Ordenan la retirada

Tras el reconocimiento tácito que hiciera el gobernador sustituto de Michoacán, Salvador Jara, a la existencia de los grupos de autodefensa en la zona sur del estado, las Fuerzas Federales enviadas para el desarme de civiles comenzaron a replegarse.

A causa del distanciamiento evidente entre el enlace de alto mando para la seguridad de Michoacán, General Felipe Gurrola Ramírez, y el enlace civil de la Secretaría de Gobernación,  Rogelio Caballeros Meraz, el estado ha entrado en un “impasse” del Plan Michoacán.

Hasta antes del 22 de enero pasado, las acciones conjuntas  -civiles y militares- de la Federación para el restablecimiento de la paz y el desarrollo del estado estaban ejecutadas por una sola persona: el comisionado Alfredo Castillo.

A su salida, el Gobierno Federal optó por la designación de dos enlaces de alto nivel.  

Pero es la falta de coordinación entre los mandos federales lo que ha hecho que el proceso de pacificación se encuentre estancando. 

Jara propició el repliegue de las Fuerzas Federales al reconocer la posibilidad de una alianza con los grupos de autodefensa.

La muestra más clara del repliegue de los Militares fue la liberación del líder de las autodefensas en la comunidad de Antúnez, en Turicato, Federico Villegas García.

El Comandante Lico fue liberado 24 horas después de su detención, que había sido lograda en un operativo militar dictado desde Morelia.

Hasta antes de la captura del Comandante Lico, la Federación había fijado –de acuerdo a fuentes de la Secretaría de Gobernación- al menos a 10 jefes de autodefensas como objetivos militares para su detención. 

La captura de esos jefes de los civiles alzados contra el crimen organizado se tendría que cumplimentar antes del 24 de febrero.

Fuentes del gobierno estatal de Michoacán habían confirmado la intención de la Federación para detener a los jefes de los 10 grupos de autodefensa -que siguen activos-,  antes de la fecha del segundo aniversario de la resistencia que fundó José Manuel Mireles.

Auguran celebración

La decisión federal para desarticular la dirigencia de los grupos de autodefensa de Michoacán tiene que ver con un informe del Cisen que indica la posibilidad de celebrar el segundo aniversario del movimiento civil armado con una manifestación pública en la capital del país, la que podría estar respaldada por diversos grupos de políticos de las izquierdas mexicanas.

Casi dos años en Michoacán

El 21 de marzo próximo, Rogelio Caballero Meraz cumplirá 2 años de haber llegado a Michoacán en calidad de delegado de la Secretaría de Gobernación. Fue uno de los artífices de la renuncia del gobernador Fausto Vallejo Figueroa y del encarcelamiento del secretario de Gobierno Jesús Reyna García, con el que no obstante posó en diversas ocasiones para la foto.

A Caballeros Meraz también se le atribuye el manejo de la información con el que la Federación decidió ejercer acción penal en contra de los alcaldes de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza;  de Lázaro Cárdenas, Arquímedes Oseguera Solorio; de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, y de las alcaldesas de Pátzcuaro y Huetamo, Salma Karrúm Cervantes y Dalia Santana Pineda, respectivamente.

Siguen armados

Versiones emitidas por los propios civiles armados en la zona de Tepalcatepec, Aquila y Lázaro Cárdenas, confirman lo que no se ha dicho oficialmente: por lo menos unos 5 mil hombres armados se siguen movilizando en contra de los grupos del crimen organizado que siguen activos.

De acuerdo a algunas autodefensas, la guerra que se mantiene en el sur del estado de Michoacán es solamente entre las células de Los Caballeros Templarios y los civiles armados que defienden sus familias y propiedades. 

Las Fuerzas Federales se mantienen resguardando la seguridad pública de algunas poblaciones.

En lo que va del año, según el recuento de algunos miembros de las autodefensas, tanto la policía estatal denominada Fuerza Rural como los grupos de autodefensa que se mantienen activos, se han enfrentado en al menos 18 veces con células criminales.

Los enfrentamientos más violentos se han presentado en las zonas rurales de Apatzingán, Tumbiscatío, Arteaga, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Chinicuila, Aguililla, Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán, en donde el saldo de los que pelean contra el cartel michoacano ya llega a 7 comunitarios y 5 policías caídos.

Los grupos criminales -que presuntamente son células que quedaron sin mando y que luchan por preservarse en el trasiego de las drogas, la extorsión y el secuestro- han sufrido al menos 23 bajas en lo que va de este año, la mayoría a manos de los civiles armados que no se han integrado a las policías formales.

Divorcio en las cumbres

Ante el panorama de violencia que continúa en el sur del estado, en donde en materia de seguridad publica al menos 18 poblaciones siguen bajo el control de los grupos de autodefensa, la Federación no ha podido encausar las acciones diseñadas desde el año pasado dentro del Plan Michoacán.

Y es que el enlace civil para ejecutar acciones y programas de desarrollo en el estado, Rogelio Caballero Meraz, no ha coordinado su labor a la del General Felipe Gurrola Ramírez. 

Se ha enfocado a gestionar al más alto nivel federal se le nombre Comisionado, con todas las prerrogativas con las que estuvo trabajando Alfredo Castillo.

Por parte del enlace civil no se ha dado siquiera un intento de acercamiento con los grupos de resistencia al crimen organizado. 

El trabajo propuesto por el nuevo encargado de los programas nacionales en la entidad se vislumbra a través de las delegaciones de las secretarias del gobierno federal en Michoacán.

Objetivos distintos

1. El gobierno estatal de Salvador Jara pretende tomar un curso independiente para el restablecimiento de la paz y el desarrollo en la entidad.

2. Las Fuerzas Federales desplegadas en Michoacán mantienen como prioridad la desarticulación de las células que persisten del cártel de Los Caballeros Templarios y el restablecimiento de la paz en la entidad.

3. Para Rogelio Caballeros la prioridad es la ejecución de obras públicas que realiza la Federación en Michoacán.