Organizaciones como la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA), el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), se han sumado a la lista de sectores que se manifestaron en contra de la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco.
Los especialistas advierten que existen razones suficientes para considerar graves riesgos a la salud de los pobladores del municipio de Paraíso, esto a la par del impacto ecológico que el megaproyecto –emblemático para el gobierno de la Cuarta Transformación (4T)– está acarreando consigo.
Codehutab señaló que en 2011, médicos especialistas realizaron un estudio en la zona y encontraron afectaciones cromosómicas en la sangre de los pobladores, sobre todo en los sectores menores de 15 años. Padecimiento que a la larga podría causarles cáncer producto del fenómeno de lluvia ácida.
La AMIA coincidió en que el mayor impacto ambiental que afectará a la región tabasqueña de Dos Bocas será la lluvia ácida que se genere por los procesos de refinación de petróleo, además de añadir que los permisos para la puesta en marcha de la obra no consideraron los efectos de la excavación de 800 mil metros cúbicos, de la cual se extraerá material de dragado.
En vista de esto, la Academia consideró que el principal riesgo será la propia refinería y su capacidad de operación frente a eventos meteorológicos como huracanes, que podrían derivar en inundaciones de la infraestructura petrolera.
Por su parte y desde el pasado 16 de noviembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental presentó una demanda ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) contra Pemex, empresas a su cargo y quien resulte responsable del desmantelamiento de alrededor de 300 hectáreas de árboles para el proyecto energético de Dos Bocas.
“La vegetación en esa región es de selva media perennifolia, de 15 a 30 metros de altura, además de existir manglares en las zonas bajas e inundables. Resulta por lo menos sospechoso que las autoridades estatales y municipales no hayan hecho nada respecto del desmonte ya realizado, por lo que deben ser investigadas, y deslindar en su caso la responsabilidad por la omisión”, expuso el Cemeda a través de un comunicado.
La organización añadió que los impactos ambientales descritos por el desmonte de vegetación, desde una perspectiva ambiental, significa seguir dependiendo de los combustibles fósiles, lo cual implica continuar emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera y, en consecuencia, seguir contribuyendo al calentamiento del planeta.
Algo que en consideración de los especialistas ambientales es una clara contradicción a los compromisos internacionales adquiridos por la nación de realizar una transición más rápida y eficiente hacia las energías renovables, buscando reducir las emisiones en un 30 por ciento para el año 2020 y en 50 por ciento para el 2050.
