La administración pública estatal se divide en dos: centralizada y paraestatal, la primera son las dependencias, la segunda, los fideicomisos y empresas de participación estatal
Aunque la mayoría de las observaciones corresponden a la anterior gestión estatal, la Contraloría no ha evitado señalamientos sobre ejercicios que ya incumben a esta administración
En los fideicomisos, empresas y Organismos Públicos Descentralizados (OPD) del Gobierno de Jalisco, se han estado produciendo severos daños patrimoniales y desviaciones por miles de millones de pesos, según consta en los archivos de la Contraloría estatal.
En general conocidos como entidades paraestatales, las auditorías que se han desarrollado sobre éstas en 2013 y 2014, por la Contraloría presidida por Juan José Bañuelos Guardado, han tenido como resultado la documentación de un gasto irregular que asciende a los 4 mil 564 millones 948 mil 469 pesos.
Este gran monto clasificado como “Riesgo de Daño, Daño Patrimonial y Desviación de Recursos”, por la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales, persiste prácticamente en su totalidad sin poder ser aclarado; apenas se han solventado 65 mil 622 pesos, es decir, el .001 por ciento.
Aunque la mayoría de las observaciones se originan en periodos que corresponden a la anterior gestión estatal, es llamativo que la Contraloría no ha evitado la emisión de estos mismos señalamientos sobre ejercicios que ya incumben al gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
De esta manera, por ejemplo, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), el organismo con más irregularidades, por mil 718 millones 151 mil 190 pesos, se auditó de noviembre de 2010 hasta junio de 2013.
Es decir, desde que tuvo al frente a Francisco Padilla Mancilla, Diego Monraz Villaseñor había dejado el Siteur pocos meses antes, el 5 de marzo del 2010, para encabezar la Secretaría de Vialidad, hasta ahora con Rodolfo Guadalajara Gutiérrez.
Guadalajara Gutiérrez en Siteur es el responsable de la reserva de toda la información relativa a la Línea 3 del Tren Ligero por tres años, en total 72 documentos que permanecerán fuera del acceso de la sociedad hasta marzo del 2017.
El segundo peor organismo es la Inmobiliaria y Promotora de la Vivienda de Interés Público del Estado (Iprovipe), que no pudo solventar la aplicación de mil 110 millones 254 mil 838 pesos, de enero de 2010 a marzo de 2013, aún bajo el gobierno de Emilio González Márquez.
Tiene el antecedente importante de la transferencia de 690 millones de pesos para la construcción de la Villa Panamericana en El Bajío, pero sin restituir los recursos por el impasse en que aún se mantiene el aprovechamiento del inmueble.
En tercer lugar está el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), también de enero deL 2007 a marzo deL 2013, ahí la Contraloría detectó daños y desvíos por 926 millones 687 mil 345 pesos.
Este ente realizó una inversión en el proyecto turístico de Chalacatepec por 89 millones de dólares (poco más de mil 200 millones de pesos), una iniciativa con el respaldo del gobierno actual y de la Federación, que se sumó con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin); y otra de 340 millones en la Villa.
Los siguientes tres entes fuera del foco de atención de la opinión pública y los medios de comunicación han merecido observaciones muy serias.
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, auditado de noviembre del 2011 a agosto del 2013, tiene 219 millones 172 mil 616 pesos sin aclarar.
Seguido por el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, revisado de 2011 a mayo de 2013, con otros 177 millones 796 mil 628 pesos, y la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana, auditada de enero de 2011 a agosto de 2013, con 101 millones 102 mil 890 pesos.
Otras instancias educativas con estos desvíos so el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco, con 38 millones 31 mil 975 pesos, de julio de 2011 a febrero de 2013, y el Instituto de Formación para el Trabajo en el Estado de Jalisco (7 millones 742 mil 725).
Los institutos Tecnológicos Superiores de Cocula (16 millones 358 mil 661 pesos), de Zapotlanejo (479 mil 541) y de Tala (468 mil 665 pesos), y la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana (184 mil 499 pesos).
Entes cuestionados
La administración pública estatal se divide en dos: centralizada y paraestatal, la primera son las dependencias, la segunda, estos entes de los que aquí se habla: los OPD’s, fideicomisos y empresas de participación estatal.
Los daños patrimoniales y recursos desviados hallados por la Contraloría, como consta en sus archivos, están presentes en una gran cantidad de estos entes y en diversas materias de la gestión pública.
La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Jalisco, connotada por sus labores de auxilio a la población, y en manos del mayor José Trinidad López Rivas, ratificado en su cargo por esta administración, no refleja su prestigio en los desaseados manejos financieros de la institución.
En la UEPC hay gastos irregulares por 44 millones 667 mil 944 pesos, en el periodo auditado de julio de 2011 a septiembre de 2013.
La Comisión Estatal del Agua (CEA), bajo la gestión del panista César Coll Carabias, y ahora de Felipe Tito Lugo Arias, tiene en su haber fondos no aclarados por 34 millones 96 mil 343 pesos, de enero de 2011 a julio de 2013.
El paso por la CEA de José Luis Hernández Amaya fue muy breve, inició la administración, pero salió el 18 de abril de 2013, tras sus declaraciones que contradecían la postura del gobernador sobre la presa El Zapotillo, reivindicando la cortina de 105 metros de altura.
Por su parte, el muy cuestionado y extinto Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece), tiene cuentas pendientes por 3 millones 57 mil 654 pesos.
Menores a las del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecytjal), que administra en Jalisco el controvertido subsidio del Programa para el Desarrollo de la Industria del
Software (Prosoft); a ese ente se atribuyen estos daños patrimoniales por 6 millones 810 mil 733 pesos, de agosto de 2012 a diciembre de 2013.
Las materias de movilidad y de enfoque social tampoco se salvan.
En las empresas paraestatales del transporte público hay malos manejos por 59 millones 743 mil 589 pesos. En Servicios y Transportes (SyT) se hallaron así 38 millones 30 mil 88 pesos, y en el Sistema de Transporte Colectivo de la Zona Metropolitana (Sistecozome), 21 millones 713 mil 501 pesos.
SyT fue auditada de enero de 2011 a mayo de 2013; Sistecozome de agosto de 2012 a febrero de 2013.
Los mismos problemas los presenta el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), con 17 millones 390 mil 877 pesos en esa condición irregular, de septiembre de 2010 a junio de 2013; tiene al frente a Gabriel González Delgadillo.
La Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso), responsable de la comercialización de los productos que elaboran los internos de los reclusorios para ayudarles a la manutención de sus familias, no ha clarificado el uso de 3 millones 908 mil 310 pesos de abril de 2012 a mayo de 2013.
Y el Instituto de la Artesanía Jalisciense, que trabaja para el desarrollo de los artesanos, tiene sin esclarecer un millón 64 mil 465 pesos.
Bajo lupa
> 40,337,712.45
Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana
> 2,807,328.84
Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal Jalisco (Fiprodefo)
> 1,018,849.04
Fideicomiso de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco
> 51,994
Fideicomiso Caracol
> 26,053,431.55
Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología
> 1,425,997.68
Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado
> 64,686.91
Fideicomiso de Pensiones de Jubilados de los Servidores Públicos de Base del Hospital Civil
> 20,460.16
Fideicomiso Fondo de Garantía Agropecuaria del Estado de Jalisco (Fifojal)