Ordenan proteger a exmando controvertido

El polémico exdirector de la Policía Regia, Miguel Mascorro Adame, obtuvo un amparo que obliga a la administración de la alcaldesa Margarita Arellanes a proporcionarle escoltas y vehículos blindados para su seguridad personal.

La suspensión judicial a favor del exjefe policiaco –que puede ser recurrible por el Municipio de Monterrey- fue concedida el pasado 8 de mayo por el juez Iván Millán Escalera, titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado.

El acto que reclamó Mascorro Adame fue la orden dada por el nuevo secretario de la Policía Municipal de Monterrey, el Contralmirante Augusto Cruz Morales, para retirar la escolta personal que gozaba él y su familia durante el tiempo que se desempeñó como director operativo de la Policía Regia.

Mascorro Adame fue dado de baja de la corporación el 31 de octubre de 2012, una vez que la alcaldesa Margarita Arellanes asumió el cargo  y designó a oficiales de la Marina como responsables de la seguridad en este municipio.

Como director de la Policía Regia, Mascorro Adame tenía derecho a que el Ayuntamiento le proporcionara, a él y a su familia, el servicio de escoltas, vehículos blindados, armas y gasolina durante los próximos tres años como establece la Ley de Seguridad del Estado.

Sin embargo, el anterior Cabildo regio sólo aprobó mantener el servicio de seguridad personal al exalcalde sustituto Jaime Bazaldúa y al exsecretario de Seguridad Municipal, el general José Pablo Leonel Vargas Martínez.

Fue entonces que Mascorro Adame solicitó la protección de la justicia federal en el mes de diciembre y el juez le concedió la suspensión definitiva el 11 de abril, resolución que fue recurrida por el Municipio de Monterrey.

El 30 de abril un tribunal colegiado ratificó la decisión del juez y finalmente el 8 de mayo pasado se otorgó el amparo para que al exjefe policiaco y su familia continúen obteniendo el servicio de seguridad personal durante los próximos tres años.

La resolución establece que se debe celebrar una audiencia para que Mascorro Adame pruebe la necesidad y los riesgos que podría tener en la actualidad, por el desempeño de sus funciones como jefe policiaco.

El asunto recaerá ahora en el Cabildo de Monterrey, que será el órgano que analizará la resolución judicial y decidirá cuántos escoltas, vehículos y armas se le suministrará al exfuncionario regio que ahora trabaja como director de Alcoholes del Municipio de Santa Catarina.

Como jefe policiaco, Mascorro Adame contaba con nueve escoltas asignados para su protección y su familia, además de por lo menos cuatro vehículos blindados para su seguridad y la de  su familiares.

La protección a los exfuncionarios que ocupan cargos policiacos o relacionados con el área de combate al crimen, está establecida en la Ley de Seguridad del Estado en los artículos 54, 56 y 57, y en el Reglamento Municipal de la Policía Regia.

“Las autoridades de Seguridad Pública de los Municipios dictarán las medidas y providencias para brindar los elementos necesarios para la protección de los secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores o titulares de la Policía Municipal.

“Y de aquellos funcionarios que ejerzan funciones operativas o de quienes en razón de su empleo, cargo u omisión, estén expuestos a sufrir algún daño, amenaza o peligro”, señala la legislación estatal.

Sin embargo, el área jurídica de la Secretaría de Seguridad Municipal de Monterrey consideró que Mascorro Adame no tenía derecho a esta prerrogativa de protección, porque se desempeñaba como titular del área operativa de la Policía Regia.

Pero fuentes del Ayuntamiento aseguran que en el cese de Mascorro Adame como director operativo de la corporación, también tuvo que ver la pérdida de confianza a este controvertido jefe policiaco.

Mascorro Adame se desempeñó como director de la Policía Regia durante la gestión del exalcalde Fernando Larrazabal, sin embargo trabaja en la corporación como comandante desde los tiempos del exalcalde Felipe Cantú.

El exmando policiaco fue detenido en el 2011 por elementos del Ejército para que declarara sobre la colusión de efectivos de la Policía Regia en el ataque en contra del Casino Royale, donde murieron 52 personas el 25 de agosto de ese año.

La omisión en que incurrieron  los elementos municipales aquella ocasión fue captada por cámaras de seguridad.

Mascorro Adame fue liberado sin que la Procuraduría de Justicia le levantara cargos y ahora obligará al Municipio de Monterrey a que le suministre una vez más la protección con cargo al erario.