estado y de Pensiones hecha en el inmueble, no obstante que este sería utilizado con fines habitacionales.
Ante ello, las organizaciones Parlamento de Colonias, Conciencia Cívica Jalisciense, Fundación Cuenca Lerma Chapala, la Federación de Sindicatos del Estado y vecinos de Rancho Contento, advirtieron que si las autoridades proceden con ese acto de venta estarían violando las suspensiones emitidas en los juicios de nulidad 82/2011 y 381/2013:
“Como se aprecia de dichas medidas cautelares, las mismas se concedieron para el efecto de que no se comercializaran los departamentos que conforman el complejo inmobiliario conocido como Villas Panamericanas o Villas Bosque”, señalan en un comunicado, y agregan:
“Al firmar las autoridades el convenio de compra venta de los departamentos de las Villas Panamericanas estarán incurriendo en violación a la suspensión, lo cual es incluso sancionado de manera penal, esto es, se actualiza el delito de abuso de autoridad, por no dar cumplimiento a una suspensión que fue debidamente notificada por las Salas del Tribunal de Justicia y que desde el momento en que fueron concedidas y notificadas implicaba su inmediato acatamiento”.
Las organizaciones aseguraron que ya notificaron al Tribunal de Justicia Administrativa de la intención del Gobierno estatal de proceder con la venta del inmueble, para que se tomen las medidas correspondientes.
Y concluyeron: “hacemos un llamado a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto; a levantar la voz en contra de las autoridades corruptas y especuladores inmobiliarios que solo quieren hacer negocios con los bienes públicos y los servicios ambientales, para que paren de dañar el medio ambiente, las cuencas de recarga hidrológica como El Bajío o al Bosque de La Primavera, que es el mayor proveedor de agua y aire al Área Metropolitana de Guadalajara”.
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